El presupuesto de siempre ajustar

Es conocida la regla del actual gobierno por la cual el Estado “no puede gastar más de lo que tiene”. Nadie puede oponerse a que el gasto se maneje de la manera más eficiente posible: el mismo está determinado por las funciones que las leyes le encomiendan al Poder Ejecutivo.

Como he dicho en más de una ocasión, no soy partidario del déficit fiscal. Conseguir un equilibrio es adecuado, en la medida que las condiciones lo permitan. Muchas veces el Estado debe hacerse cargo de cuestiones esenciales que no pueden ser abordadas por el sector privado ni tampoco por los tesoros de las provincias. Si tuviera que autorizar un déficit transitorio para, por ejemplo, ayudar a combatir los incendios que han estado y están devorando nuestros bosques naturales, no tendría problema en hacerlo. Adherirse de forma ciega a la regla del déficit cero puede ser muy “costoso”.

El déficit o superávit fiscal es el resultado de muchas variables, entre ellas los ingresos fiscales. No se puede hacer un análisis del superávit sin profundizar en la evolución de los ingresos tributarios. Esta administración libertaria considera que los ingresos fiscales deben bajar. Por lo tanto, no se busca el equilibrio fiscal en sí, sino lograrlo reduciendo impuestos, con la consiguiente disminución del gasto para mantener “la regla de oro” del neoliberalismo.

Pero esta reducción que se está aplicando en los impuestos no llega a la ciudadanía por igual. Se reducen impuestos con mayor intensidad para las grandes fortunas del país (como en la última modificación en el Impuesto a los Bienes Personales), mientras se incorpora a gran cantidad de trabajadores de clase media y media baja para pagar Impuesto a las Ganancias. Abundan los ejemplos de este estilo. Sin ir más lejos, la quita del impuesto PAIS beneficia a los que hacen compras en dólares con la tarjeta: entre otros efectos no deseables, se abarata el turismo en el exterior en perjuicio del amplio sector del turismo local.

Cuando se habla de reducir el gasto público, muchas veces se omite la palabra “primario”, que refiere al gasto sin considerar los intereses. Se han aplicado recortes significativos en partidas sociales, pero los intereses de la deuda pública no se han tocado. Aún más, de lograr incrementar el endeudamiento, como planea este gobierno, se aumentarán notablemente los gastos en intereses. Como referencia, y si bien es un crédito concedido al Banco Central, el REPO con los bancos internacionales se ha realizado a una tasa de interés del 8,8% anual, en dólares. Un costo muy elevado.

Es evidente que las medidas que toma el gobierno en nombre del equilibrio fiscal terminan beneficiando a los más ricos y perjudicando a la clase media y a los sectores de menores ingresos.

Desajustes presupuestarios

El año pasado el Gobierno nacional obturó la discusión del proyecto de Presupuesto 2025 ante el pedido de modificación de algunos puntos del texto que reclamaban varios legisladores. Las condiciones pretendidas por el Poder Ejecutivo para llevarlo al recinto eran que no se modificara en lo más mínimo el texto original, desacreditando el rol fundamental que tiene el Poder Legislativo, que es justamente acordar, debatir y modificar, según las mayorías que se obtengan en las diversas iniciativas parlamentarias que se tratan.

A principios del mes de enero, el Ejecutivo emitió la Decisión Administrativa (3/2025) prorrogando el Presupuesto 2023, en la que se establece la distribución de los créditos y recursos para el inicio del año en curso. Tomando el total de ingresos y gastos establecidos en esta prórroga se observa que éstos son mucho más bajos que los que existían en el proyecto de Presupuesto 2025. Por ejemplo, mientras los ingresos totales en el proyecto eran de $ 114 billones, en la prórroga figuran por sólo $ 88 billones. En el caso de los gastos totales, se pasa, respectivamente, de $ 116 billones a 92 billones. Se establece, entonces, una asignación de manera arbitraria, y muy por debajo de lo razonable. De allí que estos valores no pueden ser referenciales, y por lo tanto no sabemos qué hará el Gobierno con los gastos o los ingresos este año. Estamos ante un buen ejemplo de lo que significa la no aprobación de la denominada Ley de Leyes por parte del Congreso.

En general, los proyectos de Presupuesto tienen parámetros macroeconómicos que le dan sustento a la estructura fiscal propuesta: se puede acordar o no con dichos parámetros, pero se insertan dentro de una lógica. La discrecionalidad dificulta cualquier análisis de lo que nos deparará la situación fiscal de este 2025. Pero, sin duda, queda claro que el gobierno generó el espacio para avanzar en los recortes del gasto que hacen a su objetivo de reducir al mínimo el rol del Estado.

El achique del Estado va más allá del tema del monto del gasto implicado. Se ha avanzado con la reducción o cierre de organismos públicos que entienden sobre temas de derechos humanos, discapacidad, género y diversidades, etc. Este “combate” fue llevado al plano global, con la decisión de que Argentina abandone la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la probabilidad de retirarse del Acuerdo de París, el tratado internacional sobre el cambio climático. Con estas medidas se aísla al país en el concierto internacional. En el caso de la salida de la OMS, se pone en riesgo la provisión de la salud a la ciudadanía (más aún, como si los fuertes recortes presupuestarios no fueran bastante), pero también se debilitan las instituciones democráticas, dado que el ámbito de discusión, información e intercambio sobre estos temas (que es obviado por el Poder Ejecutivo) es el Consejo Federal de Salud, integrado por las y los ministros del área de todo el país.

¿Cuál es el objetivo de esta destrucción del Estado a la que apela tantas veces el presidente de la Nación? En la esencia de esta actitud se busca favorecer al sector privado concentrado. Por supuesto, al intentar reemplazar al Estado, el sector privado no compensará todo lo que deje de hacer el Estado. Tal situación ocasionaría un peso mayor sobre la ciudadanía que el que genera la actual estructura fiscal, y produciría una fuerte pérdida de bienestar en la población. En el caso del retiro de la OMS, también es un guiño al sector privado para que, mediando el lucro, intente reemplazar (las pocas que pueden ser reemplazables) las prestaciones que perdemos.

Y sin dudas también es un guiño al presidente Donald Trump, que había anunciado la misma decisión días atrás. Con la salvedad que se acaba de conocer, que el gobierno de EE UU presionaría para que un estadounidense se convierta en el director general y de esa forma reincorporar a su país a la OMS. En tal situación, Argentina debería volver sobre sus pasos para continuar con el seguidismo de la política trumpista.

Queda claro que la “destrucción del Estado por parte del topo” es mucho más que una cuestión económica, tiene que ver con la batalla cultural que ha emprendido el presidente. Una definición que mejor podría entenderse como divulgación de la ideología de ultra derecha, potenciada por la fuerte injerencia en los asuntos políticos de un grupo de grandes milmillonarios, principalmente surgidos del sector tecnológico y que manejan las redes sociales a nivel global.