Una misión de la CIDH llegará este martes al país “para observar la situación de derechos humanos”, que vive una profunda crisis institucional y política.
«Se ha aprobado en el Consejo de Ministros un decreto supremo que declara inmovilización social en Puno por el plazo de tres días, desde las 20 hasta las 4 de la mañana», anunció el jefe de Gabinete, Alberto Otárola ante el pleno del Congreso.
La cifra de víctimas fatales fue aumentando desde la tarde de ayer y aunque el último informe de la Defensoría del Pueblo habló de 17 muertos, el número llegó a 18 con la confirmación de que también murió un policía, cuyo cuerpo calcinado fue encontrado hoy en la urbanización Tambopata.
De un total de 40 heridos graves que había anoche, 5 personas se sumaron a la nómina de muertos, en su mayoría por impactos de proyectil, según detalló un responsable sanitario del hospital Carlos Monge.
«Lo que está pasando es una matanza entre peruanos, les pido calma, no se expongan», exclamó el alcalde de Juliaca, Oscar Cáceres, en un llamado desesperado a la población a través de la radio La Decana de esa localidad.
En su presentación ante el Congreso en busca del voto de confianza al gabinete, Otárola detalló que “la inmovilización social obligatoria” -como llamó al toque de queda- se impone para “salvaguardar” la vida e integridad de los ciudadanos, tras los actos vandálicos y enfrentamientos de ayer.
La medida, insistió, es “en salvaguarda de la vida, de la integridad y de la libertad de todos los ciudadanos”.
Otárola también anunció que la presidenta Dina Boluarte declaró duelo nacional laborable para mañana, en señal de respeto a las 45 víctimas mortales que se produjeron durante las protestas iniciadas tras la destitución de Pedro Castillo de la presidencia, el 7 de diciembre.
Y reiteró que “para mitigar el dolor de las familias de las personas que perdieron la vida o resultaron gravemente heridas durante los ataques y revueltas en torno a las marchas de protesta ocurridas en diversas ciudades, el Gobierno va a aplicar un programa de apoyo a las familias de las víctimas”.
Anoche, un grupo de manifestantes incendió la vivienda del congresista Jorge Luis Flores Ancachi, en la ciudad de Ilave, provincia de El Collao, en la región de Puno, según confirmó el legislador al portal RPP Noticias.
Flore Ancachi señaló que el atentado causó graves daños a los bienes de sus parientes, ya que la casa les pertenece a sus padres y a su hermana, y anunció que no se quedará “con los brazos cruzados” al mencionar que ha identificado al presunto responsable.
Otros grupos ingresaron a las instalaciones de Plaza Vea en los distritos de Puno y Juliaca para saquear productos y hasta intentaron sacar un auto empujando desde el interior de un centro comercial.
El gobierno regional de Puno, fronterizo con Bolivia, decretó hoy tres días de duelo en toda su jurisdicción «en razón a los trágicos sucesos ocurridos en la provincia de San Román», donde se encuentra Juliaca, para «aunarse al dolor de las familias dolientes y solidarizándonos con la población afectada», señala un decreto publicado con la firma del gobernador Richard Hancco Soncco.
Las protestas tuvieron una pausa por las fiestas de fin de año y se reanudaron el miércoles pasado.
Las violentas acciones de ayer empezaron cuando unas 2.000 personas intentaron tomar por asalto el aeropuerto de la ciudad de Juliaca, ubicada 1.300 kilómetros al sur de Lima.
«Hoy, más de 9.000 personas se aproximaron al aeropuerto de Juliaca y aproximadamente 2.000 de estas iniciaron un ataque sin cuartel contra la policía y las instalaciones, utilizando armas hechizas (armas improvisadas) y con doble carga de pólvora, generando una situación extrema», dijo a la prensa el jefe de gabinete Alberto Otárola.
El aeródromo está bajo resguardo policial y militar. Un intento de toma similar había ocurrido el sábado, pero sin muertes.
La Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas (Sutran) informó en su perfil de Twitter que 53 puntos en seis regiones del país se encuentran con tránsito interrumpido.
La mayoría de los bloqueos se producen en Puno y entre los puntos bloqueados está la autopista hacia Desaguadero, uno de los pasos principales de comunicación con Bolivia.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) informó ayer que visitará Perú entre mañana y el viernes «para observar la situación de derechos humanos», en un momento de profunda crisis institucional y política en el país.
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