En un inesperado giro político, el presidente peruano avanzó en lo que había sido su principal promesa de campaña: convocar a una consulta para poder redactar una nueva Constitución que reemplace a la de Fujimori de 1993.
En la propuesta del mandatario se incluirá una cédula en la que se preguntará: «¿Aprueba usted la convocatoria de una Asamblea Constituyente encargada de elaborar una nueva Constitución Política?».
La actual Carta Magna, impuesta por el dictador Alberto Fujimori en 1993, no permite la convocatoria de una Asamblea Constituyente, por lo que la iniciativa de Castillo contempla también una reforma constitucional previa a fin de incluir un nuevo artículo que avale la activación de los mecanismos para una Asamblea.
Su avance no será sencillo ya que Castillo no cuenta con mayoría en el Parlamento.
«La elaboración y aprobación del proyecto de nueva Constitución está a cargo de una Asamblea Constituyente elegida por el pueblo, cuya propuesta de texto constitucional es sometido a referéndum popular ratificatorio», es el texto que el gobierno busca añadir a la actual Constitución.
Así, el texto enviado por Castillo y el jefe del gabinete, Aníbal Torres, a la presidenta del Parlamento, María del Carmen Alva, incluye que el proyecto tiene «carácter de urgencia» por lo que debe ser tratado «con preferencia por el Congreso».
«Aquí nadie es ingenuo, sabemos bien lo que quiere. Desde el primer día se sabía que el objetivo era cerrar el Congreso», objetó Alva en alusión a un proyecto que considera «inviable».
La jefa del Congreso, del opositor Acción Popular, de centro, rechazó en esos términos el anuncio de Castillo.
«Estamos tratando de que esto no se vuelva ni Cuba ni Venezuela; el objetivo de este gobierno es cerrar el Congreso y sin Congreso no hay democracia», señaló.
El oficialismo culpa a la actual Constitución, promulgada en 1993 por el entonces presidente Alberto Fujimori, de promover las inequidades económicas que sufre Perú, porque consagra un modelo de libre mercado.
Castillo asumió el poder en julio de 2021 y entre sus promesas de campaña estaba el cambio de la Constitución de 1993.
Alva explicó que los sucesivos votos de confianza del Legislativo a los diferentes gabinetes ministeriales presentados por Castillo -van cuatro desde su asunción- estuvieron condicionados a que el presidente no tenga “luz verde”, porque, si no, «ya no existiría el Congreso».
Cuando asumió, en julio del año pasado, Castillo adelantó que impulsaría una reforma, y en noviembre último envió al Congreso un proyecto de ley para modificar cinco artículos de la Constitución para eliminar la incapacidad moral como causal para la destitución de un presidente y modificar la llamada cuestión de confianza hacia los integrantes del gabinete.
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