El ex presidente de Bolivia y el actual mandatario, Luis Arce, quien además fuera su ministro de Economía, mantienen una feroz disputa que pone en vilo el futuro del país. El analista Christian Velazco Rojas hace un pormenorizado repaso de la situación y denuncia un plan para atentar contra el líder aymara.
Para recapitular esa historia, Tiempo Argentino dialogó con Christian Velasco Rojas, periodista y analista político e integrante del equipo de comunicación del MAS en los duros días del exilio porteño, cuando Jeanine Añez ejercía la presidencia tras el golpe que derrocó a Morales en 2019.
−Visto desde el prisma de la política argentina, la disputa entre Morales y Arce parecería una peligrosa discusión de liderazgos.
−Lo que está pasando en Bolivia no es una “disputa personal”, pugna por un “liderazgo” y mucho menos tiene que ver con las candidaturas presidenciales. Por el contrario, el gobierno de Arce decidió alejarse de los principios políticos e ideológicos del MAS-IPSP y de la Revolución Democrática y Cultural encabezada por compañero Evo, traicionando la confianza que depositó el movimiento popular boliviano para que pueda ser el candidato en octubre de 2020; a partir de este alejamiento, Arce y su vice, David Choquehuanca, emprendieron una persecución política, judicial y electoral que tiene como objetivo proscribir al MAS-IPSP y defenestrar a Evo, llegando al extremo de elaborar estrategias para eliminarlo físicamente: prueba de ello es el denunciado “Plan Negro” y las operaciones policiales en el trópico de Cochabamba que buscan incriminar y montar delitos para justificar una aprehensión ilegal.
−¿En qué quedó la acusación contra Marcelo Arce Mosqueira por corrupción vinculada al litio?
−Es un caso de negociado familiar detrás del litio boliviano que vincula directamente a Luis Marcelo Arce Mosqueira, hijo del presidente, quien estaría ofreciendo de forma irregular a nombre de nuestro país la explotación a empresas transnacionales, una de ellas, la estadounidense Lilac Solutions, creada con recursos del Departamento de Energía del gobierno de EE UU y que tiene como presidente para Sudamérica a Felipe de Mussy, ex asesor del expresidente de Chile, Sebastián Piñera. El gobierno de Arce ha transitado peligrosamente al autoritarismo, cooptando los Órganos Judicial y Electoral, poniéndolos a su servicio y perseguir a sus adversarios. Anuló el funcionamiento de la Asamblea Legislativa Plurinacional y con esta hegemonía del poder, ninguna denuncia por corrupción ha prosperado. Las causas investigadas fueron encubiertas para luego ser sobreseídas.
−Las elecciones en Argentina se dan un año antes que en Bolivia: no podemos evitar el miedo de que se den situaciones similares a las que estamos transitando acá, y que se le abra la puerta la ultraderecha.
−Es importante realizar una reflexión sobre lo que pasó en los últimos tiempos con algunos gobiernos progresistas en la región y sus liderazgos históricos como Rafael Correa (Ecuador), Lula Da Silva (Brasil) y Cristina Fernández (Argentina). El exilio, encarcelamiento y proscripción solo pudieron consolidarse por un factor común, la falta de movilización popular en defensa del liderazgo histórico. Cumplido el objetivo de la derecha nacional e internacional de deshacerse del liderazgo histórico, se imponen, por vía judicial o electoral, gobiernos desideologizados, serviles, tibios y traidores, que dejan servida una próxima elección para que gane la derecha radical. Yo creo firmemente que, si Cristina Fernández era candidata a la presidencia esta última elección en Argentina, era ganadora. Pero faltó la movilización popular en resguardo de sus derechos políticos. Por eso en Bolivia, para salvar la patria con claridad ideológica y política y resguardar la soberanía y los recursos naturales como el litio, se hace indispensable que nuestro líder histórico, Evo, sea candidato en el 2025, con el resguardo del pueblo y la movilización popular permanente para defenderlo ante cualquier intento de proscripción o atentado. Pensar en una candidatura distinta que Evo sería seguir el camino a la derrota.
−En el último congreso del MAS no participaron ni Arce ni Choquehuanca bajo el argumento de que estaban excluidos de ese congreso los movimientos sociales.
−Parte de la estrategia de quienes traicionaron el movimiento popular boliviano, es, al estilo de Lenin Moreno en Ecuador, desbaratar y dividir las bases sociales de la Revolución Democrática y Cultural, dividiendo organizaciones sociales y dirigencias a través de prebendas y estructuras paralelas. El MAS-IPSP como la organización política más grande de la historia de Bolivia se regula mediante su Estatuto Orgánico. En este sentido, cumpliendo la normativa interna, el 22 de junio pasado la Dirección Nacional del MAS-IPSP con Evo a la cabeza definieron de forma consensuada la fecha y lugar del congreso: el 3 y 4 de octubre en Lauca Ñ, Cochabamba. Participaron más de 1500 delegados de todo el país, debidamente acreditados. Las afirmaciones de Arce y Choquehuanca responden a su estrategia de proscripción del MAS-IPSP y ataque permanente al liderazgo del expresidente.
−Evo habla de la intención de Arce de encarcelarlo. ¿por qué delito lo juzgarían?
−En septiembre de 2022, Evo denunció la existencia del “Plan Negro” elaborado para defenestrarlo al él, a autoridades electas como Andrónico Rodríguez, Leonardo Loza y Gualberto Arispe, y a otros compañeros leales a la Revolución Democrática y Cultural. Incluye operaciones militares y de inteligencia para el seguimiento personal, así como el montaje armado de delitos. En varias oportunidades se denunció que el Ministerio de Gobierno estaría montando operativos antidroga y trasladando droga incautada en otras regiones al trópico de Cochabamba, y vincular falsamente con este ilícito a autoridades, incluido Evo. El 26 de diciembre realizó esa grave denuncia por información recibida de policías y funcionarios públicos patriotas. Se habían desplegaron policías de la FELCN, sin orden escrita, fuertemente equipados hacia el trópico de Cochabamba, lugar donde vive Evo y hubo operaciones con la finalidad de ejecutar el “plan negro” el 28 de diciembre.
−¿En qué quedó?
−Se logró abortar por la gravedad de la denuncia y la atención de la comunidad Internacional. Pero esta nuevamente se intentará ejecutar el 28 de enero. El gobierno de Arce se convirtió en el principal enemigo del pueblo, de su instrumento político el MAS-IPSP y de Evo. Se desempolvaron los planes del gobierno estadounidense que se ejecutaban durante los gobiernos neoliberales en Bolivia en los ‘80 y ‘90 para perseguir a la dirigencia indígena y campesina. Es una traición motivada por intereses personales que pusieron al gobierno actual al servicio del imperialismo estadounidense y transnacional para negociar el saqueo del litio, dando continuidad a los planes que se iniciaron durante el golpe de Estado de 2019.
Hace más de un año que Luis Fernando Camacho está preso por su rol destituyente en el golpe contra Evo Morales en 2019. Antes de esa decisión judicial había asumido como gobernador del departamento de Santa Cruz, tras ganar las elecciones. Pero su lugar quedó acéfalo y ahora, otro fallo obliga al vice Mario Aguilera Cirbián, a asumir como gobernador. Esa decisión es contraria a la intención de grupo de asambleístas del oficialista Movimiento al Socialismo, que pretendía hacerse cargo de ese gobierno, en función de su mayoría en el parlamento distrital.
Camacho fue detenido preventivamente en diciembre de 2022 por la causa llamada Golpe de Estado I. Su caso está en pleno proceso, pero desde entonces ejercía como gobernador desde su encierro en el penal de Chonchocoro, en La Paz. Su abogado aseguró que el fallo se refiere a una «suplencia temporal» y no a una pérdida de mandato.
Por otra parte, la justicia amplió, por novena vez, los 33 meses de detención preventiva que cumple la expresidenta de facto Jeanine Añez, también acusada de ser una de las provocadoras de la asonada que terminó con el gobierno de Evo. Pero ella está implicada en la causa Golpe de Estado II. En principio fue sentenciada a 10 años, acusada de situarse ilegalmente en la línea de sucesión en 2019 y así convertirse en presidenta de la Nación. Ella misma confirmó la nueva reafirmación de su situación legal en su cuenta de la red X. «Me acusan de cómplice de un delito que no existió. Hubo fraude, renuncia, vacío de poder, huida y violencia de Evo Morales», insiste aunque resulta insólito.
Sobre el filo del Año Nuevo, el Tribunal Constitucional Plurinacional emitió la sentencia 1010/2023 mediante la cual deja sin efecto la reelección indefinida habilitada en 2017 por ese mismo organismo aunque con otros jueces. La medida declara inconstitucional también la reelección no consecutiva. Es decir, luego de la interrupción a través del Golpe de Estado de 2019, y luego el gobierno de Luis Arce, elegido democráticamente mediante el voto ”no existe ninguna inhabilitación contra nuestro expresidente Evo Morales ni impedimento legal –agrega Velasco Rojas-, por el contrario, según la Constitución y la jurisprudencia internacional se encuentra completamente habilitado para ser el candidato para el Bicentenario de Bolivia 2025”.
La Constitución Política del Estado boliviano, en su artículo 168 señala: “El periodo de mandato de la Presidenta o del Presidente y de la Vicepresidenta o del Vicepresidente del Estado es de cinco años, y pueden ser reelectas o reelectos por una sola vez de manera continua”.
El argumento de esta sentencia es curioso, porque responde a otro tema: un Amparo Constitucional presentado por el ciudadano Miguel Ángel Balcazar para paralizar las elecciones judiciales anulando el reglamento de preselección de candidatos a magistrados y exigir el respeto a su “Libertad de Expresión”, que se resolvió a favor de Balcazar en abril de 2023. “Posteriormente, en la etapa de revisión, el TCP incorpora de contrabando en la parte considerativa un párrafo que no guarda relación alguna con el objeto del amparo constitucional, lo que devela la operación que se ejecutó y deja expuesto el servilismo del Órgano Judicial a decisiones políticas”, sostiene Velasco, y agrega: “Es una operación mediática entre el Tribunal Constitucional y el gobierno nacional, que tuvo por objetivo desinformar a la población y medir el nivel de reacción ante una posible medida que intente asumir Luis Arce a través de la Justicia o la vía electoral”.
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