La suma del negocio millonario llegaría a los $3.000 millones. Uno de los implicados es Ricardo Roa, editor general de Clarín. El texto solicita que la investigación incluya la participación de Mauricio Macri, Larreta y Jorge Macri.
La nueva comisión directiva de la entidad quedó conformada con Luis Rodolfo Vinker como presidente, Pablo Rafael Vaca como vicepresidente y Ricardo Horacio Roa como secretario, tres muy reconocidos periodistas del diario Clarín, y el empresario José Adalberto Iriarte como tesorero. La edición 2024 del evento llega a recaudar alrededor de 3 mil millones de pesos. Este martes presentaron un pedido para que se investigue un presunto lavado de activos.
“Aquí aparece un primer antecedente de los muchos que justifican el inicio de un sumario de investigación por parte de la UIF. La primera decisión que toma la nueva comisión directiva (cuyas autoridades se mantienen así hasta el día de hoy) es salir de una figura jurídica como la fundación que tiene estrictas obligaciones en materia de cumplimiento de las normas de prevención de lavado de activos y regímenes de información ante las autoridades de aplicación, y constituir una asociación civil que carece de la mayoría de esos compromisos y deberes”, señala el texto presentado este martes por el diputado nacional Rodolfo Tailhade, ante dos organismos: La Unidad de Información Financiera (UIF) y la PROCELAC, Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos, perteneciente al Ministerio Público Fiscal.
“¿Por qué decimos que todo debe computarse como parte de un negocio ilegal que lleva adelante una asociación civil sin fines de lucro?”, pregunta Tailhade en el texto presentado. «Según el documento Ticketear S.A. es una sociedad comercial constituida el 16 de febrero de 2023 en la provincia de Córdoba por el mismo -ya podríamos llamarlo, a esta altura del relato- grupo empresario que maneja Ñandú», define.
“Los accionistas de Ticketear S.A. (cuya única actividad comercial consiste en cobrar la inscripción para las carreras organizadas por Ñandú) son Laura Romina Zorzi, una abogada que integra la comisión directiva de la entidad, y Ruy Diego Roa, hijo de Ricardo Horacio, secretario y verdadero hombre fuerte de Ñandú. Destaco que ninguno de los dos accionistas vive en la provincia de Córdoba”, agrega el texto.
“Otra evidencia que refuerza la sospecha del manejo oscuro de la administración de Ñandú, es el hecho que en tanto su matrícula está registrada en la provincia de Buenos Aires, su actividad principal la desarrolla en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y la empresa intermediaria encargada de la inscripción de los participantes para las carreras en la CABA es de la provincia de Córdoba. Una arquitectura jurídica societaria que denota una complejidad no compatible con el funcionamiento de una simple asociación civil”, detalla.
Cabe destacar que a principios de este año se inició ante la Inspección General de Justicia, el proceso administrativo para constituir e inscribir la sociedad comercial Carreras y Maratones Ñandú S.A., integrada en un 50% por Ricardo Horacio Roa y en otro 50% por José Adalberto Iriarte, con sede social en José León Cabezón 3286, CABA, casualmente el domicilio particular que consignó Iriarte. Esta información fue publicada en el Boletín Oficial de la Nación del 15 de enero de 2024. Ambos propietarios se inscribieron como proveedores del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
“Están blanqueando rápidamente lo que configura la verdadera cara de Ñandú, la verdad de la milanesa: que vienen ganando dinero desde hace muchos años como una verdadera empresa comercial mientras mantienen la pantalla de una simple asociación civil sin fines de lucro”, denuncia Tailhade en el texto. “Este nivel de recaudación de fondos de Ñandú no tiene correspondencia con los gastos de la entidad. Y aquí volvemos sobre un tema no menor: no sólo Ñandú no posee inmuebles aptos para el fomento del atletismo, gimnasios o instalaciones similares que puedan facilitar estas prácticas deportivas para quienes no tiene acceso a esas herramientas, patrocinio de otras actividades relacionadas ni mucho menos lleva adelante programas de inclusión para nuevos atletas, sobre todo para aquellos que tienen talento pero no recursos, sino que lisa y llanamente no tiene sede social. Es decir, Ñandú recauda unos us$ 3 millones por año y ni siquiera tiene oficinas”, detalla el documento.
El diputado señala que la empresa de Roa “no gasta un sólo peso en prácticamente nada. Todos los gastos son solventados por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y los patrocinantes de las carreras”, y es por eso que pide que la investigación debe incluir al gobierno porteño: “deben ser alcanzados por esta investigación los funcionarios del GCBA -de antes y de ahora-, incluyendo por supuesto a los Jefes de Gobierno Mauricio Macri, Horacio Rodríguez Larreta y Jorge Macri que han permitido a lo largo de los años esta dinámica absolutamente irregular”.
A los ya numerosos elementos de juicio que justifican la apertura de un sumario de investigación dentro de la competencia asignada por ley a la UIF, se suma un dato central, que no sólo agranda la enorme rentabilidad de Ñandú en la organización de ambas carreras sino que exhibe con contundencia el perfil comercial en que han transformado la actividad de Ñandú. Es decir, un negocio hecho y derecho y no una actividad sin fines de lucro.
El texto presentado para que comience el proceso de investigación sobre presunto lavado de activos, incluye un desagregado de las ganancias millonarias del evento deportivo. Para inscribirse en la Media Maratón de Buenos Aires 2024 un participante de nacionalidad argentina tuvo que pagar $ 45.000, en tanto que un corredor extranjero pagó us$ 80. Los números oficiales dan cuenta de que se inscribieron unos 21 mil argentinos y 4 mil extranjeros, por lo tanto, la cuenta alcanza a la suma de $ 950 millones y us$ 320.000 respectivamente de recaudación sólo en concepto de inscripciones.
“Además de esto, es público y notorio que a Ñandú le ingresan millones de pesos por instituciones y empresas que auspician sus carreras. Los principales patrocinantes son Adidas y el grupo Clarín a través de la empresa Telecom, pero hay otra docena de sponsors cuyos aportes deberían ser establecidos por la investigación, entre ellos el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y el Banco Ciudad”, aclara el documento presentado por Tailhade.
Además, Ñandú cobra adicionales a los maratonistas: estampar el nombre en la pechera a usar en la carrera cuesta $ 5.900 adicionales, el grabado de la medalla que le dan al atleta que concluye la competencia $ 4.900, alquilar un locker entre $ 3.600 y $ 5.400, la preventa de la foto y el video de la llegada $ 18.900, y $ 79.000 el acceso a un servicio VIP.
Para la Maratón de Buenos Aires, que se correrá el próximo 22 de septiembre, la organización ya anunció la inscripción de 15 mil participantes, de los cuales aproximadamente 11 mil son argentinos que pagaron $ 55.000 cada uno, y 4 mil extranjeros que abonaron us$ 90. Es decir, estamos hablando de $ 550 millones y us$ 360 mil.
“De tal manera, sumando ambas carreras, con estos números conservadores que podemos ofrecer de momento, sólo en concepto de inscripciones Ñandú recaudó este año 2024 más de $ 1.500 millones y casi us$ 680 mil”, resume la presentación realizada ante la UIF y la PROCELAC.
En ambas carreras, al valor de la inscripción hay que sumarle un 15% por el costo del servicio que brinda una flamante empresa denominada Ticketear S.A. que opera como intermediaria entre el participante y Ñandú. Este costo es obligatorio porque la inscripción sólo se realiza online y a través de Ticketear, un mecanismo que fue implementado recién el año pasado.
“La cuenta nuevamente conservadora nos muestra que, además de los $ 1.500 millones y us$ 680 mil en inscripciones, Ñandú se lleva $ 225 millones y us$ 102 mil extra por el 15% que se queda Ticketear. O sea, recauda $ 1.725 millones y us$ 782 mil sólo en entradas a la carrera”, termina el texto.
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