Políticas que trascienden la cuestión electoral

El pasado viernes un medio especializado publicó una extensa nota donde el ministro de Economía, Martín Guzmán, hace alusión a la complejidad de los problemas que nuestro país enfrenta.

De arranque expresó: “La razón por la cual debemos tener un acuerdo con el FMI es para resolver la situación dramática en la que dejó a la Argentina el gobierno de Juntos por el Cambio”. Es importante no perder de vista las responsabilidades en la génesis de una situación gravosa, que se está tratando de normalizar sin darle la espalda a la sociedad.

“Lo que debe hacerse es reestructurarse esa relación con el FMI vía un programa que permita refinanciar la deuda que tomó el gobierno de Juntos por el Cambio”, agregó. Una deuda que, como bien explicó, no tuvo su correlato en “reconstruir o potenciar las capacidades productivas”. Se utilizó para “financiar salidas de capitales (…) y pagar deuda a acreedores privados que ya estaba en situación de insostenibilidad”. Esto último además implicó cambiar acreedores privados, que deberían haber enfrentado en su momento quitas, por otro acreedor que según su estatuto no está habilitado para hacerlas.

Este es uno de los problemas clave que Argentina tiene por delante, y todo indica que poco a poco la discusión se va ordenando. Sobre el tema de la sobretasa, cada vez hay más acuerdos para incluirlas en el temario de lo que debe ser modificado. Serían entre 1000 y 1300 millones de dólares de ahorro por año. No implican una refinanciación, sino que son montos que se dejarían directamente de pagar.

También parece haber acuerdo en que se precisa un período extendido de gracia. Si bien desde algunos medios se sobredimensionó la frase del vocero del Fondo, Gerry Rice, respecto de que se está discutiendo un acuerdo de facilidades extendidas, que como máximo es a diez años, en nada llama la atención ya que es la línea de mayor plazo de la que dispone en la actualidad el Fondo. Y aunque no existen hoy líneas de mayor plazo, el gobierno no cesa en su intento de lograr alternativas superadoras, que van desde incluir una cláusula para que en caso de que se creen líneas más favorables en el futuro, nuestro país pueda acceder a ellas, hasta el fomento, junto con otros países, de la creación de un Fondo de Resiliencia y Sostenibilidad. Este fondo estaría constituido a partir de una parte de los Derechos Especiales de Giro (DEG) que distribuirá el FMI, sería voluntario y por parte de los países desarrollados que recibirán la mayor porción de los DEG. La idea es aplicarlo a los países de ingresos bajos y, como plantea nuestro gobierno junto al de México, a países de ingreso mediano con problemas de deuda.

Los dichos de Guzmán respecto al FMI pueden resumirse en esta frase: “Hacer lo que hizo el Gobierno anterior, negociar en tres semanas y de espaldas al pueblo argentino lleva a daños. Lo que estamos haciendo es involucrar al pueblo argentino vía el Congreso y dar las batallas que tengamos que dar en el frente internacional para que las condiciones para la Argentina sean las apropiadas.”

Se tranquiliza la economía

Por el lado de los precios, el Indec dio a conocer la inflación mensual de junio (3,2%), apenas por debajo del valor de mayo (3,3%). Sigue siendo un nivel elevado, aunque se ubica por debajo de los incrementos previos (superiores al 4%), y se retorna a lo ocurrido en noviembre pasado. Es preciso que se consolide esta dinámica a la baja. Vuelvo a repetir que no están dadas las condiciones que los manuales ortodoxos establecen como generadoras de inflación: se cumplen los criterios presupuestados en materia fiscal, monetaria; el dólar no impulsa a los precios, tampoco las tarifas y los salarios. Y si bien estos últimos han empezado a repuntar por la apertura de las paritarias, no es causa sino consecuencia de la suba de precios. Es decir, la inflación no la genera el Estado, como muchos analistas intentan sostener, es un problema de puja distributiva.

Todo indica que en el segundo semestre se consolidará la baja al ir logrando ganarle la pulseada a los principales formadores de precios, en base a todo un conjunto de medidas que ya se vienen adoptando, se siguen reforzando y requieren un seguimiento constante.

En la reunión del gabinete económico de esta semana, encabezada por Santiago Cafiero, Jefe de Gabinete de Ministros, se analizó, entre otras cuestiones, la marcha del programa Precios Cuidados. Según las estadísticas oficiales, “los bienes incluidos en este programa representan más del 10% del total de las ventas de los supermercados adheridos, mientras que la participación de estos productos se ha incrementado un 50% en lo que va de 2021. Respecto al nivel de abastecimiento en góndola, el cumplimiento de los productos incluidos en la canasta es superior al 80% y los precios acordados se respetan en un 99%, en las 54 principales cadenas de supermercados minoristas y mayoristas del país, lo que representa un total de 2.800 bocas de expendio”. Son herramientas importantes que está desplegando el Estado nacional.

La actividad económica sigue transitando a “dos velocidades”, con algunos sectores recuperándose, como el industrial, y otros que todavía siguen muy golpeados por la pandemia. Por ese motivo el Gobierno nacional “ha diseñado distintas políticas, entre ellas el REPRO”. Según el comunicado posterior a la reunión del gabinete económico comentada, para el mes de junio el REPRO 2 “asistió en el pago de los salarios a un universo de trabajadores en relación de dependencia e independientes cercano a las 557.000 personas, con un gasto total estimado en 10.400 millones de pesos (…). Más de la mitad de las personas cubiertas por el REPRO 2 se encontraban trabajando en empresas pertenecientes a sectores críticos. Asimismo, más de la mitad del empleo cubierto pertenece a empresas cuya dotación no supera los 50 empleados/as”. Estos datos dan cuenta de que está focalizado en ayudar a las pymes.

En este marco hay que incluir el bono extra en junio por 5.000 pesos para jubilados/as y pensionados/as que tengan ingresos de hasta 2 haberes mínimos, que alcanzaría a 6 millones de personas (el 83% del universo que cobra haberes). Según ANSES: “este bono se suma a los dos que se otorgaron en los meses de abril y mayo por montos de 1.500 pesos cada uno, cumpliendo la promesa de que jubilados/as y pensionados/as obtengan un aumento superior a la inflación y les permita paliar la situación hasta el mes de septiembre, en el que se otorgue un nuevo aumento por movilidad actualizado según la evolución de la recaudación y los salarios”. Respecto de la fórmula de movilidad, se informó que los aumentos de marzo y junio de 2021 alcanzaron al 8,07% y 12,12%. Estos porcentajes superan a los que se hubiese otorgado según la fórmula anterior (7,18% y 10,33%, respectivamente).

De confirmarse la tendencia a la desaceleración de los precios, en septiembre seguramente la actualización de haberes será superior a la inflación, ya que recibirá el impacto del crecimiento de los ingresos fiscales. A ello se suma el impacto positivo de la reapertura de las paritarias, que influye en el otro componente de la fórmula. De esta forma se refuerza el compromiso de que este año el ingreso de las jubiladas y los jubilados (al igual que el de las y los trabajadores) mejoren su poder adquisitivo. Una decisión política que, como tantas otras, forma parte de los ejes iniciales de esta gestión, impulsa la demanda y por lo tanto la producción, y, esencialmente, trasciende a la cuestión electoral.