Interviene la Comisión Provincial por la Memoria, organismo que solicitó a la justicia marplatense que aparte a la Bonaerense de la causa que investiga el siniestro que dejó si vida a un joven motociclista.
“Pedimos encarecidamente que se investiguen los hechos que produjeron la muerte de Walter, tras una persecución policial en el barrio Lomas del Golf, en Mar del Plata”, relató Roberto Cipriano García, abogado y secretario ejecutivo de la CPM, durante el diálogo que mantuvo con Tiempo. Continuó asegurando que no es la primera vez “que el arma usada para matar es un patrullero”.
“Se trata de una situación que se repite con frecuencia en la provincia de Buenos Aires, territorio donde se produjeron catorce muertes en persecuciones por parte de la Policía Bonaerense durante 2021, es lo que pudimos registrar”, enumeró el secretario. Además, denunció que cuando sucedió el hecho “la Fiscalía desde el primer momento puso a investigar a la misma fuerza que cometió el delito”.
“Walter perdió la vida tras ser perseguido por un móvil de la comisaría 5ta de Mar del Plata y su acompañante resultó herido”, señaló García. También contó que, según la versión policial, “los motociclistas intentaron esquivar un control que buscaba identificarlos y la moto chocó contra un montículo de tierra”.
“Nosotros intervenimos en el caso y solicitamos informes a la justicia, pedimos que se aparte a la Policía Bonaerense de la investigación”, explicó el abogado. Siguió contando que “nuestro pedido llegó a la Fiscalía de Delitos Culposos -a cargo de Pablo Cistoldi- por tratarse lo ocurrido como un siniestro vial”.
“El fiscal dispuso que la investigación la lleve adelante la DDI -Delegación Departamental de Investigaciones- y apartó a la comisaría 5ta donde cumplen funciones los efectivos involucrados”, contó García. Sin embargo, no deja de ser parte de “la misma fuerza que participó en el delito, además incumple con lo estipulado en la normativa para estos tipos de casos, incluyendo la Resolución N° 1390 de la propia Procuración General de la Provincia de Buenos Aires”, se quejó.
“Por todo esto realizamos una denuncia penal, pedimos que se investigue minuciosamente el accionar de los policías involucrados”, aseveró el abogado. “Solicitamos a Auditoría de Asuntos Internos que tome medidas e intervenga en el asunto”, remarcó.
Walter era hermano de Lucas, un adolescente de 17 años que fue asesinado de un balazo en octubre del 2019. Sucedió mientras él perseguía en Toyota Corolla -junto a dos amigos- a unos jóvenes a los que acusaban de robarle la moto, aparecieron dos motocicletas y le dispararon en la cabeza y no hubo detenidos.
“Tenemos muchos casos, esta no es la primera vez que el arma homicida en un caso de uso letal de la fuerza es un patrullero”, aseguró García. También enumeró que de acuerdo a lo “pudimos investigar, entre 2016 y 2022 ocurrieron unos ochenta casos de persecuciones de similares características que tuvieron víctimas fatales”.
“Uno de los que más trascendió ocurrió en San Nicolás en junio de 2020, cuando un patrullero sin identificarse, sin usar la sirena y con las luces azules apagadas, atropelló y mató a dos jóvenes cuando intentaba detenerlos por circular durante el aislamiento social, preventivo y obligatorio”.
Se trata de Ezequiel Corbalán de 30 años y Ulises Rial de 25, quienes durante la madrugada del 1° de junio de 2020 fueron a comprar gaseosas a un kiosco de San Nicolás a bordo de una moto Corven 150 cilindradas. De repente, efectivos a bordo de una patrulla quisieron identificarlos, argumentando que los jóvenes estaban violando la cuarentena.
Ezequiel aceleró y los policías iniciaron un operativo, la persecución se extendió algunas cuadras hasta llegar a las calles Carbajo y Piaggio de San Nicolás. Allí, el patrullero chocó a la moto de frente en la parte izquierda y ambos motociclistas -que no tenían el casco puesto- cayeron contra el asfalto y murieron. La muerte de Ulises se produjo casi en el acto, y Ezequiel quedó internado en un hospital local hasta el viernes cinco de junio cuando falleció como consecuencia del siniestro.
El juicio terminó el pasado 27 de octubre de 2022. Se comprobó la responsabilidad del policía Pablo Nicolás Moresco por las muertes de Ulises y Ezequiel. Por eso el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 2 de San Nicolás -integrado por las juezas María Elena Baquedano, Laura Mercedes Fernández y el juez Alejandro Gabriel López- condenó al policía a la pena de 17 años de prisión por el delito de homicidio con dolo eventual y en concurso real. Sin embargo, el fiscal Darío Giagnori no solicitó su detención, por lo cual no hubo cárcel.
“Desde la Comisión hemos intervenido en docenas de casos de brutalidad policial en los últimos dos años”, recordó el secretario García. En todos estos hechos que menciona las fuerzas de seguridad “tuvieron despliegues muy violentos, arbitrarios e ilegales”.
Sergio Ceferino Miguel Martínez, Damián Antonio Aquino y Mauricio Walter Rodríguez Medina, son los tres imputados por la muerte del repartidor Néstor “Lito” Costilla, de 28 años, que ocurrió en octubre del 2020 en la ciudad de La Plata.
Los ex policías quedaron finalmente detenidos durante los primeros días del año, después de que la sala I de la Cámara de Apelación y garantías ratificara la decisión del juzgado de garantías de negarles la eximición de prisión. La orden de detención había sido librada en octubre pero la defensa de los imputados la había apelado.
Rodríguez, Aquino y Martínez, están acusados de perseguir a Costilla que iba en su moto a una velocidad moderada. Tras la investigación se supo que los policías estaban fuera de su jurisdicción y no había motivo para iniciar la persecución que culminó con la muerte de Costilla. Además se supo que los ex uniformados quisieron hacer pasar todo como un accidente.
“Durante la primera semana de enero, tras una serie de allanamientos, los tres policías se entregaron a la justicia”, reconstruyó el secretario de la CPM. Finalizó contando que el 29 de diciembre del año pasado la sala I de la Cámara de Apelación y Garantías, “resolvió negarles la eximición de prisión, ratificando lo ya antes decidido por el Juzgado de Garantías N° 5 a cargo de Marcela Garmendia. Ahora los ex uniformados deberán esperar el juicio en la cárcel”.
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