Desde la franquicia adelantaron que denunciarán al Colegio Único de Corredores Inmobiliarios de la Ciudad de Buenos Aires por boicot y cartelización. En tanto, en la Provincia, ya hay unos 40 municipios que le pusieron un freno a la expansión de la multinacional.
“Se trata de una guerra comercial desleal basada en falsos argumentos y disfrazada de conflicto judicial. Los colegios de corredores utilizan su posición para impedir la actividad de otros colegas que son vistos como competencia debido al éxito comercial que tienen las oficinas que forman parte de RE/MAX”, expresó Sebastián Sosa, presidente de RE/MAX Argentina.
Según indicaron en un comunicado, RE/MAX Argentina y los corredores inmobiliarios que se adhieren a la marca sostienen que algunos dirigentes de estos Colegios profesionales utilizan su poder e influencias políticas para atacar a la competencia. “Nos quieren fuera del país porque traemos innovación al mercado inmobiliario y ellos no quieren renovarse ni mejorar el servicio al cliente. Su función debe ser velar por los intereses de todos los corredores inmobiliarios, no atacarlos simplemente por elegir una manera distinta de trabajar”, se defendió Sosa.
Por estos días, la franquicia lanzó la campaña “Hablemos de verdad” con el fin de “dar visibilidad al hostigamiento, discriminación, ataques y denuncias falsas de ilegalidad hacia la red. Esta escalada en el conflicto impulsado por los Colegios incentivó actos de vandalismo en las oficinas”, esgrimieron, al tiempo que puntualizaron que la empresa está hace 16 años en el país, donde desplegó una red de 150 inmobiliarias adheridas “que trabajan con total legalidad, generando 5.000 puestos de trabajo directos y 10.000 indirectos”.
El vicepresidente del Colegio de Martilleros y Corredores de la Provincia de Buenos Aires, José Sacco, piensa diferente. Consultado por Tiempo, explicó que “las franquicias fomentan la precarización laboral porque permite trabajar a monotributistas sin título profesional, ni son corredores inmobiliarios. Además, ahí hay una evasión previsional importante. Facturan y se denominan agentes inmobiliarios”.
Sacco, quien además es presidente del Colegio de Martilleros de San Martín, recordó que “estas empresas tienen un gran problema porque la Inspección General de Justicia (IGJ) determinó en una causa que tramita en la Ciudad de Buenos de Buenos Aires que estas franquicias realizan una actividad ilícita y ordenó su inmediata disolución”.
“Ahora –continuó Sacco- hay que esperar que resuelva la Corte Suprema. Ellos tienen denuncias en todo el país y en la Provincia encontraron una fuerte resistencia. Responden con esta denuncia porque se sienten arrinconados porque desde el Colegio presentamos proyectos de ordenanzas en los municipios para que en sus jurisdicciones no les permitan publicitar sus actividades, ni tener locales, por lo que en muchos lugares ya los están obligando a bajar los carteles”.
El dirigente bonaerense advirtió que ya hay más de 40 distritos que aprobaron estas normas, y que hay otros tantos cuyos Concejos Deliberantes tienen los proyectos en trámite. “La Ley 10.973 es clara. Nos impide que nos asociemos a otra persona que no sea martillero, colegiado, como nosotros. Las franquicias no están contempladas”, concluyó Sacco.
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