Para construir una justicia con perspectiva de género es fundamental comenzar por la cúspide del Poder Judicial, es decir, por la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Y la paridad de género en ese tribunal es un uno de los elementos – no el único – para poder avanzar con esa mirada.
El Senado de la Nación dio media sanción la semana pasada a una reforma de la Corte Suprema de Justicia. El proyecto tiene varios puntos que intentan democratizar el máximo tribunal del país; entre ellos el que propone paridad de género para sus integrantes. Sobre 15 integrantes del nuevo tribunal, 7 u 8 serían mujeres.
El Poder Judicial argentino ostenta hoy el vergonzoso privilegio de ocupar el último lugar en la tabla de paridad de género en el máximo tribunal del país. Es el único de la región que no tiene una sola mujer en su Corte Suprema. El último informe elaborado por el Observatorio de Igualdad de Género de la Cepal, organismo que depende de Naciones Unidas, indica que el promedio en Latinoamérica es de un 30% de mujeres en los máximos tribunales de justicia.
En Panamá, por ejemplo, representan el 55,6% de sus integrantes; en Uruguay, el 40%; en México, el 27%; y en Colombia, el 21,7%. Argentina está el fondo de la tabla con 0%. No hay una sola mujer en la Corte. Se ubica detrás de Bolivia y que Paraguay que tienen el 11,1%.
El expresidente Mauricio Macri afirmó esta semana que nadie va a invertir en un país que tenga una Corte Suprema con más integrantes que un equipo de fútbol. Lo dijo por los 15 miembros que tendría el tribunal si el proyecto aprobado por el Senado se transformara en ley. En primer lugar, es extraño que Macri, habiendo sido presidente de Boca Juniors, no sepa que los equipos de fútbol no tienen sólo los 11 jugadores que salen a la cancha sino varios más.
Además, también parece desconocer que, en Francia, la Corte tiene 120 integrantes; en España, 79 y en Colombia, 23, por mencionar sólo algunos casos. El expresidente parece preferir una Corte de cinco miembros, hoy reducida a cuatro, en la que solo hay varones, dos de cuales él intentó imponer por decreto violando por completo el procedimiento constitucional.
Todos los estudios de opinión sobre la valoración social de los poderes del Estado, los partidos, las organizaciones sindicales, religiosas y sociales señalan al Judicial como la institución peor vista por la sociedad. Una investigación reciente de la Universidad de San Andrés resalta que nueve de cada diez personas, no cree en la administración de justicia. Son vistos como un sector de privilegios, falta de transparencia, parcialidad, corrupción, de difícil acceso. Si sumamos a eso el lawfare como práctica de persecución judicial de oponentes políticos, estamos incluso frente algo más grave: la fragilización y amenaza a la democracia.
Este miércoles 28 se realizarán asambleas feministas en las plazas de tribunales de los principales juzgados del país, convocadas desde una amplia articulación intersindical de trabajadoras, que es acompañada por un gran número de organizaciones sociales y políticas. El eje de los reclamos está puesto en la necesidad de modificación de la Corte Suprema, además de una reforma judicial democratizadora y con perspectiva feminista.
La iniciativa da cuenta de una demanda que el movimiento feminista hizo suya hace muchos años. La reforma de la Corte Suprema de Justicia y el proceso democratizador del Poder Judicial es ahora y es urgente.
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