Declaraban a 10 en EEUU y vendían a 100 en Argentina: procesaron a operadores por sobrefacturación de insumos para Vaca Muerta

Operadores de comercio exterior que importaban insumos para Vaca Muerta fueron procesados por sobrefacturación, al fraguar documentación para obtener más de 92 millones de dólares al cambio oficial.  Se trata de uno de los múltiples mecanismos de la fuga de divisas: importar a un dólar pero declarar que se lo hace por cien y pedirle al Banco Central los billetes al cambio oficial. Si pasa, es un negoción para quienes lo hacen y la ruina para las cuentas públicas.

“La operatoria de contrabando de importación agravada investigada les habría permitido obtener al tipo de cambio oficial, la suma de U$S 92.339.773,8, que luego fueron girados al exterior”, explicó el juez federal de Campana, Adrián González Charvay, en una extensa resolución. 

La maniobra consistía en declarar en Estados Unidos un valor FOB (precio de la mercadería, más flete, más derechos de importación) real pero ante la Aduana argentina presentar documentación falsa con valores que en ocasiones multiplicaban por diez el valor auténtico. 

Amigos son los amigos

La causa se inició a mediados del año pasado, cuando estallaron las denuncias por medidas cautelares que posibilitaban la salida de los escasos dólares del Banco Central para importar mercaderías de dudosa necesariedad a la cotización oficial de la moneda estadounidense. 

En este caso ni siquiera fue necesaria una cautelar porque “se verificó que la mercadería ingresada al país corresponde a equipamiento destinado al montaje y puesta en funcionamiento de una planta para producir arenas silíceas, utilizada para la provisión de arena de fractura para la industria del petróleo y el gas (Cuenca de Vaca Muerta), por lo que se encontraba sometida a tratamiento aduanero particular”.

Las 24 operaciones se realizaron entre el 29 de junio de 2020 y el 8 de abril de 2022, a través del Departamento Aduana de Campana y de la Aduana de San Antonio Oeste. La importadora, la empresa NRG Argentina, (liderada por Oscar César Darío Güercio y Damián Strier), le compraba de manera directa a Marull Heavy Equipment LLC., de Estados Unidos, cuyo director era Pablo Andrés Marull. 

Güercio y Marull estaban vinculados comercialmente en una tercera empresa, Mardg S.A.S., constituida en 2019 al amparo del régimen de sociedades por acciones simplificadas creado por el gobierno de Mauricio Macri. La existencia de ese vínculo entre importador y exportador era oculto para la Aduana argentina. 

Un dato más: NRG sólo le compraba a Marull; Marull sólo le vendía a NRG. “Prácticamente la totalidad de las importaciones efectuadas por la firma NRG Argentina tienen como proveedor a la empresa Marull Heavy Equipment, la que vendería mercadería únicamente a la firma argentina en el país”, corrobora la resolución del juez González Charvay. 

Los números no cierran

Los tres y una despachante de aduanas fueron procesados por los delitos de “contrabando agravado en concurso ideal con defraudación a la administración pública”. El juez de Campana libró oficios a los Estados Unidos para que “se proceda al aseguramiento preventivo de todos los bienes que registren (los imputados) en ese país, así como los pertenecientes a las sociedades hasta cubrir el monto de USD 92.339.773,8 (inmuebles, automóviles, aeronaves, embarcaciones, cuentas bancarias y activos financieros, etc.)”.

El juez advirtió que “luego de anoticiados de la existencia de una causa en el país donde se investigaba esta sobrefacturación, se rectificaron las declaraciones efectuadas ante la aduana de los Estados Unidos de forma tal de hacer coincidir ambos valores”. Es decir que los imputados no sólo tienen problemas ante el Poder Judicial argentino sino que también podrían tenerlos ante el estadounidense. 

La resolución precisa que “de los 24 despachos de importación analizados surge que la suma declarada ante la Aduana de Estados Unidos resultó de un total de USD 17.367.633; mientras que en las Aduanas de Campana y de San Antonio Oeste, de la República Argentina se declaró un total de USD 100.451.157,33; por lo que la diferencia en lo declarado ascendió a la suma de USD 83.083.524,33, lo que generó un claro perjuicio a las arcas del Estado Nacional que, a través del Banco Central de la República Argentina, autorizó las operaciones de compra y giro de divisas extranjeras para el pago de esas importaciones en base a lo declarado en el país”. 

El fallo especifica que “la operatoria de contrabando de importación agravada investigada y su consecuente perjuicio a las arcas del Estado Nacional, les habría permitido obtener a los encausados, al tipo de cambio oficial, la suma de U$S 92.339.773,8, que luego fueron girados al exterior, ello en base a la presentación de documentación falsa”.

“En todos los despachos, el valor declarado en la aduana argentina fue significativamente superior respecto de lo declarado en la aduana de EEUU, lo que hizo presumir la falsedad de las facturas comerciales presentadas a despacho, máxime cuando las operaciones aludidas resultaban ser compras directas. (…) A su vez, en relación con los valores de los despachos de importación declarados, el organismo aduanero efectuó diversas consultas en la web a fin de obtener el valor aproximado de las mercaderías importadas y, como consecuencia, se observó que el valor en el mercado resultaría significativamente inferior al declarado en la aduana argentina en cada despacho de importación”. 

Al prestar declaración indagatoria, Marull “indicó la posibilidad de que en el marco de las actividades de comercio exterior se hubieran producido ‘desprolijidades’ sin que se llegase a configurar por ello un ilícito”. 

“De las probanzas colectadas, surge que se habría creado un flujo financiero ilícito trasnacional que habría permitido a los imputados fugar divisas obtenidas de modo irregular y al tipo de cambio oficial, mediante operaciones de comercio exterior, engañando al control aduanero con declaraciones falsas respaldadas con facturación apócrifa, para así obtener ganancias ilícitas y generando un consecuente perjuicio a las arcas del estado nacional”, concluyó la resolución.