Precios Justos: las empresas acusan suba de costos al 6% y se complica la meta de marzo

La inflación de diciembre promedió un 5,1% y puso en alerta al Ministerio de Economía y su plan para bajar el Índice de Precios al Consumidor (IPC) al nivel del 3% en marzo, un objetivo en el que se apoyan las aspiraciones políticas de la alianza en el poder de cara al desafío electoral de este año.

Sobre ese frágil escenario, el secretario de Comercio Matías Tombolini negocia con las fábricas de alimentos y otros productos de consumo masivo la futura lista del programa Precios Justos.

La secretaría aspira a que los operadores del mercado acepten autorizaciones de aumentos de entre el 3 y el 4%, pero las compañías piensan en subas del 6% promedio, según confiaron a Tiempo dos firmas que participan de ese diálogo.

El listado vigente vence recién dentro de un mes, pero tras el impacto de la noticia de diciembre la tendencia de la inflación y la incidencia real de Precios Justos fueron eje de debate toda la semana.

Tanto que el propio Tombolini se puso al frente de la difusión de las políticas que viene desplegando la dependencia a su cargo para contener la escalada.

En una entrevista que concedió el viernes a Radio Con Vos, el funcionario reconoció que el último dato del Indec generó preocupación y disconformidad puertas adentro de la administración nacional.

A la par admitió problemas con el cumplimiento de Precios Justos por parte de las empresas y aseguró que “el desafío más importante es que el producto esté en la góndola, que el abastecimiento se cumpla”.

Pero también se mostró cuidadoso para no confrontar públicamente con la contraparte empresarial; remarcó el interés del gobierno en reunirse con las empresas para escuchar sus argumentos sobre la situación de los precios minoristas y defendió lo que denominó como “la hoja de ruta de Sergio Massa”, para explicar que la prioridad de la política económica es asegurar en primer término “el orden fiscal y la acumulación de reservas”, como instancias previas a la estabilidad de los valores que se pagan en los comercios.

La oportunidad le sirvió también para revalidar el programa de precios de referencia con un nuevo guiño al sector privado: el listado de empresas participantes pasará de 358 a 482 compañías y las nuevas adhesiones se darán a conocer en los próximos días.

Acciones

En la misma línea discursiva, cuando se trata de explicar los aumentos o el desabastecimiento, el funcionario no mencionó temas como la concentración de los mercados, o la acción de operadores con posiciones monopólicas u oligopólicas, capaces de imponer precios por expectativas o por simple resultado de la puja distributiva. Tampoco hizo referencia a empresas puntuales.

En sentido general, admitió que la inflación supera la expectativa del gobierno y repasó una serie de acciones que se vienen desarrollando para contener las subas.

Entre ellas, destacó las fiscalizaciones que realiza el Estado en los canales comerciales, y la colaboración de cámaras empresariales, sindicatos y municipios.

Asimismo, dio cuenta de una ampliación del diálogo al sector de los autoservicios chinos, de mucha incidencia en la zona del AMBA, con los que se quiere determinar el rol de la distribución en los incrementos de alimentos, productos de perfumería y de limpieza, entre otros.

También defendió las multas de hasta $316,8 millones, que están vigentes para disuadir a los formadores de precios de subir en niveles violatorios de lo que se acuerda con el gobierno nacional en las mesas de negociación. Sin embargo, incluso sobre este tema, evitó chocar con las privadas al afirmar que “el Estado también tiene que cumplir con el flujo de insumos».

Pese a lo último, y en respuesta a críticas empresariales, expresó que los datos del comercio exterior contradicen las denuncias de supuesto estancamiento de los permisos para importar. Reconoció en cambio que otro desafío de la gestión es el criterio para ordenar las autorizaciones, y aseguró que trabaja con las cámaras para que prioricen la importación de bienes intermedios y de capital y reduzcan la compra de productos terminados o fabricados en el país.

Proyecto cajoneado

Nada dijo, sin embargo, sobre el Observatorio de Precios al que convocó el 22 de noviembre, pocos días de conocerse la inflación de octubre, que promedió un 6,3 por ciento. El espacio definió autoridades en reuniones iniciales, pero los integrantes no volvieron a ser convocados y no tienen mensajes de Comercio para el futuro, según contaron entidades de defensa del consumidor.

El observatorio se propuso como alternativa para “monitorear, relevar y sistematizar los precios y la disponibilidad de insumos, bienes y servicios, que son producidos, comercializados y restados en el territorio de la Nación”.

En su relanzamiento a fines de 2022 se convocó a participar a empresas privadas, lo que motivó la reacción de otros integrantes, que impugnaron la posibilidad para evitar el conflicto de intereses. «