La doctrina de la guerra contra las drogas es una política creada en Estados Unidos a principios de la década de 1970. El expresidente Richard Nixon popularizó el término. Siempre que se siguen las huellas de Bullrich se llega a la embajada americana y a la CIA. Es un Pulgarcito que marcó el camino, pero no con migas de pan sino con perdigones.
Esta famosa guerra tiene más de 50 años y hasta ahora no puede mostrar absolutamente ningún triunfo; por el contrario, la situación es cada vez peor.
Colombia ha sido su campo de operaciones más importante. Durante el gobierno de Bill Clinton, para poner un ejemplo, el Plan Colombia implicó un préstamo inicial de más de 4000 millones de dólares al entonces presidente Andrés Pastrana. Esa línea de financiamiento continuó y hasta ahora asciende a 10 mil millones de dólares. El 90% del dinero dio la vuelta en una puerta giratoria. Se lo prestaron a los colombianos para compren armamento estadounidense. La siguiente fase del Plan fue el acuerdo entre Álvaro Uribe y Barack Obama, en 2009, para la instalación formal de siete bases militares estadounidenses. Todo el despliegue se justificó con la famosa guerra contra las drogas.
Ahora viene la pregunta del millón: ¿cuál fue el resultado? Durante el año 2021 Colombia alcanzó el record histórico de siembra de hojas de coca con 204.000 hectáreas y sigue siendo, según la ONU, el principal productor de cocaína del mundo. Las bases militares parecen haber tenido el objetivo de garantizar esa producción y no al revés. La supuesta batalla fue una excusa para un despliegue militar que tiene un objetivo geopolítico.
La situación es similar en México, con la diferencia de que no hay presencia militar estadounidense. Cuando los gobiernos conservadores de Vicente Fox y Felipe Calderón adoptaron la doctrina de EE.UU, los muertos y desaparecidos se multiplicaron hasta las decenas de miles. Donde había una banda dedicada al narcotráfico aparecieron diez –ese es el resultado– y la pelea por los mercados y el territorio descontrolaron la violencia. Andrés Manuel López Obrador lo primero que hizo fue dejar de hablar de guerra. Todavía no es fácil medir si logró una reducción de las matanzas.
El presidente de Colombia, Gustavo Petro, en su discurso frente a las Naciones Unidas el 20 de septiembre de 2022, describió el proceso de modo nítido: «La guerra contra las drogas fracasó. Han aumentado los consumos mortales. Se ha producido un genocidio en mi continente y en mi país. Han condenado a las cárceles a millones de personas».
La diplomacia a la que está obligado un jefe de Estado hizo que Petro hablara de «fracaso», cuando en realidad el objetivo nunca fue desmontar el negocio. ¿Cómo podría ser así si la mayoría del dinero que produce el narco se lava en los bancos estadounidenses? El negocio es tan grande que, por ahora, EE UU no propone la verdadera solución que sería la legalización, como sí lo hizo para frenar la violencia que producía la Ley Seca que ilegalizó el alcohol hace un siglo. Y que generó criminales míticos como Al Capone.
Volviendo el barrio, la delicada situación de violencia criminal que sacude a Rosario es la excusa de JxC para retomar la receta estadounidense. La experiencia de Colombia, México, parcialmente Ecuador y algunos países de América Central muestra que lo único que se logra con la doctrina es multiplicar matanzas y ataúdes. Y entonces proponer más guerra y subirse al espiral que termine justificando el despliegue militar de la potencia hegemónica.
Además del ajuste estructural que promete JxC, el paquete incluye la incorporación de la política popularizada por Nixon. Un país en el que se apliquen ambas cosas se parece a recorrer los siete círculos del Infierno de Dante Alighieri. «
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