Durante la reunión virtual, representantes de la Comisión y del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los DDHH cuestionaron el protocolo antipiquetes y la criminalización de la protesta. Funcionarios de Milei insistieron con que la policía frenó un intento de golpe de Estado.
En representación del gobierno estuvieron el secretario de Derechos Humanos Alberto Baños y el responsable del Área de Cooperación Internacional del Ministerio de Seguridad, Alberto Fernando Fohrig, quienes insistieron con que quienes participaron de las protestas buscaban dar un golpe de Estado e interrumpir el funcionamiento democrático.
Sin embargo, esta postura fue duramente criticada por las autoridades de la CIDH y el representante de Naciones Unidas, quienes cuestionaron los retrocesos en materia de derechos humanos en el país y las limitaciones que el gobierno impulsa a la libertad de expresión y al ejercicio de la protesta.
“La CIDH tiene información de que en Argentina está ocurriendo un deterioro grave en relación a la libertad de expresión y con el uso de la fuerza a partir de repliegues desmesurados y además sobre el uso de armas no letales y la criminalización de la protesta social”, señaló el comisionado José Luis Caballero, quien destacó que la CIDH “ha señalado que la protesta es un elemento esencial de la democracia y está estrechamente vinculado a la promoción y defensa de la democracia no a su disminución y los Estados, además de permitir y garantizar la protesta social, deben establecer mecanismos de establecer protocolos de actuación de las fuerzas”.
En el mismo sentido se pronunció el representante para América del Sur del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), Jan Jarab, quien aseguró que “el rol de las autoridades debe ser el de facilitar el ejercicio del derecho a la protesta pacífica ya que es una herramienta democrática vital e importante para la conquista de otros derechos”.
La audiencia fue convocada a pedido del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) junto a organizaciones de derechos humanos, sociales y sindicales, a partir de las reiteradas violaciones al ejercicio del derecho a la protesta y a la libertad de expresión en estos siete meses de gobierno.
Las organizaciones fueron las primeras en tomar la palabra y repasaron la presentación que hicieron ante organismo de derechos humanos regional. Paula Litvachky, directora Ejecutiva del Cels, sostuvo que la estrategia del gobierno el pasado 12 de junio en el Congreso fue muy clara: “No sólo reprimir la protesta con la aplicación del protocolo, sino de escalar su criminalización. La respuesta violenta y totalmente arbitraria pretende desalentar a la población en general para que no asista a protestas sociales, produciéndose así el llamado “chilling effect”, que busca desmovilizar y limitar la libertad de expresión”.
“El derecho a la protesta hoy está en riesgo porque el gobierno quiere terminar de instalar en la sociedad la idea de que protestar equivale a generar desorden y que los manifestantes son a priori delincuentes o desestabilizadores de la democracia”, expresó.
También participaron Yamile Socolovsky, de la Federación Nacional de Docentes Universitarios, Ángel “Lito” Borello, de la Unión de Trabajadores y trabajadoras de la Economía Popular (UTEP), Matías Aufieri, del Centro de Profesionales de Derecho Humanos (CEPRODH) y Carla Gaudensi, secretaria general de la Federación Argentina de Trabajadores de Prensa (FATPREN), entre otras entidades.
Carlos Pisoni, integrante de H.I.J.O.S., fue el encargado de leer el petitorio en el que las organizaciones reclamaron a la Comisión que exhorte al Estado argentino a que derogue la resolución 943 (protocolo antipiquetes) y otras normas que penalizan o sancionan a quienes participen en manifestaciones públicas; que se elaboren protocolos de actuación para el uso de armas “menos letales” que cumplan los estándares de derechos humanos y que se investiguen a los responsables de las violaciones a derechos humanos por uso de la fuerza y la cadena de responsabilidad estatal en estos hechos, entre otros puntos.
En representación del gobierno, estuvieron el secretario de Derechos Humanos, Alberto Baños y el responsable del Área de Cooperación Internacional del Ministerio de Seguridad, Alberto Fernando Fohrig, quien llevó la voz cantante.
Fohrig, muy cercano a Bullrich, afirmó que el protocolo antipiquetes “intenta remediar una serie de falencias del sistema institucional argentino y que se han agravado en las últimas dos décadas, que tienen que ver con alterar el funcionamiento de los poderes democráticamente electos mediante el uso de la violencia”.
“Gracias a las fuerzas de seguridad, el Congreso pudo sancionar la ley Bases y el objetivo de interrumpir el funcionamiento institucional no funcionó”, manifestó y añadió que el objetivo del protocolo “es asegurar la convivencia democrática”.
De manera increíble, el secretario de Derechos Humanos, quien dijo ser tutor de los derechos de todos los ciudadanos del país, descalificó varias veces la presentación realizada por las organizaciones, la que consideró de “parcial y sesgada”, y defendió el accionar policial y la represión.
“Los poderes del Estado han actuado a la altura de las circunstancias y de acuerdo a la ley. No puede obviarse que lo que se intentó fue impedir que uno de los poderes del Estado cumpliera su función”, indicó. También, no sin algunos malabares argumentales, cruzó al representante de ACNUDH sobre la importancia de proteger el derecho a la protesta: “El Estado debe proteger a los demás ciudadanos, a todos los ciudadanos, de las afectaciones que puedan producirse en las protestas, las afectaciones a bienes públicos, al libre deambular de la gente. yo tengo el deber de proteger los derechos fundamentales de todos los habitantes”, manifestó.
Los dichos de Baños y Fohrig fueron retomados después por Manuel Tufró del CELS. “Los representantes del Estado confirman lo que sostuvimos en nuestra presentación: el problema no es el ordenamiento del tránsito sino que se considera la protesta social como “sedición, extorsión, interrupción del funcionamiento institucional”. Todo eso es falso y no tiene en cuenta que los episodios represivos se replicaron también en otros contextos, como frente al pedido de alimentos en Capital Humano y en otras ciudades, como Córdoba y Rosario”, explicó.
“En cuanto al protocolo antipiquetes, la información apunta a la falta de criterios claros. Los hechos del 12 de junio dieron cuenta de la aplicación del protocolo contra manifestantes pacíficos con motivo de dispersar la reunión y hemos recibido información sobre el uso de la fuerza excesivo con gases lacrimógenos y las mal llamadas balas de goma, que pueden generar daños graves”, enumeró Jarab, de ACNUDH,
“También preocupa la estigmatización”, agregó y advirtió que “la existencia de individuos violentos no justifica tratar a la reunión en su conjunto como violenta, aún menos la utilización de conceptos como terroristas o perpetradores de golpes de estado para referirse a quienes se manifiestan.
El comisionado Caballero también cuestionó el protocolo de Bullrich. “La resolución 943 fija pautas de actuación policial que van completamente en contra de los estándares interamericanos de derechos humanos, al desproteger, desconocer, restringir la libertad de expresión, la reunión pacífica, la asociación, y esto sería una violación al principio de progresividad y a la prohibición de regresividad”, consideró.
Los miembros de la CIDH realizaron algunas preguntas a las organizaciones y al Estado, pero ni Baños ni Fohrig respondieron si los hechos violentos realizados por encapuchados habían sido investigados. También rechazaron el llamado al diálogo: “Es muy difícil tener diálogo con minorías violentas, que extorsionan a miles de personas pobres para llevar adelante su programa político”, respondió Fohrig.
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