Durante 48 horas, sólo atenderán urgencias. Buscan una solución ante los “honorarios bajísimos y falta de insumos”. Aunque reclaman respuestas a las empresas, exigen la intervención del Gobierno. Advierten que podría incrementarse la mortalidad por cuestiones cardiovasculares de persistir la situación.
El paro de cardiólogos intervencionistas se debe a los “honorarios bajísimos y falta de insumos”, según indicó el Colegio Argentino de Cardioangiólogos Intervencionistas (CACI). En su reclamo instan al gobierno nacional a “intervenir urgentemente convocando al diálogo para solucionar este conflicto”, que incluye “honorarios profesionales prácticamente inexistentes por el deterioro inflacionario y el aumento exponencial de los costos para realizar la práctica médica”.
Si bien reclaman respuestas a las prepagas, obras sociales nacionales y provinciales, se apunta también a una intervención del Ejecutivo. La medida de protesta estaba pautada para mediados de este mes, pero se postergó ante la posibilidad de encaminar una solución. No ocurrió.
“Quedó en suspenso ante la promesa de reunión en el Ministerio de Salud y búsqueda de soluciones. Nada de eso pudo concretarse y por ese motivo no se harán por dos días procedimientos programados. Todas las urgencias van a ser atendidas y sometidas al procedimiento que requieran, sin excepción”, remarcó Ana María Salvati, presidenta de la Fundación Cardiológica Argentina (FCA), en diálogo con Tiempo.
La especialista detalló que “sólo se concretó audiencia con el Ministerio de Salud de CABA”, pero “no hubo reunión con Nación”. Hasta el cierre de esta nota, no hubo respuesta de parte de esa cartera, conducida por Mario Russo.
“El aumento exponencial del costo de los equipos y los insumos médicos y la baja sistemática de los honorarios profesionales están mostrando ya consecuencias indeseables, como son la reprogramación de las prácticas y la demora en realizarlas, al dilatarlas por meses, lo que pone en riesgo la salud del paciente. De no mediar una solución en el mediano plazo, toda la actividad va a verse paralizada, generando un impacto incalculable sobre la salud de la población en toda la Argentina”, había alertado en mayo Alejandro Palacios, referente del CACI.
En los últimos meses, el panorama empeoró. “Lo más crítico que está ocurriendo ahora es que los financiadores de la salud proveen los dispositivos o prótesis de acuerdo a su conveniencia económica. Nunca es en consenso con el médico y con el paciente”, dijo el médico Alfredo Bravo, vicepresidente del CACI, a Infobae.
Agregó: “La dificultad se plantea en que se obliga al médico a usar una prótesis que quizás nunca la ha probado y tiene que experimentar en un paciente sin tener una experiencia previa. Eso es muy crítico porque se pierde el concepto básico de que el médico tiene que trabajar con las herramientas que conoce y que le dan seguridad”.
Todo esto, en un contexto donde las enfermedades cardiovasculares son la principal causa de muerte. “Esta situación ya viene provocando que obras sociales y prepagas dilaten cada vez más en el tiempo la entrega de los insumos, lo que somete a los pacientes a un riesgo mayor por la demora en el tiempo a su tratamiento”, advirtió el CACI mediante un comunicado emitido en julio.
Allí señalaban que “con sus prácticas cada año en la Argentina evitan 200.000 muertes aproximadamente y, que de persistir la actual situación se incrementará la mortalidad en el país por esta enfermedad siendo la primera causa de muerte en la Argentina y el mundo. Tal como ocurrió en la pandemia”.
En ese documento, las y los cardiólogos intervencionistas aclaraban que “en el caso del infarto de miocardio existe un tratamiento alternativo a la colocación del stent con drogas más costosas y menos efectivas. Con el agravante que también se requerirán a posteriori angioplastias con colocación de stents para completar el tratamiento”.
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