Se trata de siete funcionarios imputados por los abusos cometidos contra dos hermanos en 2019. También solicitarán seis años de prisión por encubrimiento para el comisario a cargo.
Lema informó que “los acusados de torturas son un subcomisario, una subinspectora, un oficial, tres suboficiales hombres y una suboficial mujer», lo que representa «todos los empleados de la comisaría de Sunchales”. “Las torturas fueron realizadas dentro de la dependencia policial y los acusados actuaron al amparo de su investidura”, señaló la fiscal, que añadió que “tal fue su conciencia de impunidad, que actuaron frente a una mujer que estaba detenida y no les importó su presencia”. “Los acusados llevaron a cabo su accionar delictivo entre las 5 y las 6 de la mañana del viernes 18 de octubre de 2019 en el interior de la sede policial ubicada en avenida Belgrano al 300”, precisó la fiscal, en tanto «los torturados son dos hermanos que habían sido legalmente privados de su libertad”.
Lema afirmó que “las víctimas sufrieron graves tormentos físicos y psicológicos mientras estaban maniatadas con los brazos hacia atrás”, y aclaró que “uno de los hombres atacados tenía esposas y el otro, precintos ajustados más de lo necesario”. “Los humillaron y los amenazaron con quitarles la vida. Además, a una de las víctimas le aplicaron la técnica conocida como submarino seco, mediante la cual se genera asfixia a partir de colocar una bolsa en la cabeza y también lo amenazaron con agredirlo sexualmente”, añadió la fiscal.
La funcionaria contó también que, por un golpe en la nuca, «una de las víctimas atravesó un ventanal de vidrio y sufrió lesiones muy graves en distintas partes del cuerpo, entre ellas, un corte en la vena yugular interna”. Lema explicó que “minutos después, el comisario investigado llegó a la dependencia policial, se enteró de lo ocurrido y omitió comunicarlo a las autoridades competentes”. «En su carácter de jefe, ordenó a los otros siete agentes que limpiaran el lugar, motivo por el cual se le endilgó el delito de encubrimiento agravado”, completó Lema.
La Fiscalía solicitó la apertura del juicio oral y público contra los acusados y será un juez de la Investigación Penal Preparatoria (IPP) el que en una audiencia preliminar considerará si la acusación tiene proyección de condena y que están cumplidos los requisitos para que se desarrolle un debate.
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