Otro pedido de condena para Milagro Sala: 12 años en el cuarto juicio en su contra

La causa por la balacera de Azopardo en la que Milagro Sala está acusada de mandar a matar a Alberto Cardozo, también imputado en la causa y también preso político en Jujuy, ingresó en su tramo final: este miércoles se realizaron los alegatos en los que la fiscalía pidió 12 años de prisión para la dirigente social. La defensa de la diputada del Parlasur, Elizabeth Gómez Alcorta, pidió la prescripción de la causa y que sea absuelta, y señaló que la acusación está sostenida en la denuncia del ex acusado y ahora testigo, Jorge Rafael Paes, que mintió, por lo menos, 10 veces en el juicio. «Paes es un mentiroso que pactó con el juez Pablo Pullen Llermanos», dijo la abogada.

En la audiencia de este miércoles el fiscal Marcelo Cuellar pidió que se la condene a 12 años de cárcel al considerarla “coautora de homicidio agravado por promesa remunerativa en grado de tentativa”. El juicio es el resultado de la persecución que el juez Pablo Pullen Llermanos –el que desconoció el pedido de domiciliaria de la CIDH y de la Corte Suprema y mantiene encerrada a Sala en una casa convirtió en cárcel- que involucró a la dirigente social en abril de 2016.

Los hechos ocurrieron el 26 de octubre de 2007 y durante nueve años nadie mencionó si quiera una vez a Sala. Ese día dos hombres, Paes y Fabián Ávila llegaron en un auto rojo al barrio de San Francisco de Alava (ex Azopardo), bajaron y dispararon contra Alberto Cardozo, que se escondió atrás de un árbol. Una bala dio en una nena de 11 años que estaba en una carnicería. Luego huyeron junto a otro vehículo que circulaba con ellos. Eso vieron los testigos y eso se investigó durante casi una década.

¿Cómo llegó Milagro al juicio? Su carcelero, el juez Pablo Pullén Llermanos, y el fiscal Diego Cusell fueron los artífices.  El 1° de julio de 2015 Ávila fue detenido y la causa pasó a Pullen Llermanos. En febrero de 2016 fue detenido Paes y el 14 de abril Pullen Llermanos le concedió una audiencia privada. Lo recibió con Cusell y ante ellos pidió ampliar su declaración, dijo que Milagro mandó a Ávila a matar a Cardozo y que a él lo obligó a acompañarlo. En ese mismo acto consiguió la domiciliaria. Y poco después lo sobreseyeron. Sala –que ya estaba presa desde enero- quedó detenida por esa causa inmediatamente.

“La única prueba que hace que hoy mi asistida esté sentada en este juicio es la declaración de Paes», dijo Gómez Alcorta en su alegato en el que recordó los dichos de todos los testigos que contradijeron al acusado devenido en testigo estelar.

 Hostigamiento

«Este es el cuarto juicio en dos años contra Milagro Sala. En todos los procesos que nos tocó asistirla sucede lo mismo: siempre se trata de hechos en los que ella no tuvo participación directa sino que aparece una persona que dice que ella ordenó a otra a hacer algo, y en todos los casos, como en este, esa persona es beneficiada y mi asistida es imputada o su acusación se ve agravada», denunció Gómez Alcorta al iniciar su defensa.

Hace dos años, el 28 de diciembre de 2016, Milagro Sala fue condenada a tres años en suspenso por instigar un escrache al –entonces- senador Gerardo Morales. La estrategia es calcada: un solo testigo, “el Cochinillo” René Arellano, aseguró que hubo una reunión en la que Milagro dio la orden. Nadie más que él, empleado en el Estado por el hermano del gobernador Fredy Morales y beneficiado con un millón de pesos,  sostuvo que esa reunión existió.

«Milagro Sala está sometida a un claro hostigamiento por parte (del gobernador) Gerardo Morales y de funcionarios del poder judicial, de los cuales Pablo Pullen Llermanos es el principal ejecutor», señaló Gómez Alcorta.

Los hechos son la muestra: el pedido de 12 años de cárcel por la Balacera de Azopardo es una pieza más de esa persecución y hostigamiento: el martes hizo la fiscal Liliana Fernández pidió que se la condene a 22 años y que se le expropien los bienes –incluso la casa en la que la mantienen presa-  y la acusó de ser la “cabeza” de una asociación ilícita para defraudar al Estado y por extorsión.