La dura batalla del presidente de Colombia para depurar la Justicia: "Las mafias no quieren perder control de secciones enteras de la fiscalía". Apoyo popular de sindicatos, estudiantes e indígenas. Sospechosa tensión en las manifestaciones. Antecedente: su destitución cuando fue alcalde de Bogotá.
El presidente pretende que se designe a alguna de tres candidatas propuestas y se niega a que la vicefiscal, Martha Mancera, suceda a Barbosa, por serias acusaciones en su contra. Tras postergar la elección para el 22 de febrero, el Tribunal Supremo del país denunció un «bloqueo violento e ilegal» y el «asedio» de manifestantes, en el marco de un masivo apoyo a Petro de sindicalistas, estudiantes e indígenas, que se expresaron el jueves en Bogotá y otras ciudades. Por la situación violenta frente al Palacio, 22 jueces debieron ser retirados con custodia en medio de un fuerte dispositivo de seguridad. «La Corte Suprema de Justicia rechaza enfáticamente el asedio de las últimas horas al Palacio de Justicia de la capital de república. Es inaceptable que se llegue a sitiar a jueces», dijo a medios el presidente del alto tribunal, Gerson Chaverra, uno de los evacuados.
Los manifestantes habían rodeado la sede judicial y bloquearon el acceso al edificio donde se encontraban los jueces. Al final de la tarde, policías antidisturbios dispersaron con gases lacrimógenos a la multitud. Algunos respondieron lanzando piedras, aunque el disturbio se disipó rápidamente. Hubo medios que se hicieron eco de una información falsa sobre un supuesto rescate en helicópero a los magistrados, que el propio Petro se encargó de desmentir. Esa misma tarde, el Tribunal anunció que ninguna de las candidatas propuestas había conseguido los 16 votos necesarios para asumir el cargo. La falta de consenso favorece a la vicefiscal, quien ejercerá esa función a partir de mañana y hasta que los magistrados elijan a un nuevo titular. Eso generó una escalada en el ánimo de los manifestantes, que se habían convocado pacíficamente hasta entonces.
«La Corte Suprema tiene el derecho y el deber de elegir fiscal libremente, y la ciudadanía tiene el derecho de manifestarse», dijo Petro, ante las acusaciones de intentar promover un caos social. El presidente de Colombia recibió ese mismo día un sorpresivo apoyo del Secretario General de la OEA, Luis Almagro, quien habitualmente ha apoyado campañas judiciales contra dirigentes de izquierda y progresistas. «La Secretaría General condena y repudia las amenazas de interrupción del mandato constitucional del presidente Petro», dijo en un comunicado.
El ataque judicial
La disputa actual entre el presidente que encabeza un movimiento progresista que rompió la tradición histórica de gobiernos de derecha y extrema derecha en Colombia, se profundizó cuando el fiscal Barbosa impulsó una investigación en su contra por aportes de campaña de un sindicato docente que habrían violado los topes establecidos por ley, según la fiscalía. Para Petro se trata de una «ruptura institucional» y de un intento de derrocarlo. Y comparó la distinta vara en su caso y el presunto aporte de un narco a la anterior campaña de Iván Duque. «No es lo mismo la contribución a partidos políticos de un narcotraficante como alias ‘el ñeñe’ que la del sindicato de maestros; a la contribución de ‘el ñeñe’ la calificaron como legal, a la del sindicato de profesores la califican de ilegal porque somos progresistas», aseguró el presidente al comenzar la investigación, los primeros días de febrero. «Esta ruptura institucional ha llegado al máximo desespero, porque las mafias no quieren perder control de secciones enteras de la fiscalía que he puesto en peligro por haber presentado una terna de mujeres decentes», dijo. Petro postuló a las juristas Ángela María Buitrago, Amelia Pérez Parra y Luz Adriana Camargo, ninguna de las cuales logró hasta ahora el consenso necesario para asumir la titularidad de la Fiscalía General.
La vicefiscal que ejercerá el cargo principal desde la salida de Barbosa fue acusada por informes de prensa de haber encubierto y protegido a un exfuncionario a quien se vinculó con organizaciones narcos. El documento que probaría esas relaciones y que Mancera había negado fue exhibido el fin de semana pasado por la prensa local.
Para Petro «las acusaciones graves y los indicios mostrados por la prensa son respetables para mí y hacen que lo conveniente para el país es que eso (la asunción de Mancera) no suceda».
Las suspicacias de Petro sobre los movimientos del Poder Judicial no son antojadizas. En 2013, a casi dos años de haber asumido como alcalde de Bogotá, fue destituido con la acusación de administración fraudulenta por contratos con empresas de aseo en la ciudad. Petro no pudo regresar al cargo para el que había sido electo con el voto popular y además fue inhabilitado por 15 años, pero en 2020 la Corte Interamericana de DD HH dictaminó la inexistencia de irregularides en el proceder del funcionario y la violación de sus derechos políticos por parte de la Justicia.
El presidente de Colombia, Gustavo Petro, está resuelto a cumplir con la reforma agraria contemplada en el Acuerdo de Paz suscrito en 2016, que ninguno de los gobiernos anteriores, el de Juan Manuel Santos y el de Iván Duque, pudo concretar. Petro se comprometió, ante el Consejo de Seguridad de la Organización de Naciones Unidas (ONU), a cumplimentar una cláusula sustancial del acuerdo que implica avanzar en entrega y titulación de tierras a campesinos que tras el retiro de las organizaciones armadas de los territorias habían quedado indefensos y sin posibilidad de reconvertir su medio de sustento.
«Con la política de Paz Total, gobierno busca contrarrestar las economías ilícitas y la reactivación de la violencia en los territorios que debieron ser ocupados por el Estado», dijo Petro en la reunión con los 15 representantes del Consejo de Seguridad, en la Casa de Nariño, sede del gobierno.
En el mismo sentido, el gobierno de Petro logró entablar negociaciones con el grupo armado Segunda Marquetalia, una disidencia de las extintas FARC encabezada por el guerrillero Iván Márquez, según se anunció el viernes, en el marco del programa de «paz total» que impulsa el presidente.
El Alto Comisionado de Paz, Otty Patiño, y el propio Márquez –cuya sobrevivencia fue puesta en duda varias veces por las autoridades colombianas– suscribieron el comunicado en el que confirmaron el inicio formal de este «proceso de diálogos sociopolíticos» y comunicaron que se pactó «desarrollar de manera inmediata acuerdos previos para el desescalamiento del conflicto y puesta en marcha de transformaciones para la construcción social y ambiental del territorio, definición de agenda y protocolos de negociación».
También solicitaron a los Gobiernos de Noruega, Cuba y Venezuela «sus buenos oficios para el desarrollo de este proceso» y al representante especial del secretario general de la Organización de Naciones Unidas en Colombia y a la Conferencia Episcopal de Colombia «su acompañamiento».
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