A falta de la prometida expansión de la red de subte, el gobierno porteño concentró todo su empeño en la construcción de carriles exclusivos para colectivos, el desaprovechamiento del espacio bajo tierra para disminuir la aglomeración de tránsito por una opción más visible pero menos significativa fue una decisión política.
Obviamente, este plan implicaba obtener la posesión de propiedades particulares mediante expropiación, por ejemplo para luego destruirlas, y para llevar a cabo esta operación debían indemnizar a los propietarios.
Este es el caso del edificio Marconetti, construido frente al Parque Lezama en 1929, y de los vecinos que allí habitan hace más de 20 años. Es necesario aclarar que la cantidad de años que llevan viviendo allí les da derecho sobre la propiedad, en tanto que han abonado los impuestos y servicios durante todo este tiempo.
La ley argentina dispone el derecho de usucapión para quien tenga posesión ostensible y continua de un inmueble. El gobierno porteño, sin embargo, pretendió eludir esta obligación con los vecinos y simplemente desalojarlos. Sin embargo, el 14 de julio de 2016 el juez Francisco Ferrer, titular del Juzgado Nº 23 del fuero Contencioso Administrativo y Tributario porteño, dispuso una cautelar que frenó el desalojo.
Si bien las medidas intimidatorias ya habían comenzado hacia mitad de año, cuando les cortaron el gas y les negaron la recepción de papeles para habilitar el ascensor, por ejemplo, la estrategia de acoso subió un peldaño más y en los últimos días, mediante una gambeta a la medida judicial, ha penetrado en los departamentos deshabitados, pero tapiados. Como termitas, han comenzado a demoler el edificio desde dentro. Los bronces, las antiguas pinoteas y grandes puertas de madera van siendo retiradas sin aprobación judicial mediante. Así, el gobierno de Rodríguez Larreta continúa evitando las negociaciones y el pago que les corresponden a los vecinos.
El proyecto de llevar el Metrobus desde Retiro a La Boca supone ensanchar Paseo Colón entre Humberto Primo y Martín García, en pos de eso no repara en eludir una medida cautelar de la justicia y el derecho de los vecinos afectados.
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