Universidades nacionales e internacionales, la CGT, artistas y el último presidente de RTA cuestionaron la decisión del Ejecutivo. El “ilegítimo” DNU de Javier Milei y el pedido urgente a la Justicia.
“Existiendo un camino legal, claro, normal, para designar a sus representantes el Poder Ejecutivo ha decidido acudir a un mecanismo no previsto para este motivo, desplazando la administración y gobierno de la entidad, en forma ilegítima”, dice el escrito presentado por Javier Monte, quien había quedado a cargo del Directorio de Radio y Televisión Argentina (RTA) luego de las renuncias de la gestión anterior.
De esta forma, el dirigente radical de Córdoba se sumó a la extensa lista de cuestionamientos a la intervención de Radio y Televisión Argentina, Télam, Contenidos Públicos y Educ.Ar. “Nos hemos encontrado con una innecesaria y no prevista legalmente intervención,que expresa vagamente como motivo la necesidad de transformar el régimen a Sociedad Anónima – que bien puede ser realizado con sus autoridades legítimas-”, sostiene Montes en un texto que se encarga de derribar cada uno de los fundamentos que defiende el gobierno y, a la vez, señala las inconsistencias formales del DNU.
Tal como denunciaron Sipreba y la Federación Argentina de Trabajadores de Prensa (Fatpren), el desplazado funcionario explica que el directorio de los medios públicos está conformado por distintas representaciones parlamentarias mediante la Ley 26.552. “Esta norma es un ejemplo de participación democrática y consensos entre los diversos partidos políticos”, recuerda Monte mientras que el sindicato destaca el control democrático de esa estructura.
Otros gremios también se pronunciaron. La Asociación de Personal Jerarquizado (APJ) de Canal Siete y el Satsaid marcaron cuestionamientos al tiempo que expresaron su preocupación y defensa de los medios públicos mediante distintas declaraciones y campañas.
Antes del avance concreto sobre los medios públicos de parte del gobierno, Fatpren y Sipreba presentaron un amparo ante la Justicia por el apartado del decreto 70/2023 que afecta a la comunicación y la libertad de expresión. Sostienen que “viola la ley de Sociedades del Estado” porque la posibilidad de convertir en SA a la agencia Télam, Radio Nacional o la TV Pública los ubica ante “los antojos de los medios privados” y desnaturaliza su función social que garantiza pluralidad de voces. “Es clara la intención del Poder Ejecutivo de privatizar para hacer un negocio con ellos, tal vez un negocio inmobiliario, funcional a los sectores privados de la comunicación”, denuncian.
El abogado Diego Martín Chaher y Sebastián Marías ya desembarcaron en algunas de las oficinas de los medios públicos como interventores, uno titular y el otro adjunto. En ese contexto, el sindicato volvió a reclamar a la Justicia “el tratamiento de manera urgente del recurso presentado” para así frenar el nuevo avasallamiento del gobierno.
En el plano internacional, las Cátedras Unesco de Comunicación en Iberoamérica también se pronunciaron sobre la intervención y, en un comunicado, marcaron la “preocupación por la situación de la comunicación pública y los derechos humanos en Argentina ante recientes decisiones del gobierno nacional que involucran al sistema de medios públicos, las universidades públicas y el sistema científico tecnológico”.
A la vez, llamaron a defender la libertad de expresión, la comunicación como derecho humano, el trabajo periodístico, la existencia y funcionamiento de medios públicos como garantes de la inclusión territorial y la diversidad cultural, entre otras cuestiones.
Tanto la Red de Carreras de Comunicación Social y Periodismo de la Argentina (Redcom) como la Federación Argentina de Carreras de Comunicación Social (Fadeccos) presentaron ante los legisladores una carta en rechazo al atropello del Ejecutivo con la fallida Ley Ómnibus. Desde el espacio que nuclea a más de 50 Carreras de Comunicación y Periodismo públicas y privadas de todo el país lo describieron como “un grave retroceso para nuestra democracia, en general, y una mayor regresividad en materia de derecho a la comunicación y políticas audiovisuales, en particular”.
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