El trasfondo del protocolo de Bullrich y qué dicen las organizaciones de derechos humanos. Activistas y abogadxs dan algunas recomendaciones y teléfonos útiles para salir a manifestar.
Este protocolo puso en alerta a las organizaciones de derechos humanos, políticas, estudiantiles y sindicales. Además, ya fue denunciado ante la ONU y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Desde Presentes consultamos con abogadxs y activistas de la diversidad sexual para entender el trasfondo, sus problemas técnicos y alcances. Pero también, y sobre todo, para aportar al cuidado colectivo a través de estrategias de protección frente a una serie de medidas que restringen el derecho a la protesta y a la libertad de expresión.
“El protocolo tiene dos páginas y media, lo mismo que el comunicado de prensa. Es casi de campaña electoral. No cumple la verdadera función de un protocolo, que es dar certeza sobre qué hacer o no en determinada circunstancia. Aquí se remite al artículo 194 del Código Penal, que está desde la dictadura de Onganía. Pone como delito cortar vías navegables, rutas, calles. Este artículo no tiene claro qué se está protegiendo: ¿bienes jurídicos? Porque se habla de peligros abstractos. Un verdadero protocolo dice cuándo es peligro, desarrolla las formas de negociación y vías alternativas. Este no dice nada de eso. No queda claro para la policía qué tiene que hacer y eso es lo que debe asegurar un protocolo”, dice Iñaki Anitua, abogado penalista y profesor de derecho penal en la UBA y UNPAZ.
“Estamos dentro de un sistema democrático y republicano que ningún partido cuestiona. Me parece esencial remarcar que estas modificaciones hacen un daño a este sistema democrático y republicano. Se pone en cuestión la estructura de derechos humanos del sistema interamericano, a la cual nosotros adherimos por el artículo 75 y 522. Y en particular afecta de forma directa a la población LGTBIQ+”, dice el abogado Alejandro Joma Mamani, de la organización Identidad Marrón.
“Este protocolo me recuerda al protocolo de enero de 2016, era parecido. Pero este es peor, acá dice reprimir directamente”, dice Anitua, haciendo referencia al protocolo del Ministerio de Seguridad del gobierno de Mauricio Macri. En ese entonces, también estaba a cargo Patricia Bullrich.
“Hay una clara persecución a las organizaciones que luchan, no quieren que se organicen. Hay que recordar que ya hubo algunas persecuciones hace muchos años en el gobierno de Macri, contra organizaciones políticas y sociales, como las Asambleas del pueblo. Hubo imputación a dirigentes por cortar una calle, aunque esos dirigentes no estaban en ese momento. Esto ya vienen intentándolo desde 2010, 2012”, agrega Conder.
“Es muy grave porque dispone recabar información de las personas que ejercen su derecho legítimo a la protesta, también criminalizar y perseguir a lxs líderes participantes de manifestaciones públicas y a las organizaciones sociales, sindicales y políticas relacionadas”, dice Manu Mireles, activista por los derechos LGBTI+ y secretaria académica del Bachillerato Travesti trans no binarie Mocha Celis.
“Para los movimientos feministas y las diversidades, que hemos puesto el cuerpo en las calles, encontrarnos frente al avasallamiento de los derechos conseguidos es un golpe muy fuerte”, dice Melisa García de Abofem (Asociación de Abogadas Feministas).
El protocolo, dice, “apunta a cercenar esa posibilidad, a limitarla, criminalizando la protesta social. Salir a las calles es parte de la historia argentina y el mensaje siempre es resistir, seguir luchando, no quedarnos quietas, pero sí, pensar nuevas formas para cuidarnos aún más. Hay muchas cosas que están cambiando y que afectan directamente a nuestros cuerpos y que afectan directamente al movimiento”.
“El derecho a la protesta ha sido históricamente y es hoy en día una herramienta clave para garantizar los derechos de la comunidad LGTBIQ+ en todo el mundo. En particular para las personas travestis, trans y no binarias. Así que volver a la represión es como mínimo antidemocrático”, agrega Mireles.
“Con este protocolo los sectores vulnerables como las personas racializadas, personas de la comunidad LGTBIQ+, en particular mujeres travestis y migrantes, son un target. Ya son un target de por sí para la violencia policial, en el caso de la Ciudad de Buenos Aires, por los códigos contravencionales. Pero estos códigos son una nimiedad en comparación. Las trabajadoras sexuales, travestis del barrio Constitución, del barrio de Once, del barrio Flores constantemente denuncian la violencia y los maltratos por parte de fuerzas policiales que no respetan la ley, ni la identidad de género. Incluso llegan a cometer actos crueles, inhumanos, o de tortura contra ellas. Me parece que este protocolo habilita a que esto se maximice”, dice Mamani.
“Lamentablemente la violencia institucional para nosotras las trabajadoras sexuales no es nada nuevo, es algo con la que lidiamos cotidianamente en nuestro trabajo, en nuestros barrios, en nuestro transitar por el espacio público. Más allá de que Argentina tiene hace más de una década la ley de identidad de género, nosotras seguimos viendo en la calle que la policía la sigue tratando a las compañeras en masculino. Sigue habiendo un discurso transfóbico y racista sobre todo hacia las compañeras migrantes. Lo que estuvo pasando en las últimas semanas es que muchos de los efectivos policiales les decían a las compañeras que se nos terminó la joda, que basta con lo de los derechos humanos. Que ahora había asumido Milei y que corrían el riesgo de ser deportadas a su país”, dice Georgina Orellano, de la Organización AMMAR.
“El tema de las detenciones o sanciones es ridículo, porque para detenerte tenés que estar violando una ley, acá habla del artículo 194, pero eso lo tiene que decidir un juez, y no un protocolo. Salvo que lo ordene un juez es ilegal”, dice Anitua.
“El protocolo es ilegal. Una multa es una penalización por algo, por una conducta, es personal. El protocolo es para amedrentar”, dice Conder. Y continúa: “Pretende modificar la jurisdicción. Dice que se va a intervenir en lugares donde no puede intervenir la policía. Quiere modificar leyes, ni siquiera con decretos sino con resoluciones del Ministerio de Seguridad. No se puede modificar así la Constitución ni las leyes. El protocolo dice que las fuerzas pueden intervenir sin orden judicial. Eso no se puede. Son derechos constitucionales. Para detenerte tienen que tener una orden judicial. Si, no son detenciones ilegales”, dice la abogada Gabriela Chiqui Conder.
Las medidas, considera, son inseparables de las medidas económicas que viene a acompañar. “La violencia que se imprime a través de lo económico tiene que ir acompañada de violencia física y represión. si no, no se puede imponer”, dice Conder.
“Creo que es totalmente incompatible con el Estado de Derecho, y en particular con el derecho a la libre reunión y asociación, a la libertad de expresión y a la protesta social, reconocidos en la Constitución Nacional y en los tratados internacionales de derechos humanos”, dice la activista por los derechos LGBT+ Manu Mirelles, secretaria académica del Bachillerato Travesti trans no binarie Mocha Celis.
“A las organizaciones les diría de ser imaginativas y cuidarse. Seguir el ejemplo de las Abuelas de Plaza de Mayo, de las Madres, que les decían circulen y ellas circulaban. Se puede inventar maratones, procesiones en lugar de manifestaciones”, dice Anitua.
“Nosotras las trabajadoras sexuales desplegamos estrategias comunitarias, estrategias organizativas propias para poner un freno a la avanzada de la violencia policial. La sociedad civil y activismos pueden mirar hacia sus costados y ver que hay muchos sectores que venimos resistiendo a la embestida de la violencia institucional desde hace tiempo. Es importante tener conciencia de clase y la organización sindical. En nuestro caso fue y será siempre la herramienta imprescindible para dejar de naturalizar la violencia de la policía”, dice Orellano.
“Hay que hacer lo que siempre se hizo: salir igual. Hay que tener mucho cuidado, estar muy alertas y muy organizados para enfrentar tanta violencia. A más violencia, más organización. Las protestas no se paran con decretos, y nosotras tenemos la escuela de las Madres que pelearon contra la dictadura”, dice Conder. Y cuenta una anécdota de Nora Cortiñas. “Norita recuerda que ella iba los jueves a Plaza de Mayo, se la llevaba la policía, lo mismo que a otras Madres. Les hacían una multa por marchar. Ponele que fueran 7 pesos. Nora le decía: cóbrese 14 porque la semana que viene vamos a volver”, agrega Conder.
Desde Abofem, Melisa García surgiere:
–Salir con DNI y tener a mano algún contacto de abogadxs o de organizaciones, para que en caso de una detención se puedan tomar las acciones correspondientes en lo inmediato. Existe una red de cuidados con un montón de organizaciones que dan apoyo.
–Se aconseja llevar en un papel los números de celulares de confianza para poder avisar.
–Mantener informadas a personas de nuestro círculo más íntimo que estamos yendo a una marcha.
-Compartir en la medida de lo posible en tiempo real la ubicación como para generar recaudos, cuando se está diciendo de alguna manera que salir a la calle hoy y de acá en adelante no va a ser seguro.
Ministerio Público de la Defensa: 0800-Defender. 0800 33 336 337
APDH (ASamblea Permanente por los DDHH) (11) 4372-8594
(11) 2483-4233
CELS (Centro de Estudios Legales y Sociales) (11) 3018-4890
CORREPI (Coordinadora contra la represión policial e institucional) (11) 3251-0081
Defensoría del pueblo de CABA: 0800 999 3722
Procuraduría contra la violencia Institucional (PROCUVIN) (11) 6089-9054/9058/9059
SERPAJ (Servicio de Paz y Justicia) (11) 4361-5745
Desde el Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SiPreBA) se compartieron recomendaciones para trabajadorxs de la comunicación que cubran protestas y manifestaciones.
Durante el miércoles, cuando se realizó la primera marcha, habrá una guardia especial en la oficina del sindicato, con abogados de CORREPI. Hay un teléfono para urgencias: 1123988904.
El nuevo protocolo del Ministerio de Seguridad de Argentina emitido en la Resolución 943/2023 criminaliza la protesta social. Establece que cualquier manifestación que se realice con cortes de calles o rutas constituye la comisión de un delito en flagrancia y habilita la actuación de las fuerzas de seguridad para desalojar o dispersar la protesta.
Agrega que no es necesaria la intervención judicial “toda vez que se trata de un delito flagrante reprimido por el artículo 194 del Código Penal de la Nación Argentina”.
Ayer el Centro de Estudios Sociales y Legales (CELS) envió una denuncia a Naciones Unidas y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y les pidió que adopten las medidas necesarias para la derogación del protocolo. Lo hizo con el respaldo de más de 1700 firmas de organizaciones y 15000 firmas individuales.
“Explicamos que la mayoría de las disposiciones del Ministerio de Seguridad de la Nación fijan pautas de actuación policial y estatal que son incompatibles con los derechos a la libre reunión y asociación, a la libertad de expresión y a la protesta social, reconocidos tanto en normas locales, como en la Constitución Nacional y en los tratados y estándares internacionales de derechos humanos”, explicaron en un comunicado. El CELS advierte: “contiene disposiciones para recabar información y estigmatizar a los líderes y participantes de manifestaciones públicas y a las organizaciones políticas, sociales y sindicales involucradas”.
Esta semana que pasó hubo una audiencia pública en el Congreso de la Nación, convocada por diputados del Frente de Izquierda-Unidad (FIT-U). Participaron, además de diputados de ese partido, Nora Cortiñas (Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora), Adolfo Pérez Esquivel (Serpaj), e integrantes del CELS, entre otrxs.
“Los activismos, las ONG de Derechos Humanos y las asociaciones civiles debemos poner en jaque lo que implica la habilitación de la violencia institucional por parte del Estado en esta línea de consenso de Derechos Humanos. Y en particular desde las organizaciones que trabajamos temáticas de diversidad o temáticas de antirracismo, como es el caso de Identidad Marrón o es el caso de Abosex, Me parece esencial usar las herramientas técnico-jurídicas para cuestionar. Estaremos muy atentos y muy presentes para ello. Y, para terminar: no me parece un dato menor hablar del tema del reconocimiento facial. Nosotrxs, de hecho, con diferentes organizaciones hemos denunciado lo que implica el reconocimiento facial, sobre todo para las personas no blancas y travestis y trans. Tenemos que remarcar también el uso de tecnología que este protocolo habilita”.
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