Perroni dejó en evidencia políticas de exclusión que potencian el delito

Por: Federico Trofelli

El jefe de la Bonaerense sorprendió con declaraciones que vinculan el aumento de robos y asaltos con el "apremio económico". El contraataque de Bullrich.

La corporación de hombres de azul tomó como propias las palabras de su jefe, Fabián Perroni, quien se quejó de la denominada «puerta giratoria» y vinculó el delito a la exclusión y la pobreza. Pero produjo el efecto contrario, aunque con diferentes matices, entre los funcionarios de los gobiernos nacional y provincial: por un lado, Patricia Bullrich lo reprendió, mientras que Cristian Ritondo lo consintió. Las estadísticas a las que pudo acceder Tiempo apoyan parcialmente la tesitura del líder de la Bonaerense.

El jueves, unas horas antes de que los intendentes del Conurbano plantearan en conferencia de prensa la necesidad de municipalizar las policías locales, Perroni introdujo sorpresivamente el tema en la agenda mediática y pública al atribuirle a la creciente inseguridad dos orígenes.

El primero que mencionó no es noticia: «La violencia permanente que es producto de la droga. No estoy diciendo nada nuevo». Pero al explayarse sobre el segundo, hasta su interlocutor, el periodista Luis Novaresio, se sorprendió: «Hay un problema social, obvio, que hace que la persona que tenga la necesidad de comer, por definirlo de alguna manera, delinca».

El jefe de la Bonaerense destacó que gracias «al trabajo de prevención y la implementación de diferentes estrategias hemos logrado bajar los delitos más graves, los delitos complejos», pero «hay una situación social» que impediría bajar las tasas de inseguridad en el suelo de la gobernadora María Eugenia Vidal. «El delito más simple aumenta –se explayó Perroni–, y es sobre el que más estamos trabajando. Hay gente que delinque que es la primera vez que lo hace porque hay una necesidad».

El comisario general fue, incluso, más allá al argumentar que lo hacen «por un apremio económico». Y reconoció: «Los delitos que menos están bajando son esos: el robo, el hurto y el asalto. Hay un trabajo desde el Ministerio de Seguridad sobre las zonas calientes para bajarlos».

Al día siguiente, la ministra de Seguridad Patricia Bullrich salió al cruce. «La verdad es que los policías hablando de política son un poquito… me parece que su declaración no fue muy feliz, en primer lugar, porque la pobreza en la Argentina bajó, y en segundo porque estamos haciendo una intervención en los barrios más complicados con el plan Barrios Seguros y con planes en todas las provincias, y hay una baja en los homicidios que tiene mucho que ver con esas intervenciones», aseguró la funcionaria desde Washington, donde organizan cómo el país debe prepararse para la Cumbre del G-20 de noviembre.

«Tenemos buenas cifras: 11,5% menos de robos, 21,5% menos de homicidios, más de 200% de crecimiento de decomisos de droga, 42% más de presos por narcotráfico», puntualizó Bullrich. Este diario pudo saber que es cierto que se redujo la cantidad de homicidios en territorio bonaerense: en 2016 se iniciaron 3648 causas contra 3430 del año pasado. Sin embargo, la ecuación fue diferente según la jurisdicción: en La Matanza hubo 338 en 2016 contra los 341 de 2017; lo mismo ocurrió en Quilmes (subieron de 302 a 321) y en San Nicolás (de 95 a 99). Vale aclarar que cada expediente puede representar más de una víctima fatal.

Por caso, fuentes de la Fiscalía General de Moreno desmintieron la lectura de Perroni y Bullrich de que el delito complejo descendió. «En 2017 detectamos un 30% más de causas por narcotráfico, tanto en denuncias como de causas elevadas a juicio», indicó un vocero judicial que graficó que en 2016 hubo 25 mil expedientes, y un año después, unos 33 mil. «Sobre todo aumentaron los delitos sexuales y los vinculados al narcotráfico», sentenció.

«Para mí que Perroni hizo una lectura social más que policial del asunto», explicó a Tiempo un fiscal de Morón. «Si bien la mayoría de las personas que delinquen son de una posición media-baja –reflexionó–, hay personas de una clase media que se resiste a dar un paso atrás y entra en el mundo del delito. Vimos casos de empleados a los que el sueldo no les permite mantener la casa, el auto e ir a bailar, y entonces empiezan a vender drogas».

El cura Francisco «Paco» Olveira, referente del Grupo de Curas en Opción por los Pobres con anclaje en la Parroquia de la Isla Maciel, celebró las palabras de Perroni: «Bienvenido que, por lo menos, haya personas que estén poniendo blanco sobre negro lo que está pasando en este país. Me sorprendió que saliera de un jefe de policía, pero la realidad es que muchas veces la pobreza genera esto. Te lo dicen los libros, los sociólogos, y uno lo ve día a día en nuestros barrios».

Antes de cerrar la charla con Novaresio, Perroni dijo que «por primera vez, a pesar de todos los años de gestión que tengo, siento una gobernadora que nos apoya de verdad y un ministro que está en la trinchera con nosotros». Quizá por eso, Ritondo poco después relativizó la respuesta del comisario: «Su respuesta no fue clara al referirse a décadas de marginalidad y de falta de voluntad del Estado para enfrentar a las mafias, pero sí está claro su gran compromiso con este gobierno para producir un cambio profundo de esta situación». «

Intendentes insisten con el traspaso

Un grupo de intendentes peronistas insistió esta semana en pedirle a la gobernadora María Eugenia Vidal que traspase el funcionamiento de las policías locales a los municipios. Con Verónica Magario, de La Matanza, en el centro de la escena, los alcaldes presentaron un nuevo proyecto de ley que prevé que la Provincia traspase los fondos necesarios para sostener a estas fuerzas de seguridad comunales.

El reclamo no es nuevo. Durante la gestión de Daniel Scioli, la Legislatura bonaerense no avaló la iniciativa y el gobernador avanzó con un decreto que dejó una norma «a mitad de camino», según las palabras del exintendente de Morón, Lucas Ghi, uno de los impulsores del proyecto que contemplaba que la flamante fuerza dejaría de depender políticamente de la provincia.

«Pagamos el combustible, los equipamientos y los edificios. Lo único que no pagamos son los sueldos de los efectivos, pero no tomamos decisiones», se quejó Magario, quien días atrás fue blanco de los ataques del macrismo, cuando pretendieron achacarle responsabilidad en el crimen del colectivero Leandro Alcaráz.

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