El documento interpela a Clara Muzzio, actual ministra de Espacio Público y candidata a vicejefa de Gobierno de Jorge Macri: "Le pedimos que corte con la campaña y de explicaciones de este negociado".
Desde que el PRO es gobierno en la Ciudad, la mayoría de los servicios que deberían estar en manos del Estado fueron privatizados. La recolección de residuos es manejada por 9 empresas privadas, entre las que se encuentran: AESA S.A.; CLIBA Ingeniería ambiental S.A; Industrias metalúrgicas Pescarmona S.A.I.C. y F: Ecohabitat S.A.; la empresa U.T.E.; Ashira S.A.; Martin y Martin S.A; Transportes Olivos S.A.C.I.; Urbaser Argentina S.A; y el único organismo del Estado local, el Ente de Higiene Urbana (EHU), que recolecta residuos en muy pocos barrios.
“Hace mucho tiempo que exigimos que haya un servicio de calidad, ecológico y con pleno control social. Es por eso que presentamos un pedido de informe a quien es ahora la candidata a vicejefa de Gobierno de Jorge Macri, la ministra de Espacio Público Clara Muzzio, y decirle que corte un poco con la campaña electoral y dé explicaciones”, exige en diálogo con Tiempo Cele Fierro candidata que encabeza la lista en la Legislatura del Frente de Izquierda – Unidad en CABA. “Es un negociado multimillonario y muy turbio desde hace mucho tiempo el tema de la concesión privada de la basura. Porque todos los años implica una montaña de dinero que no resuelve los problemas reales y concretos de las y los porteños, y que es regalada a las concesionarias amigas del macrismo”, agrega
En el último semestre, fueron casi 200 mil millones de pesos entregados a las privadas en la última ampliación presupuestaria de 2023. “Encima ahora salió a la luz que la auditoría porteña detectó irregularidades muy graves: concesiones sin concurso, prórrogas discrecionales y desvío de fondo”, suma la referente política.
El PDI presentado consta de ocho puntos con diferentes preguntas que indagan sobre el presupuesto asignado para cada una de las zonas de recolección de residuos sólidos urbanos y su ejecución hasta la fecha; si el Poder Ejecutivo, a través del organismo correspondiente, adquirió equipamiento para proveer y/o reponer elementos faltantes o dañados correspondientes a las zonas de gestión privada; sobre la existencia de actas acuerdo celebradas por el Gobierno de la Ciudad y las empresas a cargo de la recolección, para la prórroga de sus contratos de prestación de servicio; y sobre la existencia de reajustes presupuestarios por empresa/organismo por zona; entre otras.
Hace unos meses, la izquierda presentó un proyecto de Ley para estatizar el servicio y reorientar los montos millonarios a “un servicio de calidad, ecológico y de transición, y con pleno control social”.
En marzo de 2021, la Ciudad incorporó contenedores para la recolección de residuos sólidos urbanos que no estuvieron sujetos a una licitación pública. Lo mismo ocurrió con las “modificaciones de microrutas, macrorutas, ruteos y trazabilidad sin la debida incorporación de nuevos equipos para su prestación”. La Auditoría verificó que gran parte de la flota destinada al servicio no cumple con los años de antigüedad previstos: “98 unidades con una antigüedad mayor a los cinco años” para actividades de control ejercidas por la Dirección de Limpieza en las zonas adjudicadas.
En octubre de 2021 el organismo de control aprobó un informe sobre la Dirección General de Limpieza en el que registró fallas en el sistema de control por no estar debidamente sistematizada la información y licitaciones «poco claras» para verificar el cumplimiento por parte de las empresas. El período examinado por el organismo de control fue 2019. Situaciones similares ocurrieron años anteriores: Un informe aprobado en 2018 sobre la gestión de 2016, determinó que no fue posible saber cuántos vehículos tenía el Ente de Higiene Urbana. Desde el Ente declaraban 78 vehículos, mientras que desde la Dirección General de Flota Automotor del Gobierno de la Ciudad registraba 54. Sin embargo, el organismo de control identificó 80 móviles.
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