Por decreto, el gobierno avanza hacia la privatización del deporte argentino

Mauricio Macri tiene a la firma un decreto por el cual convierte la Secretaría de Deportes en una Agencia, deroga o al menos modifica cinco leyes votadas por el Congreso, abre el camino para la venta o alquiler de terrenos del Estado, y saca del medio a la Confederación Argentina del Deporte (CAD), una entidad centenaria que desde hace tres años enfrenta en la Justicia las políticas del Gobierno y el incumplimiento de leyes que fueron ampliamente debatidas hasta ser aprobadas, ahora caídas bajo la lapicera presidencial.

Quienes han podido leer el decreto que preparó el secretario de Deportes, Diógenes de Urquiza, junto a Fernando Marín, asesor de Macri en el área deportiva con cargo de subsecretario, sostienen que se trata de un avance privatizador por parte del oficialismo. No ponen el foco sólo en la conversión de la Secretaría a una Agencia del Deporte Nacional, un organismo descentralizado y autárquico que funcionará en el ámbito de la Secretaría General de la Presidencia. El asunto está, según el texto al que tuvo acceso Tiempo, en el artículo 5º que sustituye el artículo 15 de la Ley del Deporte y sus modificatorias, y establece que uno de los recursos operativos de la Agencia serán los ingresos provenientes de “ventas, locaciones y otras formas de contratación” de sus instalaciones, también de “contratos onerosos de concesiones, permiso de uso, locación, derechos publicitarios y comercialización de espacios publicitarios”, así como de “los fondos provenientes de la explotación de bienes y de los servicios arancelados”.

“Se viene una enajenación de activos”, dice una fuente que conoce los movimientos. A la venta que ya se da por hecha de los terrenos del CENARD, el Centro Nacional de Alto Rendimiento Deportivo, un lugar donde se formaron y crecieron los mejores atletas del país, se le agrega el temor por otros terrenos ubicados en Esteban Echeverría y Ezeiza, las 600 hectáreas en las que funciona el Centro Recreativo Nacional, compuesto por el Centro Nacional de Desarrollo Deportivo, el Centro Argentino de Deportes en la Naturaleza y un sector de pistas de ciclismo, BMX y patín. Esos terrenos siempre estuvieron en la mira de las grandes corporaciones inmobiliarias. El decreto es a todas luces un avance privatizador sobre el deporte. “Crear la posibilidad para alquilar insfraestructura deportiva atenta contra el desarrollo del deporte. Hoy lo que se necesita son programas del Estado”, le dice a Tiempo Claudio Morresi, ex secretario de Deporte durante el kirchnerismo, el funcionario que más perduró en ese cargo.

“El proyecto de creación de la Agencia fue consensuado entre De Urquiza –amigo de la adolescencia de Macri y cofundador con el presidente de la República de la Asociación Argentina de Pádel– y Fernando Marín –el consigliere de Mauricio Macri en el área deportiva– y está inspirado en la Agencia Córdoba Deportes, un ente mixto creado en 1999 por el gobernador José Manuel de la Sota a imagen y semejanza de modelos brasileños para conseguir dinero fresco y agilizar la administración en áreas relacionadas con la cultura y la juventud”, escribió esta semana sobre el decreto el periodista especializado Ernesto Rodríguez III en su sitio Ephecto Sports. “Córdoba Deportes –agregó- cuenta con un presupuesto fijo proveniente del erario público y puede generar convenios de publicidad o gestionar el acercamiento de empresas para engrosar sus números, aunque su principal activo es el alquiler del estadio Mario Alberto Kempes para espectáculos de toda índole que pueden dejar, en casos extremos como fue la presentación de Paul McCartney en 2016, el equivalente a u$s 2 millones, según reconoció Héctor Campana, el exbasquetbolista devenido en legislador provincial. Fuentes de la entidad cordobesa, con experiencia en ambos sitios del mostrador, reconocen que la posibilidad de gestión y la eficiencia dependen, en gran medida, de la capacidad e integridad de los gestores: si bien existe un Tribunal de Cuentas interno, los números son inhallables para el ciudadano medio en la web de Córdoba Deportes”.

En su avance por Decreto de Necesidad y Urgencia sobre el deporte, una práctica extendida hacia otras áreas, Macri deroga artículos de la Ley 20.655, conocida como Ley del Deporte, deroga la Ley 24.052 que creó la comisión de automovilismo y motociclismo deportivo, y hace lo mismo con artículos de las leyes 26.573 (Ente Nacional de Alto Rendimiento Deportivo, ENARD), 27.201 (Ente Nacional de Desarrollo Deportivo, ENADED) y 27.202 (nueva Ley del Deporte). Con la derogación de artículos de la ley que creó el ENADED lo que hace es eliminar la Asignación Universal por Hijo por Deporte, algo que el Gobierno ya había intentado hacer esto en la Ley de Presupuesto 2019 que envió al Congreso, pero tuvo que sacarlo. Ahora vuelve a la carga con un decreto. Desde que asumió, tal como contó Tiempo,  Macri nunca cumplió con la AUH por Deporte, destinada al desarrollo de los más pequeños en la práctica deportiva. Esta situación se tramita en la Justicia por una denuncia que realizó la Confederación Argentina del Deporte (CAD). Con el decreto, el Gobierno hace dos movimientos: deroga la AUH por Deporte y elimina a la CAD como entidad superior.

La CAD es un organismo que cumplirá su centenario en 2021. Como tuvo mucho centralismo durante el gobierno de Juan Domingo Perón, sufrió la intervención en las dictaduras que instauraron los golpes de 1955 y 1976. Ninguno, sin embargo, se atrevió a eliminarla. Ahora avanza sobre ella el macrismo. No es casual, se trata de una entidad que representa a 138 federaciones y que ha denunciado el incumplimiento de leyes y los sucesivos ajustes que el Gobierno impuso sobre el deporte. El año pasado, además, la actual comisión directiva que preside Rodolfo Paverini denunció a su antecesora por administración infiel debido a la venta de su sede, lo que provocó que hoy la CAD deba alquilar sus oficinas. Entre los denunciados hay un funcionario del gobierno, José García Maañón, director nacional de deportes.

“Un gobierno que tiene diálogo y se presume democrático podría en estos tres años preparar una ley, llevarla al Congreso, discutirla, y tratar de mejorar supuestamente las leyes que existen. Pero esto es producto del desastre económico que han hecho y de las necesidades de dinero que tienen para pagar la deuda”, comenta Morresi. “Hicieron recortes de una manera grosera. De 1300 millones de pesos que hubo de presupuesto en el deporte en 2016, con una inflación de 110 por ciento, para 2019 es de 990 millones cuando tendría que ser de 2500 millones. Con esos no pueden sostener varios programas. Y en el año de los Panamericanos de 2019 en Lima va a haber una situación de precariedad producto de los recortes, de los apoyos económicos, ni hablar de los programas de los deportes sociales”, agrega.

Entre los considerandos a la ley hay casi una confesión en ese sentido: “Que una de las premisas del Gobierno Nacional es lograr la utilización racional de los recursos públicos para potenciar una gestión más eficiente”, dice el texto. Un eufemismo para explicar el ajuste en el deporte nacional.