Es por el pedido de juicio político realizado por Claudio Bonadío, en 2019.
Ramos Padilla le envió un oficio al presidente de la Corte Suprema y del Consejo de la Magistratura, Horacio Rosatti, pidiéndole ser citado a una audiencia pública. Lo hizo ante expresiones de la diputada De la Torre, quien en el último plenario advirtió que el juicio político que impulsó Bonadio «se trataba de una ‘denuncia importante’ y que sólo quería llamar la atención de que entre los 29 expedientes próximos a vencer ‘el 9 de septiembre de este año vence una denuncia hecha por el Doctor Bonadío contra Ramos Padilla'». El plenario replicó que «eran numerosas las denuncias que estarían en esas mismas condiciones, que las actuaciones están a disposición de todos los Consejeros y se le llamó la atención por su falta de objetividad -ya que evaluaba las causas por el protagonista y no por los hechos», explicó Ramos Padilla en su nota dirigida a Rosatti.
De la Torre respondió entonces: «La sociedad también nos está mirando y es importante que se sepan esas cosas».
Enterado de ello, Ramos Padilla le pidió al Consejo que lo cite con «urgencia» a una «audiencia pública» para responder a un pedido de juicio político en su contra.
El Consejo de la Magistratura dispone de tres años para formular acusación y enviar ante un Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados a un juez por sus conductas. Vencido se plazo, el expediente se archiva automáticamente y el pedido de juicio político queda desestimado.
Ramos Padilla explicó en la nota que no quiere que ello ocurra. «En este contexto me presento ante el Consejo de la Magistratura de la Nación, y solicito se me convoque a una audiencia pública de cara a la sociedad para dar respuesta a esta ‘importante denuncia’ que estaría próxima a vencer, de modo de evitar que cualquier plazo ponga en duda mi honorabilidad, donde aclaro no tendré reparos en contestar cualquier duda, inquietud, sospecha o pregunta que puedan tener los Consejeros».
Lo curioso del caso está contenido en el último párrafo de la nota que ingresó hoy al Consejo: Ramos Padilla no sabe de qué se lo acusa. «Solicito también se me otorguen copias de la denuncia formulada por el Dr. Bonadío -expediente 148/2019- a las que nunca tuve acceso, pese a haber sido ampliamente publicitada y haber formado parte de las impugnaciones que se me realizaron ante la Comisión de Acuerdos del Senado de la Nación».
«Me presento ante este Consejo y pido se me cite a una audiencia pública para formular todas las aclaraciones y evacuar todas las dudas que pudieran tener los Consejeros -y en especial la sociedad- , esperando por supuesto que la consejera De la Torre acompañe e impulse esta petición», reiteró el desafío.
«Con la urgencia señalada por la propia Consejera solicito se fije fecha en el menor plazo posible y se le dé al presente el carácter de pronto despacho», añadió.
Ramos Padilla recordó que De la Torre, como consejera, tiene acceso a todas las actuaciones y puede impulsar los procedimientos previstos en la ley de creación del Consejo de la Magistratura, que la Corte Suprema repuso en vigencia pese a que llevaba tres lustros derogada.
«Está claro que si leyó la denuncia y creyó que era una denuncia grave o importante, debe impulsar las actuaciones y solicitar que se avance en el juicio de remoción. Si no leyó la denuncia, pero igual le parece importante destacarla dentro de todas las denuncias que están en esas condiciones –porque la hizo Bonadío o porque es en mi contra- y gratuitamente realiza estas discriminaciones, la situación es más grave y con más razón debe llevarse a cabo la audiencia solicitada y otorgarme la posibilidad de despejar cualquier sospecha», subrayó Ramos Padilla.
El contragolpe del juez incluyó una suerte de exhortación a todos los integrantes del Consejo de la Magistratura: «Tampoco puedo dejar de señalar -sintéticamente- el interés especial que deben tener las señoras y señores miembros de este Consejo de la Magistratura -en especial cuando están en el ejercicio de su función- de velar para que no se mancille gratuitamente la honorabilidad de los jueces a quienes están encargados de juzgar, como así también de bregar por la transparencia y la confianza de la ciudadanía en el Poder Judicial, imagen que –sabemos- se encuentra muy deteriorada».
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