El debate comenzará alrededor de las 16 del martes y se espera que la votación recién se lleve a cabo durante la madrugada del miércoles. Como en 2018, frente al palacio legislativo volverá a haber manifestaciones a favor y en contra de la aprobación de la ley.
En la misma sesión se tratará además la iniciativa conocida como Plan de los Mil Días, que regula la atención y el cuidado de la salud durante el embarazo y la primera Infancia. A diferencia de lo que ocurrirá con este proyecto, que sin dudas obtendrá el aval de la Cámara alta tras conseguir el apoyo de todos los bloques parlamentarios durante su discusión en comisiones, la aprobación de la llamada Ley de Aborto sigue siendo de pronóstico reservado. Es que el proyecto atraviesa los bloques de manera transversal, separando a quienes lo apoyan y quienes se oponen sin distinguir la bandería política.
Pero hasta llegar al momento de la votación deberá pasar una jornada muy larga. En línea con los protocolos sanitarios vigentes, la discusión parlamentaria volverá a realizarse a través de videoconferencia. De hecho, solo unos pocos senadores tendrán permitido sesionar desde el recinto. Serán cuatro por cada uno de los dos bloques mayoritarios del Frente de Todos y Juntos por el Cambio, y seis por las demás bancadas. El resto realizará su intervención de forma remota.
A diferencia de eso, los miembros de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito convocó a realizar una vigilia a partir de las 14 de este martes, para acompañar el tratamiento del proyecto le ley. Se espera que esta acción sea replicada en distintos lugares del país y el exterior. El escenario ‘verde’, que nucleará a quienes están a favor de la IVE, ya está montado en la intersección de las calles Rivadavia y Callao para que quienes se acerquen puedan seguir las intervenciones de las y los senadores. Por su parte, las organizaciones civiles nucleadas en la asociación Unidad Provida también se proponen hacer acto de presencia en la Plaza de los Dos Congresos, pero a partir de las 18.
A pesar de que quienes votarán por la aprobación del proyecto esperan hacerlo sin realizar modificaciones, durante los últimos días la sanción de la iniciativa tal como llegó de Diputados fue puesta en duda. Ocurrió que uno de los senadores aliados del Frente de Todos, el rionegrino de Juntos Somos Río Negro, Alberto Weretilneck, solicitó algunos cambios al proyecto porque, de lo contrario, se abstendría. Una decisión similar a la que tomarían algunos representantes de la coalición opositora Juntos por el Cambio. Si eso ocurriera, el proyecto debería volver a Diputados en segunda revisión.
Sin embargo, voceros del Frente de Todos aseguraron que no avalarán ninguna modificación en el expediente y que buscarán consensuar el apoyo del Senado para que el proyecto se convierta en ley ese mismo día. En ese sentido, la ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta, aseguró en los últimos días que «no se está analizando introducir cambios en el texto» y endilgó una «mirada corta» a quienes atan la suerte de la iniciativa en la Cámara alta a una idea de victoria o derrota del Gobierno.
Por su parte, algunos legisladores que aún no comunicaron su decisión sobre el proyecto, como las opositoras Lucila Crexell y Stella Maris Olalla, pusieron en duda su participación en el debate. También es poco probable que sean parte del mismo el riojano Carlos Menem, quien permanece internado en una clínica porteña a raíz de una descompensación que sufrió a fines de la semana pasada. Él y el tucumano José Alperovich (de licencia tras ser denunciado por abuso sexual) son férreos opositores de la IVE.
El proyecto actual permite la interrupción voluntaria del embarazo hasta la semana 14 de gestación, a la vez que habilita la objeción de conciencia de los profesionales que no están de acuerdo con esta práctica médica. Sin embargo, ese plazo no se aplicará cuando el embarazo fuera producto de una violación, en los casos de menores de 13 años o si estuviera en riesgo la vida. En los casos de las menores de 16 que decidan abortar, se requerirá su consentimiento y que concurra acompañado por un familiar o un referente afectivo. En tanto que considera a las mujeres mayores de 16 con plena capacidad para prestar su consentimiento. En el caso de que una institución privada no cuente con profesionales para realizar la práctica, deberá disponer la derivación a otra institución en la que sí pueda concretarse, según contempla el proyecto.
Fuentes: Redacción y Télam
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