Polémica convocatoria a una charla sobre adoctrinamiento escolar, en la Legislatura porteña

En el espacio de la Legislatura Porteña, mañana a las 18. se realizará una charla que bajo el título de Adoctrinamiento en las escuelas buscará indagar en el cruce de la educación y la política en los ámbitos escolares. Convocada por la Asociación Civil Ciudadanos Libres por la Calidad Institucional, de la misma participarán el licenciado en Ciencias Políticas, Gabriel Palumbo; el docente y especialista en ciencias de la educación, Favio Buccino; el investigador en el área de la comunicación, Adrián Iglesias; y el abogado Alberto Volpi. Este último es, junto con su colega José Lucas Magioncalda, uno de los referentes de la asociación convocante.

En la gacetilla que hicieron circular para informar del encuentro, se da cuenta de sus objetivos: “Entendemos que la cuestión del adoctrinamiento escolar debe ser abordada de modo interdisciplinario, a fin de comprender cabalmente los trastornos que dicha práctica genera en los distintos integrantes de la comunidad educativa, en el proceso de aprendizaje y en la formación de ciudadanos dignos de una democracia republicana, como la que establece nuestra Constitución Nacional”.

El propio Magioncalda amplió el alcance de la charla en un texto difundido a través del sitio web Tribuna de Periodistas. “La bajada de línea en las escuelas, por parte de docentes, es profundamente discriminatoria”, afirma, “porque el pensamiento único, sostenido y difundido desde el lugar de poder que otorga la docencia, importa una clara política de exclusión de las familias que no acuerdan con las ideas que pretenden imponerse, ni con la práctica misma del adoctrinamiento, sin importar cuales sean tales ideas”. El abogado utiliza como caso paradigmático el impacto que provocó en la sociedad la desaparición durante 79 días de Santiago Maldonado, que motivó a que algunos docentes abordaran el tema en la escuela.

Aunque no se dedica a trabajar exclusivamente sobre ella, la de la educación es una de las áreas que incluyen los diversos intereses la Asociación Civil Ciudadanos Libres por la Calidad Institucional, dedicada a realizar denuncias e impulsar causas de índoles diversas. Una de ellas consistió en exigirle al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires cumplir con la Ley de Vidrios Seguros en el espacio de las escuelas públicas, a fin de garantizar la seguridad de los alumnos que asisten a dichos establecimientos, causa que obtuvo un fallo positivo por parte de la Justicia.

Pero esta entidad no se dedica sólo a causas filantrópicas; es además una activa denunciante en distintos procesos de corrupción contra funcionarios del gobierno kirchnerista. Como responsable de presidirla, Magioncalda es conocido también por sus iniciativas polémicas y sus expresiones en redes sociales. Fue él quien a través de Ciudadanos Libres solicitó en 2016 a la Secretaría de Derechos Humanos que especificara la cantidad de desaparecidos durante la dictadura. El informe que entonces entregó el secretario Claudio Avruj indicó que los desaparecidos eran exactamente 7010 (aunque aclaró que “bajo ningún concepto” debía “considerarse este Registro como definitivo”). Dicho informe fue calificado como negacionista por parte referentes de la oposición.

Magioncalda y Ciudadanos Libres también estuvieron detrás de iniciativas como el amparo con medida cautelar contra el denominado «cepo cambiario» en 2012, o la denuncia de 2015 contra la entonces presidente Cristina Fernández por el “uso indebido de las cadenas nacionales”, bajo los presuntos delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público, abuso de autoridad, así como malversación de caudales públicos. Ambas iniciativas fueron desestimadas oportunamente.

Pero sus disputas no se limitan al ámbito del kirchnerismo. Recientemente Magioncalda tuvo un cruce con la responsable de la Oficina Anticorrupción, Laura Alonso, a quien acusó de mal desempeño de la función pública por haberlo bloqueado en redes sociales. El hecho ocurrió luego de que el abogado publicara un artículo en el que se enumeraban una serie de críticas y sugerencias para mejorar el funcionamiento de dicho organismo. El titular de Ciudadanos Libres sostuvo entonces que en tanto Alonso utiliza su cuenta de Twitter “con una clara finalidad pública”, impedirle a cualquier ciudadano el acceso a la misma equivale a un acto de discriminación.

Una de las últimas denuncias que Magioncalda patrocina a través de la asociación civil que encabeza es la que se presentó contra la presidente de Madres de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini, por instigación a la sedición e intimidación pública. La misma se apoya en un artículo publicado por el diario Clarín el 7 de septiembre, titulado Grave advertencia de Hebe de Bonafini: “Hay que parar el país hasta que estos digan basta”. Algunas semanas antes había cursado otra denuncia, esta vez ante el INADi, acusando a la presidente de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, de discriminar a partir de expresiones clasistas a uno de los denunciantes en la causa conocida como “De los cuadernos». A pesar de esta denuncia, en sus tuits Magioncalda no duda en utilizar adjetivos o frases agraviantes destinadas a sus adversarios políticos o directamente a quienes no comparten su linea de pensamiento. Así es como le recomendó «comprarse un cerebro nuevo» a los despedidos de la Anses, llamó «idiotas útiles» a los votantes de izquierda o se refiere de forma constante a la expresidente como «La Tirana».

Entre las labores que asume la Asociación Civil Ciudadanos Libres por la Calidad Institucional se encuentra también la de la investigación. Dentro de ese territorio se encuentra el acuerdo que la entidad firmó durante el pasado mes de abril con la Daia (Delegación de Asociaciones Israelitas de Argentina). El mismo tiene como finalidad investigar quién dejó entrar a los nazis al país y de qué manera lo hicieron. La firma de la iniciativa coincidió con el 80º aniversario del mayor acto nazi realizado fuera de Alemania del que se tenga registro, que tuvo lugar en el Luna Park en 1938. Los encargados de rubricar el acuerdo fueron el entonces presidente de la Daia, Ariel Cohen Sabban, y el propio Magioncalda en representación de la asociación que dirige. Apenas tres semanas después de celebrado este acuerdo, Cohen Sabban fue obligado a renunciar a su cargo luego de que Esmeralda Mitre, una de las herederas del diario La Nación, hiciera pública una denuncia en su contra por acoso sexual e intento de extorsión.

Pero Magioncalda también se encarga de agitar sus causas de manera personal. En su cuenta de la red social Twitter pueden encontrarse expresiones que abarcan un amplio rango de intereses, que van desde la detención de MIlagro Salas, los despidos masivos de trabajadores en el aparato estatal, los casos de Santiago Maldonado y de la maestra torturada en Moreno. A estos dos últimos los vínculo, afirmando que “después de lo que pasó con Maldonado, los ciudadanos tenemos derecho a dudar del caso de la ‘maestra torturada’. El gobierno, en cambio, debe investigar como si fuera cierto, y los que sin querer o queriendo adhirieron a la operación Maldonado, deberían ser más prudentes.” También se refirió a través de dicha red social al Grupo de Trabajo de la ONU que evaluó las condiciones de la detención de Salas llamándolo “grupo de tareas”, en referencia a los comandos militares encargados de secuestrar, torturar y desaparecer personas durante la dictadura.

Por su parte, a través de una iniciativa en la plataforma Change.org un grupo de personas apoyaron la autocandidatura de Magioncalda al cargo de Director General de la Agencia de Acceso a la Información Pública del Consejo de la Magistratura de la Nación. Para ocuparlo finalmente fue elegido el más moderado Eduardo Bertoni, conocido por su especialización en el campo de la protección de datos personales.