Ratifican que las cuentas offshore siguen activas

Por: Gimena Fuertes

Tras la apelación del fiscal Delgado, el diputado Darío Martínez, quien investigó los movimientos de las firmas de la familia Macri, le presentará al juez Casanello un escrito con detalles de la documentación que consta en la Junta Comercial del Estado de São Paulo.

Si bien Mauricio Macri aseguró estar «tranquilo» luego de que el juez Sebastián Casanello quiso dar por terminada la investigación del escándalo de los Panamá Papers, el fiscal Federico Delgado le recordó en su apelación que no puede abandonar la causa hasta que la investigación esté completa. Con ese antecedente, el martes, Darío Martínez, el diputado que investigó los movimientos de divisas de las empresas de los Macri, presentará un escrito en el que da cuenta de por qué Fleg Trading y Kagemusha SA siguen vivas.

Casanello argumentó que Fleg Trading había sido dada de baja del registro de Bahamas por falta de mantenimiento desde el año 2008. Sin embargo en el Registro Público de Brasil, Fleg Trading Ltd aún sigue activa. El juez también sostuvo que «no había sido posible acreditar documentalmente la existencia de un pago de 9 millones de dólares de Fleg Trading a Socma SA». El diputado Martínez le recordará en su escrito, al que tuvo acceso Tiempo, que el 15 de agosto del año pasado aportó 86 copias de documentación obtenidas de la Junta Comercial Do Estado do São Paulo. También insistirá en que, como magistrado, puede obtener información de las cuentas bancarias de Fleg y Owners.

En su escrito del viernes, además de pedirle al juez que siga investigando los movimientos de las cuentas a través de exhortos efectivos a Brasil, el fiscal Delgado le recordó al juez que puede encontrar de manera fácil y rápida la información sobre fuga de divisas en el informe que realizó la Comisión Investigadora del tema.

Delgado también criticó la decisión de Casanello de querer cerrar la causa en base a la información que brindó la Unidad de Información Financiera (UIF), que a su vez se basó en información de inteligencia, sin mayor explicación que esa. La UIF es conducida por Mariano Federici, designado allí por el propio Macri.

A su vez, le recuerda la necesidad de que se juzgue si hubo delito contra la Ley de Ética Pública en la omisión que hizo el presidente en su declaración jurada, que contradice las actas de la Inspección General de Justicia. Delgado también criticó al juez por no indagar si el presidente recibió alguna remuneración por alguna de las dos sociedades investigadas.

En su escrito Martínez critica al juez, quien afirmó esta semana que «de las participaciones accionarias en las empresas mencionadas no surgía elemento alguno que permitiera vislumbrar una hipótesis delictiva de lavado de activos». En respuesta, le recuerda: «De la compra de acciones que Fleg Trading realiza a Socma Americana, está muy claro que los 9,3 millones de dólares son de origen desconocido. Y, en nuestra legislación y la de cualquier país, la tenencia no declarada de 9 millones de dólares en una cuenta bancaria o en efectivo en un bolso, es suficiente prueba para presumir su origen ilícito». En la causa figura la evidencia de la ruta de los 9,3 millones de dólares de Fleg a Socma y de allí a otras tres sociedades.

De hecho, Franco Macri aportó información en la causa, en donde reconoció que Fleg Trading LTD tuvo un movimiento de 9,5 millones de dólares en 1998, lo que desmiente el argumento de su hijo Mauricio de que Fleg Trading Ltd jamás tuvo cuentas ni movimientos.

Dentro de los Panamá Papers el capítulo Macri es la causa judicial más importante a partir de la información que dio a conocer la premiada investigación periodística internacional. «El mundo entero nos está mirando. Y sería un papelón para la Justicia argentina que se cierre, fundada en un simple informe de la UIF, emitido por un funcionario de segunda designado por el mismo Macri», concluyó Martínez.