Así lo confirmó el vocero presidencial, Manuel Adorni, en pleno conflicto con los gremios aeronáuticos.
Una vez publicado en el boletín oficial el decreto debe pasar por el Congreso de la Nación, sin embargo, Milei no puede privatizar directamente a la línea de bandera debido a la Ley 23696, que en su artículo 9 establece que la declaración de ‘sujeta a privatización’ será hecha por el Poder Ejecutivo Nacional, debiendo, en todos los casos, ser aprobada por ley del Congreso.
En el parlamento, el miércoles comenzó en plenario de comisiones de Diputados el debate sobre los proyectos de ley que buscan privatizar Aerolíneas, donde funcionarios del gobierno libertario apoyaron aquellos que proponen la venta de la línea de bandera.
Por otro lado, el Juzgado del Trabajo N°42, a cargo del juez Ricardo Hierrezuelo, emitió un fallo que suspendió la implementación de los decretos 825/24 y 831/24 del gobierno de Javier Milei, que declaran la actividad aeronáutica como un «servicio esencial». Esta decisión se tomó tras una presentación del gremio de pilotos, la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA), encabezado por Pablo Biró.
El gobierno busca garantizar los vuelos esenciales aún si hubiera un conflicto gremial. De esta manera, los pasajeros podrían tener acceso a vuelos mientras se resuelven los problemas en el sector. Por ahora, la medida cautelar regirá durante tres meses y se aplicará exclusivamente a los trabajadores de APLA, dejando fuera a otros gremios y empleados del sector.
Durante las últimas semanas, las medidas de fuerza tomadas por APLA y otros sindicatos impactaron a más de 300 vuelos y afectaron a unos 37.000 pasajeros. Ante esta situación, el gobierno emitió el decreto 825/24, que modificó el Código Aeronáutico (Ley 17.285), declarando como esencial la actividad aeronáutica civil aerocomercial. Este decreto requería que cualquier medida de fuerza fuera notificada con al menos cinco días de anticipación para que las aerolíneas y los pasajeros pudieran tomar los recaudos necesarios.
El fallo establece que la reglamentación promovida por el gobierno viola el derecho constitucional a la huelga y se contrapone a las normativas de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que excluyen a los pilotos de líneas aéreas de la categoría de «servicios esenciales» en su sentido estricto.
El conflicto entre APLA y el gobierno se desató a raíz de las paritarias salariales en Aerolíneas, donde los pilotos exigen una recomposición salarial del 70%, mientras que los tripulantes de cabina, representados por otros sindicatos, solicitan un aumento mínimo del 25%. La oferta del gobierno y la aerolínea estatal hasta el momento ha sido de un 10,8% acumulado para el período de junio a agosto, propuesta que fue rechazada por los gremios, lo que desató una serie de paros y protestas.
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