Piden indagar a CFK, Kicillof, Recalde y Alak en la causa Hotesur

El fiscal federal Gerardo Pollicita pidió una nueva indagatoria, con la aspiración de un nuevo procesamiento (o una ampliación del anterior), para la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, en un desprendimiento de la causa en la que es investigada por un presunto mecanismo para apropiarse por vía indirecta de dinero supuestamente proveniente de la corrupción en la obra pública en Santa Cruz.

El fiscal sostiene que la ex mandataria utilizó su poder sobre el control de Aerolíneas Argentinas para que esa empresa le alquilara habitaciones en el hotel Alto Calafate y, de esa manera, blanqueara dinero sucio. La hipótesis es más o menos similar a la que arguyó para pedir el procesamiento por las habitaciones que, según sostiene, fueron alquiladas pero nunca utilizadas ni ocupadas por empleados de las empresas de Lázaro Báez.

Pero con Aerolíneas hay una diferencia que no es menor: en este caso no hay dudas de que las habitaciones fueron ocupadas. La empresa aerocomercial de bandera efectivamente volaba a El Calafate, y sus comandantes, comisarios de abordo, azafatas y personal técnico se quedaban a dormir en esas habitaciones, como lo hacen en otros hoteles de todo el mundo una vez que el avión aterriza.

Pollicita (quien investiga esta causa junto con su colega de otro fuero, Ignacio Mahiques, hijo de un juez de Casación puesto allí a dedo por la mayoría oficialista del Consejo de la Magistratura y hermano del representante del gobierno en el propio Consejo) utilizó todo lo que tenía a su alcance para acusar y pedir la indagatoria.

Hasta ahora, ha funcionado en tándem con el juez Julián Ercolini, quien viene haciendo lugar a todos sus planteos. Este no parece destinado a ser la excepción. En otras palabras: asoma en el horizonte un nuevo procesamiento para la ex jefa del Estado.

“La presente pesquisa tiene por objeto investigar una nueva operatoria criminal mediante la cual durante más de siete años Cristina Fernández y los funcionarios de la aerolínea del estado habrían alquilado interesadamente y con total desapego a las reglas de transparencia y probidad con que debe manejarse el patrimonio público, miles de habitaciones del Hotel Alto Calafate perteneciente a la ex familia presidencial y que era administrado por los amigos y socios de los ex presidentes, Lázaro Báez y Osvaldo Sanfelice”.

La imputación concreta señala que “contrataron de forma interesada e ininterrumpida más de 26.000 habitaciones en el Hotel Alto Calafate, propiedad de la familia Kirchner, para el alojamiento de la tripulación en posta —escala de descanso— en la ciudad de El Calafate de la provincia de Santa Cruz, lo que implicó un beneficio económico de más de 16 millones de pesos y la ocupación constante y permanente del establecimiento hotelero”. Hay allí un reconocimiento explícito: los alquileres fueron reales.

Pero para los fiscales existió una connivencia espuria entre la ex presidenta y las autoridades de Aerolíneas, quienes “se apartaron deliberadamente de las normas internas que regulaban el proceso de contratación hotelera, con el objetivo de alquilar en nueve oportunidades —que se aprobaron y ejecutaron entre el mes de enero de 2009 y diciembre del año 2015— el Hotel Alto Calafate”.

Hoy, las habitaciones ya no son alquiladas a Alto Calafate. Pese a que ese hotel presentó el mejor presupuesto, el actual gobierno decidió contratar a otro, vinculado con la familia del jefe de Gabinete, Marcos Peña.

El dictamen sostiene, en lo que parece ser el eje de la imputación, que tanto CFK cuanto su antecesor, Néstor Kirchner, “siendo las personas más expuestas del país e imposibilitados de contratar abiertamente con la aerolínea del Estado a través de su propia empresa se aseguraron permanecer detrás del andamiaje societario diseñado, y por lo tanto, a resguardo de cualquier posible asociación a su persona y aparentemente ajenos a los beneficios que implicaba que la aerolínea del Estado contratara su complejo hotelero”.

Los funcionarios de AEROLÍNEAS ARGENTINAS, de este modo, se garantizaron que su interés particular pasase desapercibido con la
intermediación de personas jurídicas que aparentaban ser neutrales e independientes, oficiando indistintamente “como uno más” de los múltiples contratistas del Estado.

Si esa es la acusación, ya hay un antecedente para cuando cambien los tiempos políticos esperar por idénticas razones a funcionarios del actual gobierno por Comodoro Py 2002. 

Para los fiscales, en el caso del hotel administrado por Hotesur “los tripulantes de AEROLÍNEAS ARGENTINAS le garantizaban un flujo real de
ocupantes, en contraposición, a los contratos simulados por el alquiler de habitaciones en el referido hotel que eran celebrados con las empresas del GRUPO BÁEZ para justificar en los papeles el flujo de fondos que por esta vía eran blanqueados.

Aerolíneas también contrataba otros hoteles, en la Argentina y en el resto del mundo, para sus tripulaciones en vuelo. No hay noticias de ninguna otra investigación en similar sentido. 

Para los fiscales, la ex presidenta “conformó dentro de la estructura del Poder Ejecutivo a su cargo un órgano bajo su dependencia y con personas que eran designadas directamente por ella, que desde el año 2008 en adelante llevarían a cabo como mandatarios de aquella, el gobierno y la administración de AEROLÍNEAS ARGENTINAS en un mecanismo espejado en el que la ex presidente nombraba por decreto a los miembros de la U.A. y éstos se presentaban en las asambleas de la empresa —en donde el Estado cuenta con más del 99% del capital accionario—, se nombraban a sí mismos en el órgano de administración y se aprobaban entre ellos su propia gestión”.

Los fiscales acusaron a Julio César Alak y Mariano Recalde, “nombrados por la ex presidente para ocupar los cargos más importantes de
AEROLÍNEAS ARGENTINAS— se encargaron de que la empresa del Estado, cuya administración les había sido confiada, contratara
ininterrumpidamente el Hotel Alto Calafate de la firma HOTESUR, que pertenecía a Néstor y Máximo KIRCHNER y que con el fallecimiento del
primero en octubre del año 2010, quedó en poder de la propia presidente de la nación y de sus dos hijos, Máximo y Florencia KIRCHNER”.

El pedido de indagatorias comprende a la ex presidenta, Alak, Recalde, el ex ministro de Economía Axel Kicillof y los empresarios Lázaro Báez
y su hijo Martín, y Osvaldo Sanfelice, entre otra decena de imputados.