Proponen modificar ley para que la policía garantice el trabajo periodístico

La brutal represión del 1 de septiembre, al finalizar la movilización por la aparición de Santiago Maldonado, es la punta del iceberg de una crisis de seguridad pública en la ciudad de Buenos Aires. La caza de periodistas y la detención al voleo de ciudadanos desbordó la agenda de seguridad y, el miércoles a las 11, en el salón Raúl Alfonsín de la Legislatura porteña, diputados de todo el arco opositor, sindicatos de prensa, organismos de Derechos Humanos y algunos de los trabajadores de prensa reprimidos en la marcha se reunieron para debatir este problema.

La convocatoria partió del despacho del diputado Gabriel Fuks, quien abrió el encuentro presentando un proyecto para modificar el artículo 100 de la Ley 5688 de Seguridad Pública, que -aunque no se cumpla- obliga “a todo el personal policial interviniente en manifestaciones públicas a portar una identificación clara que pueda advertirse a simple vista en los uniformes”. 

Desde diferentes agrupaciones sindicales, como Argra, Sipreba, Fatpren, entre otras, y reportero gráficos –que hacían una pausa en su trabajo para contar sus experiencias y volver a retratar la reunión– relataron con detalle los problemas que se suceden desde hace años en la ciudad cuando intentan realizar su tarea en las calles y son acorralados por la policía. Problemas que llegan a situaciones de extrema violencia en muchos casos y en los que se los reprime y se les impide realizar su labor, que no es otra que contar acontecimientos públicos que suceden y que se intenta registrar. El abogado de Argra fue preciso al señalar que era la primera vez en veinte años que tenía que ir a buscar a un fotógrafo a una comisaría.

Gabriel Fuks expresó que la Comisión de Seguridad, de la que es vicepresidente 1°, “está fracasando”, porque el oficialismo cajonea los expedientes, no da lugar a los debates, encubre la violación de la ley por parte de fuerzas del Estado: “La fuerza que construye Rodríguez Larreta se transforma en una horda que no respeta absolutamente nada.”

En la charla se identificaron dos hechos centrales en la escalada de violencia institucional que no sólo es contra la prensa, pero muestra la pauta del accionar policial. El primero de estos hechos ocurrió el 26 abril de 2013, con la represión de la entonces Policía Metropolitana dentro del Hospital Borda, y que muchos de los presentes presentaron como un campo de prueba de lo que pasa hoy día. Los cuadros centrales del PRO, Macri, Vidal y Larreta fueron procesados por esta causa y sobreseídos a fines de agosto de 2016. El segundo hecho represivo sucedió el 26 de junio cuando en un violento operativo, la Policía de la Ciudad desalojó una protesta de la Avenida 9 de Julio, en lo que políticamente implicó un alineamiento hacia una política represiva más dura, que el presidente Mauricio Macri le reclamaba a Rodríguez Larreta.

La modificación en el artículo 100 de la ley mencionada obligaría a la policía a “respetar, proteger y garantizar la actividad periodística”. De aprobarse la modificación, los uniformados, no deberían reprimir a trabajadores de prensa en ejercicio de su labor: “No podrán ser molestados, detenidos, trasladados, no podrá ser secuestrado ninguno de sus materiales de trabajo y registro, en todos sus soportes, o cualquier otra restricción” y además los efectivos policiales deberían “abstenerse de realizar acciones que impidan el el registro de imágenes o la obtención de testimonios”. 

Si en el párrafo anterior se usa el condicional, es porque aún estando la ley vigente, ésta no solo se incumple, sino que su violación es festejada por el mismo jefe de gobierno, como sucedió en el último episodio. 

Como dice el refrán, y ratifica la realidad, del dicho al hecho hay un largo trecho. Así de la ley y su posible reforma a que se modifique el accionar de la policía respecto de la prensa hay una gran distancia. Esta se les expuso a los legisladores Andrea Conde, Paula Pennaca, Carlos Tomada (FPV), María Rosa Muiños, Claudio Heredia (Bloque Peronista) y Marcelo Ramal (FIT), que estuvieron presentes acompañando el proyecto y el debate. Todos acordaron en que más allá de las leyes –y los cambios que son bienvenidos– la represión hacia la prensa se lleva a cabo igual. “La ley se incumple permanentemente pues la fuerza de seguridad porteña se guía por directivas que emanan directamente del Poder Ejecutivo local”, expresó uno de los legisladores.

Los ejemplos abundan, incluyendo el uso de balas de plomo en 2013 (también prohibido en la ley), en el desalojo de la Sala Alberdi hasta los golpes, uso de gas pimienta y disparos con balas de goma que buscan como objetivo central a los periodistas, también sucedió en la represión a los trabajadores de Pepsico. Por todo esto los legisladores llamaron a articular con otros sectores de la sociedad civil, como los representantes sindicales de los trabajadores de prensa y organismos de Derechos Humanos. Desde el CELS, se está llevando un registro de irregularidades que al ser cometidas por fuerzas de seguridad no son registradas en las comisarías.

“Pretenden adoctrinar con el temor”
Si bien el 1 de septiembre no se utilizó el Protocolo de Seguridad, que entre otros temas limita el trabajo de la prensa, ya que en este caso la fuerza comprometida fue la Policía de la Ciudad; las referencias a esta política federal así como a los amedrentamientos a periodistas de la revista Cítrica y de FM Alas que cubren la desaparición forzada de Santiago Maldonado, estuvieron presentes para bocetar el marco general de la decisión política del gobierno de Cambiemos respecto de la prensa.

A su turno, los legisladores estuvieron de acuerdo en el panorama expuesto por los representantes de los trabajadores de prensa y por muchos fotógrafos presentes en la reunión. Aseguraron que la evidente decisión política del gobierno local no sólo no acompaña la ley sino que promueve la acción contraria. Y llamaron la atención a que la crisis de seguridad incluye a la prensa, pero va más allá. La representante del CELS indicó que el crimen en la ciudad de Buenos Aires se elevó un 7% desde 2015, con lo que las represiones a manifestaciones buscan transmitir una idea de seguridad que no se da en los hechos y, por otro lado, acotó un legislador, busca alejar a los periodistas de las manifestaciones para poder reprimirlas a su arbitrio y sin respetar la ley, como quedó expuesto el 1 de septiembre, que desde fraguar actas de detención hasta acciones violentas innecesarias, pasado por los infiltrados que comienzan las provocaciones.

Los diputados porteños coincidieron en que el 1 de septiembre se expresó una crisis de Seguridad de mayor envergadura, que se no sólo se ve en el accionar contra la prensa sino también en la violencia contra los jóvenes en los barrios, con una suba creciente de acusaciones de resistencia a la autoridad, por ejemplo, entre otras conductas que conforman un modus operandi de la acción policial en directa violación de la ley vigente .