Las fundamentaciones de la acusación estuvieron a cargo de la parlamentaria Cecilia Britto, jefa de la Delegación Argentina y del reconocido e histórico constitucionalista Jorge Vanossi, parlamentario aliado al peronismo en esta emergencia. La contundencia de las afirmaciones y sobreabundancia de pruebas, finalmente corroboradas con la negativa de la Comisión uruguaya de determinar la pertinencia de su pedido de asilo político, dejó en evidencia no sólo la soledad de Pepín, sino también la torpeza de haber huido de Argentina para no afrontar su comparencia judicial. La propuesta de separación del cuerpo tuvo en la comisión un solo voto en contra.
Rodríguez Simón, asesor de Macri y reconocido operador judicial de Cambiemos, saltó a la fama cuando huyó de Argentina y pidió asilo en Uruguay: es reclamado por la justicia de su país para brindar sus descargos en causas que lo comprometen, y donde ya hay procesados, al tiempo que empiezan a salir a la luz tropelías diversas que lo tienen como protagonista.
El vicepresidente del Parlasur, Oscar Laborde calificó de “canalla y cobarde” a Pepín Rodríguez Simón, para caracterizar la conducta del abogado de Macri. Habrá que ver el 13 si se presenta y si lo hace, qué es lo que declara.
El periodista Néstor Esposito publicó días atrás en Tiempo Argentino un interesantísimo artículo donde detalla el endiablado laberinto jurídico que fue utilizado por eruditos violadores de toda norma -como el caso del abogado macrista- que constituye un excelente agujero negro cósmico en el que se perderá toda posibilidad de alcanzar justicia alguna vez. Si no hay un poco de decencia y cierta honradez, no hay manera que jueces de escaso compromiso puedan “dar a cada uno lo suyo”.
La Comisión del Refugiado de Uruguay admite múltiples apelaciones. Pepín podrá apelar a todas las situaciones que la Constitución uruguaya establece para la prosecución del trámite, demorando siempre los plazos y complejizando el expediente hasta el paroxismo, bajo el agobio de la burocracia administrativa. Si supera todo eso, recién entraremos en la trama judicial uruguaya, que finalmente podrá ampararse en que la Constitución dice que no aplica la extradición para delitos políticos o aquellos comunes que pudieran ser conexos a los políticos. O sea nunca. Y ese es el argumento de Pepín para los tribunales uruguayos: que lo acusan por delitos asociados a la persecución política. Además, los tratados de extradición entre los países del Mercosur no admiten los considerados delitos políticos. Todo es más complicado que esta síntesis: lo cierto es que el prófugo Pepín, con pedido de captura internacional por Interpol, estará el 13 de septimbre presencialmente en el edificio del Parlasur.
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