La convocatoria que el presidente lanzó el 1 de marzo se desvanece. La Ley Bases no se destrabó en el Senado y obligó a reprogramar ese acto fundacional.
Desde el 1 de marzo quedó enredado en sus propias promesas y a la vez, fue construyendo una escena reveladora de la mesa de poder que lo rodea en la actualidad, cuando sólo han pasado cinco meses de la asunción que lo empoderó como jefe del Estado.
Ante la última Asamblea Legislativa, hace 80 días, convocó a los gobernadores para firmar un pacto el 25 de mayo. Originalmente iba a realizarse en esa fecha, cuando se cumplan 214 años del primer gobierno patrio de 1810. Pero lo condicionó a cambio de obtener el respaldo para sancionar la Ley Bases y el paquete fiscal que no había podido sacar en febrero.
Cuando Milei lo dijo ante los miembros de las dos cámaras del Congreso y le puso fecha al acuerdo, recién se enteraron quienes llevan adelante una negociación que ahora se estancó en el Senado. El freno que vive el oficialismo en la Cámara Alta trizó el optimismo que tenía en la Cámara de Diputados después de la aprobación de los dos proyectos de ley.
Tanto, que obligó al gobierno a recalcular los tiempos en pleno envión para llegar al plazo autoimpuesto por el presidente. Ahora lo hacen sin hablar de tiempos, incluso a costa de bajarle el precio al pacto del 25 de mayo y dejarlo como una escena que, a seis días de su realización, todavía no se sabe cómo será y si contará con los gobernadores que Milei había convocado.
Tampoco se sabe si el presidente volará a tierra mediterránea ese día después de encabezar el Te Deum en la Catedral Metropolitana de Buenos Aires. Originalmente planeaban hacerlo en la de Córdoba, hasta que comenzó el operativo para dejar el pacto para otro momento y, quizás, para otra efeméride del calendario patrio.
Hay una razón que justifica el volantazo: a pesar de los contratiempos y de la renovada ausencia de negociadores confiables, cerca del presidente se siguen mostrando optimistas. Ya no importan tanto los tiempos y es mejor librarse del plazo que Milei arriesgó, porque en el gobierno creen que finalmente habrá ley, aunque los dos proyectos vuelvan con modificaciones a Diputados.
«Ley habrá, pero no sabemos bien cuál», bromeó un experimentado escudero del oficialismo para confirmar que hay una negociación «ahora está empezando a emprolijarse». La pregunta sin responder es hasta donde cederá el gobierno ahora que comenzó el hilado fino en el Senado y quedan al descubierto una gran cantidad de críticas contra los dos textos que habían pasado inadvertidos en Diputados, o que la oposición dialoguista dejó pasar para que los emisarios del gobierno finalmente comprendieran en el Senado que tenían que negociar a contrapelo de los deseos del presidente y de su hermana Karina, al frente de la secretaría General de la Presidencia y discreta antagonista de Villarruel.
El ministro del Interior, Guillermo Francos, fue el encargado de asegurar que podrían hacerlo en Rosario, para el 20 de junio, o en Tucumán, cuando se cumplan 208 años de la declaración de la Independencia. Los rodeos comunicacionales del funcionario buscan dejar debajo de la alfombra el reordenamiento forzoso que sucedió esta semana, con el tardío ingreso de Victoria Villarruel a la mesa de negociaciones en el Senado.
Desde el jueves busca destrabar los dos textos que llevan tres semanas de trámite en comisiones sin ningún avance. Ese 1 de marzo la vicepresidenta fue una de las participantes de la Asamblea Legislativa que se enteró del pacto en vivo, cuando Milei lo anunció. Por eso ella no quiere hablar de plazos, menos ahora que recibió a una avanzada de la Casa Rosada para pedirle ayuda.
En algunos despachos de Balcarce 50 niegan cualquier cambio, pero en el Senado quedó al desnudo que recién esta semana fue incluida a una negociación de la que había sido apartada. Sucedió después de un encuentro con Francos y con el vicejefe de Gabinete, José Rolandi.
Desde ese momento la titular del Senado comenzó a recibir senadores de distintos bloques. Empezó con los radicales Martín Lousteau y Eduardo Vischi y antes de terminar la semana escuchó al gobernador chubutense Ignacio Torres junto a la senadora Edith Terenzi, una de las voluntades patagónicas que forman parte del estancamiento que el oficialismo no puede sortear. Los representantes de las seis provincias del sur representan el 25% de los 72 votos del Senado y es sólo uno de los obstáculos que obligó a la postergación «sin fechas».
Aunque Juntos por el Cambio ya no existe en ninguna de las dos cámaras legislativas, sigue en pie en legislaturas y concejos deliberantes de distintos rincones del país. También gobierna diez provincias, cinco en manos del radicalismo, tres bajo el signo del PRO y dos en manos de aliados locales. Uno de esos distritos es Chubut, conducido por Torres.
En ese espacio de mandatarios tienen más dudas que certezas sobre el futuro de la ley, porque en la arena del Senado no sólo quedaron al desnudo las discrepancias que estaban en estado latente, sino porque el panperonismo podría complicar más la contienda. Tal como contó Tiempo en su edición digital, el bloque de UP tendría sus 33 bancas encolumnadas detrás del rechazo y está a cuatro de conseguir el quórum y la mayoría. Habría sumado dos rechazos ajenos al bloque y estaría incorporando abstenciones que harían tambalear el optimismo impulsado desde la Casa Rosada.
Otro contorno de los volantazos va más allá del cambio de fecha. El 9 de mayo, durante el segundo paro nacional, Karina reunió a las autoridades del PRO y LLA en la Cámara Baja. Se mostró con su titular, Martín Menem, y luego deslizaron que estaban analizando desconocer en Diputados las modificaciones que hiciera el Senado. Tras el inventario de rechazos que cosechó esa idea en la Cámara Alta, ahora los negociadores del gobierno dicen lo contrario.
Sostienen que en Diputados no rechazarán los cambios que reciban y que buscarán respaldarlos. La versión podría desmalezar la negociación, pero como una instancia preliminar a las concesiones que la oposición dialoguista reclama y que la Rosada todavía no afloja.
El Senado no ha dejado de ser un camino de espinas para las aspiraciones refundacionales de Milei. El presidente todavía no tiene definido si resignará una visita a Córdoba el próximo sábado. En el balotaje obtuvo allí el 73% de los votos y sigue siendo un territorio determinante para que las contramarchas de su relación con el Congreso, y de las internas propias, empañen por completo las expectativas que alimentó desde el 1° de marzo hasta hace una semana.
«Quizás no haya gobernadores, pero podría haber mucho público», deslizó una fuente de la Casa Rosada para dejar un bajísimo porcentaje de probabilidad a la presencia de mandatarios provinciales el sábado que viene.
De eso habló el jueves en Olivos, durante la segunda cena que mantuvo con el senador Luis Juez, titular del bloque Frente PRO. Cuentan que el dirigente del Frente Cívico habló sobre el escenario electoral del año que viene, pero también del malestar que le provoca escuchar a su compañera de bancada, Guadalupe Tagliaferri y al radical Lousteau, multiplicando sus críticas contra la ley bases y el paquete fiscal.
Hace 10 días dijo que ambos representaban «muy bien» al kirchnerismo. Ese sincericidio originó un pedido de desagravio hacia Lousteau por parte de la UCR, pero a Juez le habría abierto nuevamente las puertas de la residencia presidencial.
El radicalismo, a pesar de la batería de dardos que lanzó Lousteau en el Senado, también está en varias negociaciones a la vez. Esta semana logró destrabar un incremento presupuestario para la UBA y los rectores de las otras 60 universidades públicas pegaron el grito en el cielo ante el intento de dividir un bloque hasta ahora homogéneo.
El bonaerense Maximiliano Abad, que comparte banca con Lousteau, dijo que reclaman el aumento para las demás casas de estudios, pero no pudo disipar la sospecha que también se cierne sobre los tres escaños de Unidad Federal. El entrerriano Edgardo Kueider, el correntino Carlos Espínola y la cordobesa Alejandra Vigo son peronistas muy críticos del kirchnerismo.
No están en el interbloque que conducen José Mayans y Juliana Di Tullio. Podrían inclinar la balanza a favor del Gobierno en una eventual votación general, pero provocarle un dolor de cabeza en la particular, como especulan tanto en la Casa Rosada como en la oposición de UP. Ahí late otro motor de las postergaciones que ahora justifica Milei, porque a tres semanas del trámite en el Senado, sigue sin saber cuántos rechazos y respaldos tiene.
Por eso le pidieron ayuda a Villarruel, ajena a una mesa chica de poder presidencial donde sólo participan Karina y Santiago Caputo. Hasta hace poco estaba el jefe de Gabinete Nicolás Posse, pero habría perdido puntos dentro de la interna que también los obligó a reprogramar el pacto.
El martes próximo continuará el trámite de la Ley Bases y del paquete fiscal en el Senado y los legisladores seguirán recibiendo la preocupación de distintos sectores por el impacto que podrían sufrir si ambos textos son transformados en ley. La Unión de Trabajadores de la Tierra (UTT) alertará a cada uno de los senadores sobre el perjucio que les provocará el Régimen de Incentivo para las Grandes Inversiones (RIGI).
Según confiaron a Tiempo, advertirán que «el RIGI condena la producción de alimentos para el mercado interno ya sea por la desaparición constante y permanente de los pequeños y medianos productores y cooperativas, sino también porque somete a los alimentos básicos como el pan, la leche y la carne a los precios internacionales».
«El RIGI desprotege completamente a los productores y consumidores argentinos frente a las empresas transnacionales que utilizaran nuestra tierra y agua para exportar comodities desabasteciendo el mercado interno y especulando con los precios de los alimentos».
También alertaron que el artículo 111 «modifica e incrementa las exenciones tributarias, corriendo el riesgo de que impacte negativamente en las cooperativas al tener que pagar impuesto a las ganancias».
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