El gobierno bajaría a la mitad la primera cuota del aumento. Cada entidad eligió un camino diferente, desde la resignación hasta la impugnación.
Al final de la AP, Aranguren expresó que había escuchado el reclamo de las pymes y adelantó que prepararán otro tipo de aumento para los usuarios comerciales. Se especula que el nuevo número de suba ronde el 250%. Ante la consulta de Tiempo, desde Energía ratificaron la intención, pero no dieron los números concretos porque todavía están en elaboración. «Cuando los tengamos, serán comunicados. Pero la intención de responder a ese reclamo está», dijeron.
La posición oficial dividió al sector gremial pyme. La Central de Entidades Empresarias (CEEN) presentará el martes una propuesta alternativa. A la Cámara de la Mediana Empresa (CAME) le gustó la posición del gobierno, aunque se preocupa por la pata más vulnerable. La Confederación General Empresaria (CGERA) se resignó y la Multisectorial Contra el Tarifazo aún amenaza con la impugnación.
Marcelo Fernández, presidente de CGERA, dijo a Tiempo que un eventual aumento del 250% «también nos parece exagerado», pero «ya hicimos todo lo posible para evitarlo». Para Fernández, todo queda en manos del Poder Ejecutivo. «Esperemos que se atienda a las empresas gas dependiente, ya que no podrían afrontar este aumento».
Francisco dos Reis, presidente de (CEEN), fue más duro. «La AP fue una puesta en escena. Se censuró gente y no dieron los números de las empresas. Así, ‘cumplieron’ con el pedido de la Corte. Si el Gobierno baja la tarifa al 250%, igual sería demasiado. Esta nueva propuesta demuestra también lo improvisado que es todo. Presentaron cuatro propuestas en cinco meses», se quejó. Dos Reis adelantó que «el martes haremos una conferencia de prensa para presentar una propuesta para una nueva ley energética».
Mariano Przybylski, abogado de la Multisectorial, explicó a este medio que «seguramente», impugnarán la AP. «En la resolución van a tener que rebatir los argumentos que tuvieron en contra. Según lo que digan, podríamos impugnar la resolución con la nulidad de la Audiencia como fundamento».
En tanto, Vicente Lourenzo, directivo de CAME, explicó: «Nos parece más que válido que el gobierno nos haya escuchado. Dijeron que la nueva propuesta está basada en los casos que había llevado CAME. De todas formas, sigue siendo un problema para la parte más vulnerable, que es la gas-dependiente. Se debe hacer un análisis sector por sector». «
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