Días después de hacer uso político de la muerte de la niña Kim, cerraron unos diez programas que promueven derechos de las infancias, en un contexto socioeconómico crítico y con la pobreza en aumento. Se suman casi 500 despidos en la ex SENAF.
En los últimos días, mientras pregonaba la baja de la edad de punibilidad y el uso político de la muerte de la niña Kim, el gobierno nacional disolvió más de diez programas que promueven sus derechos. También hubo 2000 despidos en el Ministerio de Capital Humano, de los cuales 462 corresponden a la ex Secretaría Nacional de Niñez y Adolescencia (SENAF). “Las cesantías son la antesala de la debacle de todo el sistema de protección de niños, niñas y adolescentes”, sentencia Adolfo Dardik, delegado general de la Junta Interna de ATE Sennaf y miembro del consejo directivo de ATE capital.
La resolución 148 publicada el miércoles pasado en el Boletín Oficial dejó sin efecto a los programas “Derecho al juego” y “Jugando construimos ciudadanía”, que buscaban estimular lazos de cooperación y solidaridad mediante la capacitación, la entrega de kits de juguetes y la formación a emprendedores jugueteros de la economía social. Una de las justificaciones fue que había un “solapamiento normativo” porque eran políticas similares. En vez de fusionarlas, se eliminaron ambas. En esa misma línea, se dio de baja el programa de promoción de actividades recreativas y socio comunitarias que hacía énfasis en los sectores más vulnerables.
La decisión se dio en un contexto de deterioro del tiempo de juego de las infancias, cada vez más solas. “Estamos hablando de niños de entre cuatro y ocho años donde el juego debería protagonizar su rutina y tiempo libre, pero cada vez ocupa menos espacio. Lo que nos dicen las maestras y las familias es que les resulta un gasto emocional y cognitivo muy grande porque se enfrentan con frustración, ansiedad, con tener que ponerse de acuerdo con otros y otras, lo que no sucede cuando están scrolleando, viendo shorts o jugando online. Todas actividades más bien solitarias donde no hay que esforzarse en pensar o crear porque está todo diseñado por el mercado”, detalla a Tiempo Lucía Fainboim, cofundadora de la consultora Bienestar Digital.
El gobierno nacional también disolvió el programa de derechos de niños y niñas con madres privadas de la libertad, que promovía el vínculo de esas mujeres con sus hijos/as y facilitaba las condiciones necesarias para la crianza en los casos de arresto domiciliario; la línea Activar, que fomentaba iniciativas con las voces, deseos, ideas e intereses de adolescentes como protagonistas; el programa nacional de derecho a la participación ciudadana de niños, niñas y adolescentes y el Consejo Consultivo de Adolescentes.
A su vez, cerró los programas que regulaban el funcionamiento de espacios destinados a infancias y adolescencias en distritos como Mar del Plata, Mercedes, CABA y Marcos Paz, donde se podía practicar deportes o explorar lenguajes artísticos. El más paradigmático es el Espacio Unzué. “El año pasado, el Colonia Gutiérrez (en MdP) alojó a 36 mil pibes: colegios estatales, privados, grupos de scout que iban a talleres de música y arte de todo tipo. Tiene un teatro como los que no hay en ningún otro espacio de la zona. En el Unzúe de Mar del Plata, un lugar bellísimo para las infancias, quieren hacer un shopping a cielo abierto”, denuncia Dardik.
“En lo que refiere a las capacitaciones y formaciones, han desarmado a todos los equipos que trabajaban sobre normativas como la Ley Lucio Dupuy –para prevenir las violencias y abusos en la infancia–, la Ley Micaela Ortega –de prevención y protección frente al grooming– y la Ley Brisa que otorga una suma de dinero mensual y cobertura de salud a hijos e hijas de víctimas de violencia familiar o de género”, agrega. Desde la cartera que conduce Sandra Pettovello le respondieron a Tiempo que no hubo ni habrá ninguna baja en relación a esas leyes. El delegado de ATE acotó: “si las desfinancian, disuelven los equipos y alteran los contenidos, no es posible la implementación”.
La mayoría de las resoluciones de Capital Humano se fundamentan en la necesidad de unificar políticas y evitar el desdoblamiento de recursos estatales para actividades similares “cuya contribución al interés público es menor que el perjuicio que generan por su ineficiencia”. Sin embargo, la situación de las infancias y adolescencias en la Argentina es sumamente crítica: crisis económica, pluriempleo de las familias –lo que obstruye el tiempo de crianza– y salarios magros, nuevas problemáticas que traen las pantallas y un incremento de los padecimientos de salud mental.
“No hay acompañamiento del trabajo que hacemos en los barrios por parte de Nación. No está el Potenciar Trabajo que aliviaba la vida diaria de muchas familias, no hay comida en los comedores, no hay turnos en los centros de salud para fonoaudiología o psicopedagogía, no hay plata en la SUBE para llevar a los niños. El contexto no es ‘complejo’, es directamente cruel. Y todo esto con trabajadores y trabajadoras desahuciados”, describe Guadalupe de Barruel, psicomotricista que trabaja con madres e infancias en una Fundación de la villa 21-24 de CABA y con adolescentes de distintas regiones bonaerenses.
Una de sus advertencias es que cada vez hay menos espacios para problematizar el uso de las tecnologías junto a infancias y familias. En el trabajo que hace Guadalupe con jefas de hogar se vuelve un asunto recurrente: “es preocupante su uso excesivo en un bebé, mientras conoce el mundo. Para que el sistema nervioso central se pueda empezar a formar y entender lo que lo rodea necesita de experiencias reales: que el tren pase, se asuste y entiendan que es un sonido exterior, por ejemplo. Son niños que reciben un montón de estímulos luminosos y sonoros y no los están tramitando. Cuando un video se termina y aparece la publicidad, aparece un gran estado de angustia o estallido”.
Para la profesional, la clave es habilitar espacios de juego, sostén y cuidado entre las infancias que promuevan otro tipo de experiencias. También dar el ejemplo: “le pedimos mucho a los pibes, pero a los adultos a veces nos hablan y estamos mirando el celular”. Pero reconoce lo difícil de pensar en los efectos a futuro de las redes y plataformas cuando lo prioritario es salir a trabajar y conseguir un plato de comida.
Hay, en definitiva, una coacción estructural que trasciende las voluntades individuales y dificulta el cuidado de niñeces y adolescencias. Frente a ese contexto, “el Estado nacional no solamente no genera programas o dispositivos de contención para los pibes y sus familias, directamente se los arrebata”. «
Juan José Copeiro, sociólogo y trabajador del Estado hace más de 30 años, fue uno de los que recibió la notificación de “pase a disponibilidad” por parte del Ministerio de Capital Humano. Se encargaba de monitorear equipos territoriales en la provincia de Buenos Aires que asistían a las familias frente a cambios de titularidad de la AUH: “nuestros equipos hacían informes sociales, entrevistas, articulaciones con escuelas, clubes, centros de salud. En esas conversaciones se identificaban situaciones de vulneración de derechos de los pibes y pibas, por lo que se tejían redes con los servicios locales para actuar frente a casos variados: desde abusos o casos de violencia hasta la no escolarización o falta de asistencia médica”, explica a Tiempo. Y lamenta: “En otros momentos podía haber un cambio de gestión y de políticas, pero esto es directamente un abandono. No hay continuidad con lo previo ni tampoco nuevas líneas, solo destrucción. Están más preocupados por una mirada punitiva que por una mirada de contención e inclusión”.
Un proceso que alarma a quienes trabajan con niños, niñas y adolescentes es el “corrimiento del rol adulto”. De Barruel lo explica así: “frente al ‘no dar abasto’, tener que trabajar todo el día afuera y encargarse de las tareas de cuidado, se genera la sensación de ‘no sé qué hacer con este pibe’ y la pantalla aparece como una solución. Cuando las familias están en una situación de urgencia, hay menos espacios para pensar qué siente ese pibe, qué deseos tiene”. Y problematiza la falta de límites: “antes, un adulto podía ponerlos más, había una palabra de cuidado. Si eso no está, y las instituciones educativas o de barrio no están fortalecidos para acompañar, entran a jugar otros sentidos: los discursos de odio, las apuestas online, una violencia que crece”.
Anabella Díaz es docente de Lengua y Literatura hace más de 25 años en Carlos Paz, Córdoba y fue vicedirectora de una secundaria privada a la que asisten sectores medios: “en el nivel inicial tenemos a niños que no aceptan un ‘no’ de sus maestras. En el nivel secundario, me he reunido con padres que manifestaban no querer marcarle nada a sus hijos para no pelearse, pero al mismo tiempo tampoco saben lo que les pasa. Se disuelve lo intergeneracional y pareciera no haber matices”.
Las transformaciones en las familias empalman con la desjerarquización de la palabra escolar: “cuando empecé a dar clases, la escuela era sinónimo de respeto y autoridad. Hoy podés llamar a una familia y que no se presente a hablar en todo el año. A pesar de todo, hay jóvenes que agradecen los límites como forma de cuidado y cariño. La escuela es el último reducto desde donde podemos enfrentar el desamparo”.
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