El voto negativo del Senado que dejó trunco el proyecto de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) puso en el foco de la opinión pública la relación privilegiada de la que goza la Iglesia Católica con el Estado. Es que, las y los millones que se movilizaron a favor del derecho al aborto legal, tomaron nota de la intensa campaña de lobby que esa institución realizó sobre los legisladores para forzar esa votación.
Por ese motivo, a diferencia del 13 de junio, ya el mismo 8 de agosto en el espacio callejero destinado a que se manifieste el sector favorable a la obtención de ese derecho, los pañuelos verdes fueron crecientemente acompañados por otro pañuelo de color naranja que expresa y simboliza el reclamo de la separación de la Iglesia y el Estado.
Como parte de ese sentimiento extendido en la población en general pero también en gran parte de los creyentes, el sábado último, la Coalición Argentina por un Estado Laico (CAEL) impulsó la segunda jornada de apostasía colectiva para que, aquellos ciudadanos bautizados manifestaran formalmente su voluntad de poner fin a su relación institucional con la Iglesia bloqueando los fondos que en su nombre el Estado destina a la institución. La iniciativa, por su masividad, sorprendió a propios y extraños. Según la organización, la iglesia católica percibe $20 mil millones anuales de parte del Estado en función del número de fieles (bautizados) que exhibe.
Ya el 13 de marzo de este año, el jefe de gabinete nacional, Marcos Peña tuvo que reconocer ante el Congreso Nacional que el presupuesto de 2018 destina más de $130 millones para financiar los salarios de los obispos de la iglesia católica que, según su rango, perciben mensualmente entre $40 mil y $46.800. Ese requerimiento provino del bloque Evolución encabezado por el legislador aliado del gobierno nacional, Martín Lousteau quien votaría a favor de la IVE y que, a su vez, es pareja de la actriz Carla Peterson. Se trata de una de las principales animadoras del colectivo de actrices argentinas que militaron favorablemente por el proyecto de IVE y, ahora, se han sumado en gran número a la campaña por la separación de la Iglesia del Estado.
Por caso, otras destacadas referentes de ese agrupamiento como Julieta Ortega y Dolores Fonzi, difundieron un video en el que se publicitan los ejes y fundamentos del proyecto de ley que presentó uno de los legisladores porteños del Frente de Izquierda y el Partido Obrero, Gabriel Solano, y que postula poner fin a las exenciones impositivas y subsidios directos de los que gozan las entidades religiosas en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Además dispone poner fin a las cesiones gratuitas de inmuebles y terrenos en su favor. Si bien el propio proyecto exige que sea el Estado el que, a través de la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos (AGIP), haga público en un plazo de hasta 90 días los alcances de esos beneficios, en sus fundamentos y anexos aporta información que da la pauta de los subsidios de los que goza la institución.
El legislador Solano destaca un artículo del presupuesto porteño vigente que ratifica la ordenanza N°34.296 firmada el 4 de julio de 1978 por el emblemático intendente Osvaldo Cacciatore que dispuso el pago de los servicios eléctricos de la Catedral Metropolitana con dinero público y que, desde entonces, se mantiene incólume.
Además explica que, a partir de las excepciones contempladas en el código fiscal porteño, el Arzobispado local cuenta con 360 propiedades exentas del pago de ABL. La misma sede de la entidad debería pagar $98.000 mensuales pero goza de ese beneficio desde el año 1988 con fecha de caducidad fechada en el curioso año 9999. El mismo trato tiene la Universidad Católica Argentina (UCA) que, por su edificio situado en Puerto Madero, debería abonar al fisco porteño $ 702.603 mensuales. Las Hermanas de la Resurrección de Nuestro Sagrado Señor Jesucristo, desde 1988 gozan de una exención equivalente a $21.300 mensuales. La Asociación de la Iglesia evangélica metodista se encuentra beneficiada con $29.608 de ABL mensual hasta ese año 9999.
A estos beneficios hay que adicionarle los que surgen de su actividad comercial bajo el concepto de ingresos brutos y de patentes además otros posibles subsidios a los servicios públicos.
Con todo, los beneficios exceden largamente los aportes fiscales toda vez que el gobierno porteño, sólo en 2015, declaró “innecesarios” un listado de 17 inmuebles de su propiedad y del Instituto de la Vivienda para ceder su dominio en forma gratuita al Arzobispado de Buenos Aires. La valuación alcanza los $ 160 millones. El proyecto evita apuntar contra los subsidios a la educación privada religiosa que suman $ 3 mil millones anuales para 2018 aunque en sus fundamentos explica que deberán ser “abordados con otras disposiciones que garanticen la continuidad educativa”.
En diálogo con
Tiempo Argentino, Gabriel Solano explicó que “hemos realizado una pormenorizada investigación. Aunque no podemos establecer el monto exacto de la transferencia de recursos del Estado de la Ciudad a la Iglesia Católica y otros credos, con seguridad hablamos de varios centenares de millones de pesos por año. Hemos presentado un pedido de informes para que el gobierno precise el presupuesto que está en juego y en qué conceptos justifica estos beneficios, pero fue rechazado por el bloque oficialista. Niegan a la población la información sobre que el Presupuesto y los impuestos que se pagan. Sienta un precedente terriblemente negativo, porque significa que el Estado piensa ampararse en el manejo secreto de los fondos públicos para beneficiar a la Iglesia. Insistiremos en este reclamo y de ser necesario recurriremos a la Justicia, pero por sobre todas las cosas comenzaremos una campaña de denuncia ante toda la población. El 5 de setiembre convocaremos una audiencia púbica en la Legislatura abierta a todos los sectores democráticos para avanzar en este reclamo”.
Según Solano este apoyo económico y financiero a la Iglesia y otras instituciones confesionales muestran que el Estado no es neutral en relación a los derechos de la mujer. En su proyecto afirma que “esos montos millonarios han servido para financiar la campaña contra los derechos de las mujeres. El Estado no puede seguir actuando como sostén de una institución que, desplegando campañas oscurantistas y anticientíficas, actúa deliberadamente contra los intereses populares. Es emblemático que, a nivel nacional, un obispo gane $46 mil mientras un investigador superior del Conicet percibe poco más de $21.000. Se financia el oscurantismo a costa de la ciencia condenando al país al atraso en todo sentido”.
Además explicó que “a cambio el gobierno cuenta con el poder de contención que la Iglesia ejerce sobre la población para evitar que estalle una crisis social.”. Por eso, continuó, “es necesario avanzar en la separación real de la Iglesia y el Estado porque su imbricación tiene consecuencias muy graves. El proyecto expresa el sentir de la mayoría de la Ciudad de Buenos Aires, especialmente de su juventud, que fue la gran protagonista de la ola verde”. Por último el legislador señaló que “rechazamos los argumentos oscurantistas replicados por los senadores contrarios al aborto legal pero también los de quienes votando a favor, sin embargo, llamaron al movimiento de mujeres a no enojarse con la iglesia. Ese abismo entre el sentir popular y los representantes del congreso debería resolverse a través de una consulta popular vinculante por el derecho al aborto legal seguro y gratuito”.
