Lo afirma el abogado Manuel Luaces, magíster en Justicia constitucional por la Universidad de Bolonia, quien patrocina diversas causas contra empresas de medicina prepaga. Cuál es la situación actual y la situación con las empresas chicas que no están en globadas en la denuncia por cartelización.
Ante la gravedad de la situación, el Poder Judicial se vio inundado de causas para proteger a las personas más vulnerables de estos aumentos que las dejaban a la intemperie. En este contexto, el propio Gobierno que impulsó la suba desmesurada de los precios desregulando el sector definió que el Estado tiene que intervenir y lo hizo obligando a un grupo de empresas de medicina prepaga -que representan el 75% de los afiliados- a reajustar a partir de la próxima facturación los valores de las cuotas de sus planes de salud a diciembre de 2023, pasando a basarse en el Índice de Precios al Consumidor (IPC). La presentación ante la Justicia habla de presunta cartelización.
“Llegamos a esta situación producto del Decreto presidencial 70/23, claramente inconstitucional, que desreguló absolutamente el mercado de medicina prepaga. Antes, para solicitar un aumento la empresa debía pasar por el contralor previo de la Superintendencia de Servicios de Salud y basar ese requerimiento en una variación de la estructura de costos. Esto ya no corre más”, explica a Tiempo el abogado Manuel Luaces, magíster en Justicia constitucional por la Universidad de Bolonia, quien patrocina diversas causas contra empresas de medicina prepaga.
“El Gobierno Nacional aparece tarde, ya se fue del universo de medicina prepaga el 10% de los afiliados por no poder pagar. Pensando que el universo total engloba seis millones de personas, es una afectación grande”, señala el especialista.
Otro gran interrogante es quién controlará que las firmas cumplan, en un gobierno que descree del rol regulador del Estado. Y con despidos en áreas que tienen a su cargo esa tarea. Luaces resalta que “hay incertidumbre en relación a saber si el empresariado de las prepagas lo va a judicializar, porque lo pueden hacer; y cuestionar tanto la medida de tutela anticipada como la cautelar, ambas se pueden apelar con efectos devolutivos”.
Tanto él como otros abogados, presentaron amparos con medidas cautelares al respecto que salieron a favor pero “muchas veces tuvimos que recurrir a la Justicia penal porque había desobediencias de las órdenes judiciales”. En este sentido, expresa que “hay que seguir la situación de cerca, a ver si judicializan las prepagas y si acatan las refacturaciones como corresponde”.
Luaces asegura que el mercado de medicina prepaga liberado por el decreto 70/23 permitió incrementos por encima de la inflación que golpearon muy fuerte a tres poblaciones espacialmente vulneradas: discapacitados, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas. Los aumentos, en muchos casos, superaron el 200%.
“Para la Ley de Defensa del Consumidor, los adultos mayores y los discapacitados son consumidores hiper vulnerables, por lo tanto tienen un estándar protectorio mayor frente a cualquier situación”, asevera. Ante la Justicia, cada circunstancia es específica: “No era lo mismo una persona monotributista que un responsable inscripto, un jubilado que cobra la mínima que un jubilado que tiene una jubilación más alta y eso era muy importante también para probar el peligro en la demora”.
Igualmente no siempre son los mismos tiempos. El Juzgado de San Martín hasta hoy es el que más causas dictó contra prepagas, pero en otras regiones no sucede de igual manera. Y mientras denuncias a las prepagas avanzan, en otro tema sensible como la falta de entrega de medicamentos oncológicos por parte del Estado, los fallos en contra del gobierno escasean.
La tutela anticipada dispuesta por la Secretaría de Comercio tiene vigencia de seis meses, plazo en el que las empresas tendrán que ajustar los aumentos al índice de IPC tomando como base la cuota de diciembre.
En tanto que la medida cautelar presentada este miércoles por la Superintendencia de Servicios de Salud en la Justicia Federal aún no tiene resolución. Allí se pide a la justicia que retrotraiga los aumentos pero además que haya una devolución a través de siete cuotas sucesivas de lo cobrado de forma indebida.
Luaces menciona que la primera medida solo engloba el 75% del mercado porque repercute sobre los afiliados de las siete prepagas más grandes (que supuestamente actuaron de manera cartelizada), en tanto que la medida cautelar solicitada en la Justicia todavía no fue resuelta, pero en caso de resolverse abarcaría al 90 % de las empresas: “Por lo tanto hay un 10% de afiliados de empresas más pequeñas que por ahora no tienen clara cuál es su situación y nada dicen las resoluciones y estas medidas del Gobierno sobre los que tuvieron que dejar de pagar en estos meses por estos aumentos totalmente irracionales y se quedaron sin cobertura”.
Este jueves, un grupo de referentes de la Coalición Cívica presentó ante la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (CNDC) un pedido de ampliación de la investigación sobre presunta cartelización de las prepagas, con la intención de que, finalmente, lo dispuesto por el Gobierno respecto de las restricciones para las subas de cuotas no quede limitado a las siete entidades mencionadas en la resolución de la Secretaría de Industria y Comercio.
Este viernes se publicó la Resolución 483/2024 de la Superintendencia de Servicios de Salud que modifica diversas presentaciones de las entidades ante el organismo e incluye la presentación mensual del padrón de afiliados y la unificación de los cronogramas de presentación entre el padrón de Obras Sociales y Entidades de Medicina Prepaga, entre otros. De esta manera, se pretende un mayor contralor sobre las operatorias.
La tutela anticipada emitida por la Secretaría de Industria y Comercio obliga a reajustar a partir de la próxima facturación los valores de las cuotas de sus planes de salud a diciembre de 2023, ajustado por el Índice de Precios al Consumidor (IPC) a las siguientes empresas (que representan el 75 % de los afiliados):
También incluye a la Confederación que las agrupa, la Unión Argentina de Salud (UAS) y a Claudio Fernando Belocopitt, en su carácter de actual presidente de la firma Swiss Medical S.A. y del entonces presidente de la UAS.
Por otra parte, la medida cautelar que está pendiente de resolución abarca a las siguientes empresas:
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