En un encuentro encabezado por Luis Palau, se reunieron para definir un plan de acción contra el nuevo proyecto de interrupción voluntaria del embarazo que presentará el gobierno. Qué dice la carta abierta que le enviaron al presidente Fernández. A diferencia de los católicos, reclaman ampliar la prevención y educación sexual.
El evento fue titulado «Unidad, santidad y poder», comenzó el lunes y reunió a los representantes de todo el país de las iglesias evangélicas para definir una posición común ante el nuevo proyecto para legalizar el aborto que presentará el presidente Alberto Fernández, tal como lo anunció el 1° de marzo ante la Asamblea Legislativa.
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Cinco días después de la alocución presidencial, ACIERA publicó una carta abierta dirigida al jefe del Estado, para plantear la «sorpresa» de su conducción de «que se haya hecho caso omiso en el discurso presidencial a las normas vigentes sobre los derechos de las personas por nacer, reconocidas en nuestro derecho positivo, muchas de ellas de raigambre constitucional». Al respecto consideraron «inaceptable que se haya invisibilizado el derecho a la vida de los seres humanos durante su gestación en el vientre materno, hablando solamente del supuesto derecho de la madre a acabar con la vida del hijo no nacido, no reconociendo su propia existencia física como ser humano».
El mensaje también cuestionó uno de los proyectos «compensadores» que impulsará el Ejecutivo para responder a los reclamos religiosos, como el proyecto para que el Estado acompañe «los primeros mil días» de vida de los niños. «Carecería de coherencia lógica una propuesta que por un lado quiere ayudar a bebés queridos por sus madres solo como moneda de cambio para, por otro lado, desproteger a los bebés no queridos, ignorándolos y dejándolos en total indefensión desde lo legal», sostiene el texto que fue distribuido este martes en el Teatro Ópera.
Educación sexual y consulta popular
Los firmantes de la carta destacaron que «el Estado no ha implementado seriamente planes de prevención, ni ha ejecutado el presupuesto de todos los programas de educación sexual y salud reproductiva en los últimos años». También se mostraron convencidos de que el Gobierno busca un trámite abreviado para tratar el próximo proyecto, aunque sus funcionarios no han dado muestras de eso. «Sorprende que siendo un tema de tanta profundidad y causal de división y debate entre los argentinos y argentinas, se pretenda ignorar dicha realidad e imponer por trámite exprés una postura de pensamiento único, buscando presionar partidariamente a los legisladores a votar en un mismo sentido o en caso contrario abstenerse o ausentarse», cuestona el pronunciamiento y reclama la implementación de una consulta popular para definir el tema, como lo ha propuesto el radicalismo mediante el senador Luis Naidenoff en 2018 y ahora con la firma del diputado nacional y titular de la UCR, Alfredo Cornejo.
Los representantes de las iglesias evangélicas también cuestionaron que el proyecto busque resolver una problemática de salud pública: «Es cierto que nadie quiere que ni una sola mujer sufra consecuencias en su salud por la realización de un aborto de manera clandestina al margen de la ley. Pero también es cierto que nadie quiere que mueran seres humanos inocentes en total estado de indefensión», sostuvieron. Sin embargo, la ACIERA reconoce que «hay urgentes y graves temas de salud que causan tremendas consecuencias en la población y que tienen extrema prioridad para ser atendidos», aunque no menciona la cantidad de mujeres fallecidas por abortos clandestinos mal realizados.
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