Impulsada desde el Foro Permanente Discapacidad, se organizó ante la circulación de un proyecto de decreto que desregula el nomenclador que equipara –desde hace 25 años- los aranceles de las prestaciones para distintas obras sociales.
La protesta federal, impulsada desde el Foro Permanente Discapacidad, se organizó ante la circulación de un proyecto de decreto que desregula el nomenclador que equipara –desde hace 25 años- los aranceles de las prestaciones para distintas obras sociales.
En las últimas horas, desde el Foro advirtieron que el decreto avanza, pese a la versión oficial que lo niega. “Los funcionarios de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) por un lado declaran que son rumores, que no saben nada del proyecto de decreto y que no entienden por qué se reclama. Sin embargo tuvimos acceso al proyecto, que tiene número de expediente y que se está tramitando su publicación”, dijo a Tiempo Eduardo Maidana, secretario de AIEPEsA, entidad civil que nuclea instituciones dedicadas a la atención de personas con discapacidad y miembro del Foro. Y agregó: “Prueba de esto es el último movimiento que detectamos el viernes 24, cuando salió el informe que hoy (por el martes) se dio a conocer que habilita para la firma al jefe de Gabinete de ministros y al Presidente de la Nación para su publicación. Lo damos a conocer ya que entendemos que por un lado se niega esto y nos dicen que no es cierto, y por otra parte avanzan en el trámite que entendemos va destruir el sistema de atención a personas con discapacidad”.
“Determínese que los organismos públicos nacionales financiadores del Sistema de Prestaciones Básicas de Atención Integral a favor de las Personas con Discapacidad mencionados en el artículo 7° de la Ley N° 24.901 fijarán de forma independiente -y no vinculante entre ellos- los valores arancelarios de las prestaciones incorporadas o a incorporar en el Nomenclador de Prestaciones Básicas para Personas con Discapacidad”, dice el artículo 2 del proyecto de decreto, fechado el 8 de mayo y firmado por Diego Spagnuolo, director libertario de la Andis y abogado de Milei en distintas oportunidades.
Apenas comenzó a circular información sobre este proyecto de decreto, el Consejo Argentino Para la Inclusión de las Personas con Discapacidad (CAIDIS) emitió un comunicado para explicar “por qué el Nomenclador del Sistema de Prestaciones Básicas debe ser único”.
“Romper la política de arancel único para todos los financiadores del Sistema es poner en riesgo la universalidad de la calidad de las prestaciones y servicios del sistema, porque el nomenclador está indisolublemente asociado a la calidad de las prestaciones que exige el Marco Básico para todos los prestadores registrados. Si ANDIS no va a regular el sistema y el Directorio no va a establecer los aranceles para que cada financiador pague distintos montos, se corre el riesgo de que los criterios que sigan para establecer los aranceles no aseguren la calidad que caracteriza al sistema desde su origen”.
Si eso ocurre “será una consecuencia inevitable que los beneficiarios de aquellos financiadores que paguen menos accedan a prestaciones de menor calidad. Por todo esto, que cada financiador tenga sus propios aranceles en lugar de que estos sean acordados en el Directorio de Prestaciones Básicas para todo los financiadores del Sistema conspiraría contra la universalidad de la atención de calidad, y resultaría una medida contraria al principio de progresividad establecido en el artículo 4 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, pues se trataría de una medida de política pública regresiva para la garantía de derechos de las personas con discapacidad”.
“Nos seguimos preguntando por qué existe esta actitud tan negativa en contra del colectivo de la discapacidad y quieren sacar un decreto que va contra la universalidad y equidad en la atención a las personas con discapacidad. Les preguntamos a los funcionarios, ¿a quién beneficia esto? Ya que a las personas con discapacidad, no”, resumió Maidana.
Julia Domínguez, psicopedagoga y miembro de la Asamblea de Trabajadores de Inclusión, resaltó la convocatoria a las clases públicas y reclamos de este miércoles. “Vamos a movilizar y esto nos da un motivo más para salir a rechazar el recorte, porque esto no es más que un recorte encubierto como todo lo que hacen en discapacidad. Define más la necesidad y urgencia de salir a la calle”, dijo sobre el avance del proyecto de decreto.
En cuanto a los efectos que tendría la desregulación del nomenclador, sostuvo que “hay mucho malestar, tristeza y preocupación sobre todo en las madres. Porque esto afecta a los prestadores, los arruina, pero las que se van a ver con los obstáculos burocráticos son las familias. Lamentablemente es así”.
Días atrás, en una conferencia de prensa convocada por el Foro, la actriz y mamá de un joven con discapacidad Valentina Bassi contó el impacto que tuvo en su caso el acceso a tratamientos a través del nomenclador: “Mi mayor miedo cuando comencé a tramitar el CUD (Certificado Único de Discapacidad) de mi hijo fue que mi obra social era muy chica, pensé que no iba a tener la estructura para abarcar todo lo que Lisandro necesitaba. Y entonces fui a la Obra Social de Actores y me explicaron que hay una Ley -en referencia a la Ley 24.901- y me contaron lo del nomenclador único y me dijeron que si tenía el CUD y una prescripción médica podía elegir cualquier terapeuta, siempre y cuando esté en la Superintendencia de Servicios de Salud. Esto fue tan importante para mí, porque en esos momentos una se siente muy vulnerable y es cuando una necesita ese tipo de respuestas: ‘Valentina, acá hay una ley, hay un Estado presente’”. Con la desregulación del sistema en puerta el acceso a esos derechos tambalea, advierten desde las organizaciones.
Eduardo Valdés, diputado nacional de Unión por la Patria, presentó un proyecto en el Congreso para impedir la desregulación de las prestaciones para las personas con discapacidad. El proyecto de resolución fue acompañado por el diputado de Hacemos Coalición Federal Miguel Ángel Pichetto y una treintena de legisladores.
En los fundamentos del proyecto presentado por Valdés se advierte que “será más difícil el acceso a la salud de las personas con discapacidad, por cuanto muchos prestadores perderán interés en ofrecer sus servicios ante una insuficiente remuneración de su trabajo profesional”.
Valdés dijo a este diario que “son cinco millones las personas con discapacidad. Más los padres, madres, es un universo de cerca de 15 millones de personas. No se puede desregular eso para generar personas con discapacidad de primera clase, las que pueden tener prepaga, personas con discapacidad de segunda clase, de tercera clase, de acuerdo a la amplitud de la obra social que tengan”.
El proyecto forma parte del temario de la reunión de la comisión de Discapacidad de Diputados de este miércoles, en paralelo con las movilizaciones en distintos puntos del país para reclamar en contra la desregulación de los aranceles. En Buenos Aires, la cita es a las 11 frente a la Quinta de Olivos.
«Hoy nos movilizamos hasta la Quinta Presidencial de Olivos para llamar la atención del señor presidente Javier Milei sobre el proyecto de decreto que se encuentra en proceso para su firma. Esta movilización busca visibilizar nuestra preocupación y urgencia respecto a este tema, esperando que el presidente tome en cuenta nuestra posición antes de tomar una decisión», explica Pablo Molero, Coordinador del Foro. «Buscamos claramente que dicho decreto no se firme, ya que consideramos que la medida que propone desregular los aranceles de las prestaciones y tratamientos tendría efectos negativos significativos. Dicha desregulación podría aumentar los costos para los pacientes y dificultar el acceso a servicios médicos esenciales, afectando gravemente a quienes más necesitan estas prestaciones», continuó.
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