“Por Úrsula y por todes”: un grito contra la justicia patriarcal y la responsabilidad estatal

La movilización y el repudio masivo que generó el femicidio de Úrsula Bahillo en Rojas no detuvieron a la violencia machista. En los últimos días otros femicidios se sumaron a la larga lista de 2021: en Formosa Mirna Palma fue asesinada a tiros por su expareja –miembro de las fuerzas de seguridad-; en Santiago del Estero las hermanas Silvia y Silvana Rojas fueron víctimas del ex de una de ellas; en La Falda se busca a Ivana Módica, desaparecida desde el jueves, y fue detenido su ex, oficial de la Fuerza Aérea.

“Por Úrsula y por todes”, el grito se replica con manifestaciones en todo el país. La convocatoria del colectivo Ni Una Menos para concentrarse ante los tribunales apunta al rol judicial y a la responsabilidad estatal. “Las consignas son por Úrsula, por todes, y en particular haciendo eje en la justicia y en que el Estado es responsable. Fundamentalmente porque en el femicidio de Úrsula observamos que todas las instituciones que tenían que atender la situación fallaron frente al acceso a la justicia”, remarcó Analúa Kelly, referente del Observatorio Mumalá en la Provincia de Buenos Aires, en diálogo con Tiempo.

“Si bien centralmente en Capital se plantea la movilización a Tribunales (Talcahuano y Viamonte, a las 17), en distintos puntos del país se van a estar haciendo distintas intervenciones y remarcamos también la urgencia de la declaración de la Emergencia Ni Una Menos. Lo presentamos hace tiempo y no es solo una proclama, contiene puntos específicos que se deben trabajar para que se ponga un alto a la violencia de género, que tienen que ver con la articulación de los distintos poderes del Estado y los distintos niveles del Estado, local, provincial y nacional”, detalló Kelly. El reclamo apunta, además, al rol del Ministerio de Seguridad y exige protocolos específicos para las fuerzas: “En la Provincia hay uno que rige desde 2012 y se estaba trabajando en actualizarlo, pero no es algo que sea de amplio conocimiento”, cuestionó Kelly. De hecho, el hashtag #FueraBerni forma parte de la convocatoria de Ni Una Menos.

“Una de las cosas bien importantes que detectamos es la falta de dispositivos electrónicos duales –explica la referente de Mumalá- Porque una de las cosas que falla es el monitoreo de las medidas cautelares que se les brinda a quienes pasan una situación de violencia. Después nadie monitorea qué pasa con eso, y muchas veces son reiteradamente violadas esas medidas y los dispositivos duales no llegan. Se monitorea muchas veces a la mujer con los botones antipánico. Sabemos que eso ayuda, pero no es solución. Hay que monitorear al violento”. Por eso el pedido concreto es por una “reforma judicial feminista”.

En el caso de Úrsula, el policía Matías Martínez había sido reiteradamente denunciado y se había impuesto una restricción perimetral, que no respetaba. El botón antipánico ni siquiera se le llegó a entregar a la joven. La furia y la movilización de las y los habitantes de Rojas incidieron, según Kelly, en que el reclamo por este femicidio trascendiera el escenario local y se convirtiera en una movilización a escala nacional, como pasó en su momento con casos emblemáticos como los femicidios de Chiara Páez o Lucía Pérez. Fueron casos en los que se salió a decir ‘basta’.

“La violencia de género es un elemento estructural, es parte de las relaciones en nuestra sociedad. El femicidio es su expresión más extrema y aparecen casos que pueden concentrar una historia que sensibiliza, que conmueve o tiene un impacto mayor en términos de la opinión pública, pero siempre son expresiones de cuestiones muy arraigadas, permanentes. El promedio de un femicidio cada 30 horas en nuestro país se sostiene hace tiempo, incluso después de las primeras movilizaciones de Ni Una Menos, que marcaron un antes y un después”, analiza Victoria Freire, socióloga feminista referente de Mala Junta y Coordinadora del Observatorio de Géneros y Políticas Públicas. “¿Qué pasa con la respuesta a este femicidio? Creo que nuestro país no es el mismo después de 2015 y las movilizaciones desde entonces, y en el caso de Úrsula hay una evidente falla del sistema judicial y de denuncias, que hoy es casi la única respuesta que se le da a una víctima: que tiene que denunciar. Expone las falencias de un Estado que no da otras respuestas y no responde a tiempo”.

Además, el caso de Úrsula “se cruza con la violencia institucional y el rol de las fuerzas de seguridad. Que la respuesta a la movilización en Rojas haya sido una represión también expone otro límite o falla estructural. Las fuerzas que no cuidan a la comunidad sino que constituyen una amenaza. Existe una recurrencia y una proporción estadística que corresponde a victimarios que son parte de las fuerzas o hicieron uso de un arma otorgada por una fuerza. Ahí se advierte otro límite, que tiene un resultado trágico”.

Según el Observatorio Mumalá, el 12% de los femicidios son perpetrados por miembros de las fuerzas. De acuerdo a un relevamiento del CELS, en la última década hubo 48 femicidios cometidos por agentes de seguridad en el Área Metropolitana Buenos Aires. Freire remarca la importancia los avances que hubo en estos años en materia legislativa –por caso, con la Ley Micaela- y la implementación de protocolos. Pero insiste sobre la necesidad de monitoreos civiles y con perspectiva de género para que esos avances no queden sólo en los papeles.