A nombre de quienes creemos en la justicia en el Perú, quisiera agradecer la hermandad de los pueblos de la Patria Grande, ya que siempre ha sido histórica, más aún, la hermandad que existe entre los pueblos del Perú y Argentina. No solo por el hecho del apoyo en el conflicto de las Malvinas en el que el Perú apoyó a la Argentina sino por muchos hechos y coyunturas que permiten que el pueblo solidario argentino pueda sentir el dolor de un pueblo peruano en busca de justicia, verdad, memoria, mientras continúa la violencia estatal perpetrada por el gobierno de facto de Dina Boluarte, que ha tenido y sigue teniendo víctimas tales como 1301 personas heridas, más de 77 víctimas asesinadas por Fuerzas Oficiales, a quienes a sus familias damos nuestro pésame. Asimismo, una grave problemática que veníamos arrastrando en el Perú que se ha exacerbado en esta dictadura: la persecución política.
La persecución política en el Perú ha aumentado de manera caótica, violando derechos humanos protegidos en la Constitución y en normas internacionales, tales como la Convención Americana de los Derechos Humanos y la Declaración Universal de Derechos Humanos. Es así que en los equipos legales postulamos que desde el 7 de diciembre de 2022 no existe Estado de Derecho en el Perú y que se ha perdido todo tipo de garantías y uso legal de la ley.
Me gustaría decir que la crisis empezó el 7 de diciembre, pero no es así. En el Perú venimos arrastrando 30 años de neoliberalismo y somos una sociedad de naturaleza post conflicto que aún no sana las heridas de la etapa tan dolorosa de violencia del Conflicto Armado Interno (1980-2000). Es así que, lo que sucede en nuestro país es una violencia estatal que revictimiza a un país entero, país que no termina de cerrar heridas y se abren nuevas al tener hoy en día un Gobierno autoritario, dictatorial y que ha ocupado todos los Poderes del Estado, instituciones y élites.
Esta realidad es a la que realmente nos enfrentamos como abogados/as de presos/as políticos en el Perú y, por ello, es que somos muy pocos/as abogados/as asumiendo el reto de buscar la libertad de los que son “enemigos” para el Gobierno, a muchos/as abogados/as nos persiguen, además de las familias de los mismos presos políticos. Día a día veo la deshumanización, estigma, “terruqueo” y prejuicio de toda una sociedad hacia quienes defiendo, taras que tienen de base al racismo y al clasismo de este país aún cuando venimos de raíces culturales y milenarias. El problema de fondo es más grande que una defensa jurídica hacia una contraparte. Nos enfrentamos ante la mafia y ante poderes que van más allá de nosotros/as y claro que tememos por nuestras vidas e integridad.
El caso del presidente Pedro Castillo es el más complejo del Perú actualmente, en el que los abogados/as no nos enfrentamos a un proceso con las leyes aplicadas de manera correcta, por el contrario, tenemos muy claro tanto el equipo legal y todo el Comité de Libertad que nos enfrentamos a una mafia cuyo trabajo fue generar el complot desde, incluso, la segunda vuelta presidencial en las elecciones presidenciales del 2021 en el que Pedro Castillo se enfrentó a Keiko Fujimori, heredera de todo lo que representó la dictadura de su padre Alberto Fujimori años atrás.
Es importante la razón jurídica con la razón política y solo estos elementos en conjunto permitirán comprender qué pasó realmente y no quedarnos con la narrativa nacional e internacional que impulsa el Gobierno de facto actual de Dina Boluarte. Así, la pregunta es: ¿Quienes dieron el golpe a quién? ¿Quienes han desequilibrado y copado todo el poder ahora? ¿Qué es una dictadura? ¿Qué es un golpe de Estado? ¿Quiénes tienen el poder y viven en impunidad? ¿Quiénes son los perseguidos políticos? Estas preguntas solo se analizarán con el panorama completo, con finura de razonamiento, lógica y lectura jurídico-política.
La verdad de lo sucedido es que el presidente realiza una proclama en el mensaje de la Nación del día 7 de diciembre del 2022, motivado por el pedido del grueso de la población que fueron sus votantes en la primera vuelta y, con mayor cantidad, en la segunda vuelta de elecciones presidenciales; tales como las regiones del sur del país quienes, desde sus organizaciones de base, colectivos, pueblos originarios y comunidades campesinas solicitaban ampliamente el Cierre del Congreso. Cabe señalar que la desigualdad social y de clase social relegó y oprimió históricamente a, precisamente, las clases sociales fuera de la periferia de Lima integrada por quienes pedían mayores derechos fundamentales y un cambio de modelo económico.
Esta decisión de cerrar el Congreso peruano no fue la única, se ligó también el pedido de abrir un proceso para tener una Nueva Constitución el cual también fue el pedido multitudinario en el Perú. Es necesario señalar que el Congreso peruano intentó vacarlo del cargo de presidente dos veces anteriormente, abusando del Derecho en el que, desde toda vía posible, jamás lo dejaron gobernar. Asimismo, los poderes de derecha denigraron su imagen, lo deshumanizaron, decían que era “terrorista”, persiguieron a él y a su familia y, lo más grave, vivió con amenazas constantes para que renuncie al cargo. Nunca hubo paz, nunca hubo calma, proceso de adaptación real ni proceso de aplicación del Plan de Trabajo en el ejercicio de su cargo. Por el contrario, siempre hubo violencia política afectando hasta a su familia. Tal es así, que su hija mayor Yenifer Paredes de 26 años fue encarcelada con una prisión preventiva que usó de manera abusiva con un tratamiento de culpabilidad violando su presunción de inocencia.
Para reforzar lo postulado, debemos irnos a las encuestas, entre las cuales se encuentra el trabajo admirable que ha realizado el Instituto de Estudios Peruanos (IEP) en el que tras largas encuestas señala que antes de la vacancia inconstitucional e ilegal del 7 de diciembre, el Congreso tenía 66% de desaprobación y, posteriormente a aquel día, actualmente tiene 94% de desaprobación. Es decir que 9 de cada 10 peruanos desaprueban el accionar del Poder Legislativo. Por otro lado, las encuestas también arrojan que el 69% de peruanos están de acuerdo en una Nueva Constitución.
La historia posterior a la lectura del mensaje a la Nación es conocida: El Ministerio Público, institución que trabaja con la Policía Nacional del Perú y sus agentes, detuvieron con extrema violencia al presidente mientras él conducía a su familia a la Embajada de México. Lo que no se dice y lo que se ha callado es que la tesis fiscal y mediática es completamente un absurdo jurídico creando una narrativa de Golpe de Estado por parte del presidente Castillo y un intento de fuga lo cual no es verdad. Tanto la familia, así como la misma Fiscalía constató que en las camionetas no se encontró absolutamente ningún material ni objeto personal que sea del presidente, por el contrario, se encontraban objetos personales de la señora Lilia y los dos menores hijos de iniciales A.C.P. lo cual corresponde a las declaraciones del presidente y nuestra defensa legal. Es decir, quienes ejercieron el golpe hicieron todo mal desde el lado procesal, constitucional, penal e internacional.
Empezando por la detención en la que se le dio tratamiento de aplicación en flagrancia. Este momento, para toda la familia presidencial, es la parte más cruda y violenta con el actuar de la policía en el cual existió un complot con la misma seguridad del presidente. Los agentes de la Policía Nacional del Perú utilizaron decenas de efectivos para detener las dos camionetas, los acorralan y utilizan metralletas de manera amenazante, entraron a la parte delantera de la camioneta y apuntaron a la hija menor del presidente a la cabeza, es cuando el presidente menciona “Sin violencia, yo voy a bajar” y es cuando él abre el carro blindado que solamente se abría por dentro y sale. Sería el último día en el que el presidente pudo ver a sus hijos y la primera dama Lilia.
Posteriormente, se realizó una vacancia express por parte del Congreso golpista. Nuevamente, hicieron todo mal.
Es decir, el presidente ya estaba encarcelado cuando recién se votaba la vacancia. Un acto ilegal desde lo constitucional, procesal y penal. Todo lo anterior evidenciando un claro lawfare lo cual es la criminalización del sistema judicial para perseguir y encarcelar opositores utilizando la ley penal. Así, el delito de rebelión tipificado en el artículo 346 del Código Penal establece lo siguiente: “El que se alza en armas para variar la forma de Gobierno, deponer al Gobierno legalmente constituido, suprimir o modificar el régimen constitucional será reprimido con pena privativa de libertad no menor de diez ni mayor de veinte años”. Al respecto, de acuerdo a la teoría del delito, primero, se debe analizar si es típico, antijurídico y culpable. Nuestra defensa postula que la lectura del mensaje a la Nación no pasa el test de tipicidad porque el requisito para el delito de rebelión es el llamado “alzamiento en armas” y el presidente Castillo jamás alzó un arma en su vida. Así de sintético. Es decir, es un delito atípico que no corresponde sanción penal. Nuevamente, hicieron todo mal.
¿Se dan cuenta de la barbaridad jurídica que es el caso Castillo? Y es que, si un profesional del Derecho se quiere poner exquisito con los casos de presos políticos, te das cuenta que la ilegalidad, arbitrariedad y completo abuso del Derecho es la base para estas cárceles sin fundamento típico. Por el contrario, se le quita el bien jurídico más preciado del ser humano a quienes son opositores de un determinado régimen y esto no solamente lo debemos denunciar los abogados/as de presos/as politicos/as en el mundo sino todo abogado o abogada que se diga garantista o respetuoso de la ley. Lamentablemente en el Perú, hay quienes son defensores de derechos humanos, abogados penalistas y constituconalistas que ven el problema de la ilegalidad de estas prisiones pero hacen silencio o, por el contrario, juegan a ser cómplices. Esto es lo que ocurre en el Perú y es una vergüenza a todo nivel. Es así que llegamos a la actualidad, a 100 días del golpe Parlamentario en el Perú, hemos logrado un equipo sólido de defensa legal del presidente Pedro Castillo en el cual, día y noche a toda hora recibimos golpes de parte de este Gobierno, pero no desistimos, continuamos y seguimos.
Terminaré como empecé diciendo que desde el 7 de diciembre no hay Estado de Derecho en el Perú. Por tanto, existe una dictadura que tiene asesinados, heridos, perseguidos y encarcelados injustamente. Por todo ello, es que el 27 de febrero del 2023, participamos en la 137º sesión del Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, espacio jurídico de más alto nivel en el que denunciamos ante expertos internacionales sobre todo lo acontecido explicado en estas líneas.
Que este texto también invite a la reflexión a todos los juristas internacionales, colegas o futuros abogados/as y abogadas que busquen una justicia por encima de todo poder político y económico. Además, en el mes de la mujer luchadora, expreso que debemos ser más las mujeres abogadas valientes que asuman estos casos complejos.
Que existan presos políticos en un régimen responde a una venganza política de quienes se encuentran en el Poder y no quieren irse, más aún, de todo un sistema y modelo que siempre golpeará a quienes quieran cambiarlo. Patrocinar y trabajar en casos de presos políticos ha sido todo un reto profesional y personal, más aún al ser la única mujer abogada en ambos equipos legales. Me reafirmo en mi convicción de luchar por un país y un mundo con mayores derechos y libertades para todas las personas. Sobre todo en tiempos de dictadura, debemos esforzarnos más y continuar construyendo una Patria Grande libre, unida y justa. Por nuestra parte, seguiremos entregando nuestra mente y corazón para la libertad del primer preso político de esta dictadura: Pedro Castillo Terrones.
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