Publican en una revista internacional las drásticas consecuencias del rechazo a la Agenda 2030

El categórico rechazo del gobierno de Javier Milei a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) contenidos en la Agenda 2030 y al Pacto para el Futuro, el acuerdo global con el que la Organización de las Naciones Unidas procura revitalizar los esfuerzos para mitigar la crisis socioambiental que azota al planeta, puso a la Argentina en una situación inédita.

El mes pasado, en su primer discurso ante la Asamblea General de la ONU, el presidente, que ya ha negado las causas antropogénicas del cambio climático, denunció las “políticas colectivistas” que impulsa el organismo multilateral como “un programa de gobierno supranacional de corte socialista”.

En este marco, un colectivo integrado por decenas de destacados científicos argentinos publicó un trabajo en la revista Biological Conservation que alerta sobre las drásticas consecuencias en términos de sostenibilidad ambiental y bienestar humano que acarrea esta posición del gobierno argentino.

Javier Nori, Micaela Camino y Alejandro Valenzuela, tres de los investigadores que participaron de la elaboración del documento –que fue suscrito por Alberto Kornblihtt, Gabriel Rabinovich, Sandra Díaz o Juan Carlos Reboreda, entre otros prestigiosos colegas– explican la necesidad de la comunidad científica argentina de advertir en qué medida esta decisión, que sustrae a la Argentina del consenso global hacia un modelo de desarrollo sostenible, debilita al país en su capacidad para abordar desafíos socioambientales urgentes, como son la pobreza, la deforestación o la pérdida de biodiversidad.

“Al alejarse de esta iniciativa internacional, Argentina corre el riesgo de aislarse y agravar estas crisis interconectadas –sostiene el biólogo Javier Nori, investigador del CONICET en el Instituto de Diversidad y Ecología Animal, con sede en Córdoba–. El artículo está centrado precisamente en las consecuencias ambientales que tendría no adherir a la Agenda 2030, con el foco puesto en seis de los 17 ODS, particularmente los relacionados a la adaptación y la mitigación al cambio climático, a la conservación de la biodiversidad y a la erradicación de la pobreza”.

El conflicto conceptual y operativo del rechazo a la Agenda 2030

“El país estaría eludiendo de esta manera responsabilidades que fueron refrendadas por el Congreso y acuerdos suscritos hace décadas, que atravesaron gestiones de distinto color político –dice Alejandro Valenzuela, biólogo e investigador del CONICET en el Instituto de Ciencias Polares, Ambientales y Recursos Naturales de la Universidad Nacional de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur–. De hecho, hay estados provinciales y municipales que adhieren a los ODS, y ahora, con esta postura del gobierno nacional, se genera un conflicto conceptual y operativo en todos los niveles de gobernanza”.

“Es una situación que nos deja perplejos –agrega Valenzuela–. Nosotros mismos, como investigadores, hemos aportado de alguna manera a la definición de estos conceptos, como los ODS, que son compartidos por prácticamente todo el mundo, y también somos quienes los defendemos frente a la comunidad, los llevamos al territorio, y es muy difícil llevar este trabajo adelante si no hay tomadores de decisiones que puedan sostener políticas públicas que, de algún modo, acaban de ser derogadas. El cambio climático va a seguir existiendo y nosotros vamos a seguir trabajando para evitar sus impactos, pero sin el respaldo del Estado, la posibilidad de generar conciencia en la sociedad se debilita”.

La Agenda 2030, que incluye 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible y 169 metas, edificó un marco global cuyos lineamientos están fuertemente anclados en el conocimiento científico, y que fija metas compartidas para los gobiernos, las empresas y la sociedad civil, desde el “hambre cero” y la mitigación del cambio climático hasta la igualdad de género y la planificación integral de modelos de desarrollo sostenible en los más diversos ámbitos.

No acompañar el ODS13 (Acción por el Clima), por ejemplo, significaría desmantelar todas las medidas actuales y futuras para la mitigación y adaptación al cambio climático y sus impactos, que en la Argentina se traducen en inundaciones, sequías e incendios forestales, lo que supone, además, incumplir legislación vigente, como la Ley Nº 27.520 de Presupuestos Mínimos de Adaptación y Mitigación.

Disociación

El escrito repasa algunas de las medidas concretas tomadas por el gobierno de Milei en línea con el rechazo a la Agenda 2030, por ejemplo, la eliminación por decreto del fondo fiduciario para la protección de bosques nativos. Y enumera algunos datos que dan cuenta de la magnitud de la crisis ambiental: la desertificación avanza en el país a un ritmo de 650 mil hectáreas por año; sólo en 2020, se quemaron 1.151.931 hectáreas.

Respecto del ODS1 (Erradicación de la Pobreza), los investigadores no dejan de advertir la evidente disociación entre la posición del gobierno y las cifras del INDEC para el primer semestre de 2024, que marcan que el 52,9% de la población argentina vive en la pobreza.

“Es sorprendente que la adhesión a un consenso internacional prácticamente unánime y para el que Argentina trabajó activamente durante mucho tiempo, de repente se borre de un plumazo –señala Micaela Camino, también bióloga e investigadora del CONICET en el Centro de Ecología Aplicada del Litoral, con sede en Corrientes–. ¿Por qué no rechazaríamos la idea de un desarrollo sustentable, con menos pobreza, con hambre cero, con instituciones más sólidas? Todo esto está dentro de ese acuerdo que este gobierno elige desconocer”.

Está claro que la posición del gobierno de Milei es indiferente a cualquier fundamento científico. “El problema –puntualiza Camino– es que estamos en un diálogo imposible si hay que sostenerlo con gente que cree que la Tierra es plana, o que considera que no existe el cambio climático. Yo trabajo con personas indígenas en los bosques del Chaco, personas que están conservando estos ecosistemas en una situación de vulnerabilidad altísima, que no hablan castellano, que están en medio del bosque en un contexto de cambio climático y extinción masiva de las especies que comían, y que, por supuesto, no entienden de macroeconomía, que al parecer es la única variable que importa. Así es muy difícil discutir para qué sirve una agenda que, además de estar basada en evidencia científica, busca garantizar derechos.”

Las facilidades de la Agenda 2030 a países como el nuestro

La Argentina no es, en términos ambientales, un país más. Es el octavo territorio más extenso del mundo, alberga una amplia de biomas y presta, a partir, por ejemplo, de su riquísima biodiversidad o de sus ingentes reservas acuíferas, importantes servicios ecosistémicos a todo el planeta. Y al mismo tiempo, enfrenta fronteras adentro fuertes desafíos socioambientales, vinculados sobre todo a la deforestación y al deterioro del hábitat de numerosas especies, y sin dudas, a los índices crecientes de pobreza y desigualdad.

Nori señala otro efecto concreto del rechazo a los ODS: “La adhesión a esta agenda global brinda a países como el nuestro, en vías de desarrollo, una serie de facilidades en términos, por ejemplo, de acceso a financiamiento para el desarrollo de tecnologías limpias, o para la generación de mecanismos de alerta temprana ante catástrofes climáticas, o para la investigación y la capacitación a través de convenios multilaterales. La Argentina se quedaría afuera de todo eso”.

A contramano del respaldo casi unánime que recibió el Pacto para el Futuro, el rechazo de Milei dejó al país alineado con un reducido grupo de países (Corea del Norte, Rusia, Irán y Nicaragua, entre otros) que tampoco lo apoyaron, y marca un giro de 180 grados respecto del compromiso histórico de la Argentina con el multilateralismo y la cooperación global.

«El boomerang nos va a alcanzar a todos»

El trabajo indica cómo ese cambio de prioridades también se manifiesta en las medidas del gobierno libertario hacia la ciencia, la educación y la salud pública, sectores que están sufriendo un profundo proceso de vaciamiento.

“Si bien el trabajo se refiere a cuestiones ambientales, que son nuestro ámbito de investigación y donde creemos que tenemos cierta autoridad para expresarnos, lo cierto es que no hay forma de separar lo ambiental de lo social –dice Nori–. Yo trabajo en ordenamiento territorial, en el diseño de áreas protegidas, cuestiones que están muy relacionadas con lo social. Si el territorio no está ordenado, si a la gente se le extingue lo que come, esas personas van a ser las primeras en sufrir los efectos de esta decisión. Si vendemos los humedales o los mal usamos, el boomerang nos va a alcanzar a todos. Quiero decir: los ODS no son un capricho».

Y acota: «Hay que conservar el planeta no porque a mí se me ocurre. Hay ciencia detrás de todo esto, hay argumentos muy sólidos y mucha gente trabajando hace muchísimos años. De hecho, ni siquiera estamos diciendo que la Agenda 2030 no sea algo perfectible, o el mejor de los escenarios posibles para nuestro país, pero estamos señalando las consecuencias deletéreas que puede tener salirnos de este consenso global, de esta manera y en este momento social y ambiental tan delicado del país”.

“Es una época muy complicada para la ciencia –concluye Camino–. A nosotros nos queda el deber ético de seguir haciéndonos preguntas, seguir buscando y comunicando lo que creemos que es la verdad, basada en evidencia científica, como lo hemos hecho siempre”.

*Artículo publicado en el sitio Nexciencia, de Exactas UBA.