Familiares de las víctimas impulsan un juicio por la verdad y que se busquen los restos enterrados en fosas comunes.
La matanza de trabajadores rurales realizada durante la presidencia de Hipólito Yrigoyen por el Ejército, policías y estancieros en el territorio nacional de Santa Cruz fue uno de los hechos más graves de terrorismo de Estado en el país. Los peones que reclamaban condiciones laborales mínimas fueron perseguidos, torturados, deportados y aproximadamente 1500 fueron fusilados y desaparecidos.
El resultado fue la destrucción de todas las organizaciones obreras de la provincia y permitió a la Sociedad Rural local reducir los salarios de los peones a valores anteriores a que comenzaran las huelgas. “La victoria había sido total. Los únicos ganadores de todo el drama patagónico habían sido los estancieros”, señaló Bayer en el final de su libro.
Familiares de las víctimas, junto a la Secretaría de Derechos Humanos de Santa Cruz, buscan que se investiguen esos delitos como crímenes de lesa humanidad y que se realice un juicio por la verdad como el que se realizó por la Masacre de Napalpí de 1924 en Chaco. El reclamo, acompañado también por la Secretaría de DDHH de Nación, busca además encontrar los restos en las fosas comunes desparramadas por las grandes estancias patagónicas.
Néstor Daffinoti es nieto de Albino Argüelles. La historia de su abuelo fue pasando a través de las generaciones y, tras la muerte de su madre, es él quien lleva la demanda por justicia y reparación.
“Mi familia padeció la incertidumbre de no saber si estaba vivo o muerto. Él no llegó a conocer a su hija, mi madre. En el barrio ella era como una huerfanita de un “bandido”, un “asaltador de estancias”, eso la marcó mucho”, recordó Daffinoti y añadió: “Esto desbordó el rango de la lesión al que mataron, traspasó la frontera esa y fue a parar a las familias. Ya no es el individuo muerto sino todo su entorno. Esa onda expansiva que provocó justifica de pleno que estemos pretendiendo que se recupere la dignidad y sirva también para que nunca más ni se le ocurra a ningún trasnochado poder asignarse el derecho de matar a nadie”.
Argüelles era herrero. Antes de ir al sur ya había visto de cerca la represión de la Semana trágica cuando trabajaba en los Talleres Vassena y se sumó a las huelgas por jornadas laborales de 8 horas. Marcado por esos días, decidió partir en 1920 hacia la Patagonia, donde se convirtió en el secretario general del Sindicato de Oficios Varios de Puerto San Julián, en Santa Cruz.
Hacía muy poco de la primera huelga patagónica y unos meses después, a fines de 1921, los estancieros habían dejado de cumplir con las mejoras laborales y salariales que habían acordado. Argüelles y el sindicato se sumaron a las huelgas que comenzaban también en el resto de la provincia. El 18 de diciembre de 1921, fue fusilado por miembros del Ejército que envió Yrigoyen y que estaban a cargo del teniente coronel Héctor Varela.
Daniel Catalá también busca justicia por su abuelo, Santiago Pérez, un jornalero anarquista que había viajado al sur desde su Santa Fe natal. Al igual que su abuelo, Daniel fue víctima del terrorismo de Estado durante la última dictadura cívico militar, cuando estuvo desaparecido en el Vesubio. “Mi abuelo abrió el camino siendo un alfabeto, siendo un peón rural, nos abrió el camino a toda mi familia para que sepamos que la historia tiene que ser contada de otra manera”, consideró en diálogo con Tiempo.
En el año ´73, Catalá había empezado a militar en la Unión de Estudiantes Secundarios de La Matanza y llevaba las discusiones políticas a su casa. “Si te escuchara tu abuelo, qué contento estaría, estaría con vos peleando en la calle”, le dijo su madre emocionada. La frase lo sacudió y comenzó a conocer la historia que había quedado tapada tanto tiempo. “Al año siguiente aparece la película “La Patagonia Rebelde” y me sentí muy reivindicado y lo reivindiqué siempre a él y a toda su lucha”, destacó.
Pérez venía de varias tragedias personales, había quedado huérfano muy pequeño junto a sus 17 hermanos, había vivido en la pobreza y era analfabeto. Durante el nacimiento de su segunda hija perdió también a su compañera y tiempo después se hizo adicto al alcohol. “Lo rescatan los anarquistas, que en primer lugar le prohibían el consumo de alcohol y le empiezan a enseñar a leer y escribir con los diarios anarquistas. Ahí se incorpora en las luchas obreras y comienza a viajar al sur”, rememoró su nieto.
Desde el sur, Pérez le escribía cartas a su hija, le contaba los distintos trabajos que hacía, desde cosecha de manzanas hasta la esquila de ovejas en El Calafate y Río Gallegos. Pero las cartas dejaron de llegar. Cuando su hija intentó averiguar qué había pasado, su familia materna, quienes había cortado vínculo con su padre, le dijeron que ya no preguntara más, que lo habían mataron y estaba en una fosa común. “Tendremos que ir a buscar en todas estas fosas comunes resto de ADN en donde aparezca una vinculación con mi abuelo. Esperemos que se sepa la verdad y que sea declarado como un crimen de lesa humanidad para que nunca más volvamos otra vez a esto», sostuvo Catalá.
Durante años, el recuerdo de las huelgas patagónicas intentó ser borrado de la historia. Recién con la investigación de Bayer a comienzos de los 70’s se amplificó lo que había ocurrido.
La provincia de Santa Cruz trabaja desde hace años junto a familiares e investigadores para recuperar la memoria sobre la “Patagonia Rebelde”, y en diciembre de 2021, en coincidencia con el aniversario 100 de los fusilamientos, el gobierno de Alicia Kirchner presentó la denuncia que dio inicio a la causa.
“La pata que faltaba era la de la justicia, porque habíamos logrado avanzar en materia de memoria, de empezar a develar la impunidad con la que quedaron esos hechos trágicos y a lograr concientizar a la sociedad con distintas leyes, como el feriado provincial del 7 de diciembre”, señaló Nadia Astrada, secretaria de Derechos Humanos de la provincia.
La funcionaria espera que la justicia avance con celeridad, sobre todo por la edad de los familiares de los fusilados. En 2019 falleció Aurora López, hija de Alejo López, la única descendiente directa que reclamaba por el paradero de una víctima, y hoy es ya su hija, Mercedes Carrizo, quien continúa la búsqueda.
“Necesitamos que quede a las claras que la memoria es imprescindible para la construcción del futuro y decirle nunca más a ese tipo de aberración y de imposición, que siempre tiene un trasfondo económico. La gobernadora ha dicho en algunos discursos algo muy interesante, que es qué si hubiésemos logrado hacer justicia con las huelgas patagónicas y con otros sucesos similares en la Argentina, tal vez no hubiésemos tenido las atrocidades que vinieron años después, con otros golpes de Estado y con otras aberraciones y atropello a los derechos humanos”, manifestó Astrada.
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Mi esposo Tomás Ruggiero, es bisnieto de Rogelio Ramírez, fusilado en la Patagonia en 1921, también está reclamando por esta ley.