De la mano de la superpoblación carcelaria crece el otorgamiento de las prisiones domiciliarias a mujeres. Una publicación del CELS y Yo No Fui alerta sobre la vulneración de derechos y la necesidad de políticas públicas sobre esos otros escenarios de encierro.
Para visibilizar realidades como la de Lorena, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y la organización Yo No Fui –con talleres y cooperativas para dar herramientas de formación y salida laboral a mujeres que están o estuvieron presas- acaban de publicar Castigo a domicilio, la vida de las mujeres presas en sus casas. Una situación que crece al ritmo de la superpoblación carcelaria: sólo en el ámbito del Servicio Penitenciario Bonaerense, entre enero y agosto de 2020 se otorgaron 1225 prisiones domiciliarias más que en el mismo período de 2019.
“En los últimos cinco años, sobre todo en la Provincia de Buenos Aires pero también a nivel federal, una población bastante grande empieza a cumplir la preventiva o la condena en su casa. Nos empezamos a preguntar cómo viven, qué pasa con esta forma de encierro. Es mejor que la cárcel, pero qué pasa con ellas está invisibilizado. Nos encontramos con una falencia importante de la falta de políticas específicas de género y específicas para la domiciliaria. Por eso decidimos mirar esta población en particular, para desromantizar la domiciliaria y que se dé en las condiciones en que se debe dar y para mostrar cómo es la persecución penal y su impacto en las mujeres”, resumió Macarena Fernández Hofmann, Investigadora del equipo Política criminal y violencia en el encierro del CELS, en diálogo con Tiempo.
“Prácticamente no hay ninguna política de acompañamiento a estas mujeres. Las que quedan en domiciliaria no pueden trabajar, no pueden generar dinero para sostenerse a ellas y su familia. El Estado no tiene una política específica para suplir eso que la cárcel de alguna manera cubre. Nadie piensa mucho qué pasa cuando una mujer no tiene la contención familiar: una mujer que no tiene red social o familiar para sostenerse muchas veces termina volviendo a la cárcel porque seguramente rompa la domiciliaria para poder sobrevivir”, advirtió Fernández Hofmann.
Con otra vara
La publicación del CELS y Yo no fui apunta a tres objetivos centrales: “Que el Poder Judicial mire cómo es el encarcelamiento de mujeres, porque muchas veces podrían estar en libertad, no con domiciliaria, pero siempre ‘primero la cárcel y después vemos’. Ese es el primer llamado. El segundo, que la justicia habilite los permisos necesarios”. El reclamo también apunta al Poder Ejecutivo ante la necesidad de políticas específicas, y al Legislativo por normativas como la Ley 26.472, por caso para que el derecho a la prisión domiciliaria no sea sólo para madres de menores de cinco años.
El libro muestra además cómo “acceder a la domiciliaria sigue siendo un problema, sobre todo por argumentos moralistas irracionales que siguen poniendo los jueces. Como la ‘peligrosidad’, o ser ‘mala madre’. A la mujer se la juzga con otra vara, si es buena o mala mujer: la idea de que la mujer delinca tiene un plus relacionado con la cuestión moral”, remarcó la investigadora, horas después del masivo reclamo del 8M por los derechos de mujeres y disidencias. Pero además, la vulneración de derechos sobre las mujeres presas –incluso en sus casas- se extiende sobre sus hijes: desde adolescentes que tienen que salir a trabajar para generar un ingreso para el hogar hasta niñas y niños pequeños que no pueden ni salir a la plaza porque sus madres no cuentan con autorización para dar una vuelta. Y tienen pánico de que la alarma de la tobillera chille y las devuelva al penal. “Para las mujeres pobres, que son las que están presas, la privación de la libertad recae sobre sus hijes, que también quedan en sus casas, a veces les adolescentes tienen que sostener la privación, salir a hacer compras, a trabajar. Eso queda invisibilizado detrás del castigo. Arrastra toda una situación detrás que tiene que ver con la niñez”, explicó Fernández Hofmann.
La denegación del arresto domiciliario con argumentos morales que cuestionan el rol de la mujer como madre –y la posibilidad que da la legislación de que una jueza o un juez la otorgue o no a discrecionalidad– lleva a situaciones como la de Sonia, detenida por mula, a quien el magistrado le dijo que si había soportado veinte días en Europa sin su nena, no era tan indispensable que estuviera con ella luego. Así, el juez usó el argumento de la “mala madre”: un estereotipo de género que afirma que la mujer que cometió un delito no puede cumplir el rol de madre. Además, esa postura no contempla que el 46% de las mujeres privadas de su libertad en Argentina lo están por alguna infracción a la Ley 23.737 (estupefacientes), un delito no violento y en el que recaen muchas mujeres en busca de una vía de subsistencia para sus hijas e hijos. La feminización de la pobreza y la falta de perspectiva de género, fenómenos que atraviesan casos como este.
La falta de políticas específicas y los obstáculos burocráticos llevan a que para estas mujeres, y sus niñas y niños a cargo, sea un problema un corte de luz (porque se desactiva el control sobre la tobillera), una emergencia médica (imposible conseguir una autorización veloz para ir a una guardia), ir diariamente a la escuela (hay casos de pérdida de escolarización por este motivo) y ni hablar de situaciones especiales y emocionalmente importantes, como la graduación o la fiesta de 15 de una hija, como la que Lorena tuvo que mirar por la ventana.
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