Organizar y construir: la gran tarea del colectivo Atrapamuros

Hace más de una década, la organización Atrapamuros trabaja en seis cárceles de La Plata, Ezeiza y Devoto. Se trata de un colectivo formado por estudiantes y trabajadoras que luchan desde una perspectiva popular y feminista para que se cumplan los derechos de las personas que transitan el encierro punitivo.

“Durante estos años, nuestra intervención en las cárceles ha sido mediante talleres semanales, construidos bajo la perspectiva de la educación popular, el feminismo y en los cuales pretendemos generar espacios de encuentro, aprendizaje y debate grupal”, expresa a Tiempo, Pierina Garófalo, profesora de Historia e integrante del programa de Acompañamiento a Estudiantes Privados/as de Libertad en la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP).

Garófalo explica la importancia de los talleres que ahora están realizándose en forma virtual. “Pretenden la construcción conjunta de herramientas que permitan debatir y transformar las condiciones de vida de las personas detenidas. Ello, de acuerdo al punto de vista de quienes padecen el encierro, que siempre es tan desoído en los procesos penales y de organización colectiva. Nos parece que la universidad pública tiene un rol clave en garantizar el derecho a la educación en cárceles”.

Y agrega, “a partir de nuestro trabajo en el territorio hemos observado cómo la condena no termina al salir en libertad, sino que sigue en el afuera: en la vuelta a la calle donde no hay laburo. Con la dificultad que los antecedentes le suman a esa búsqueda de empleo en condiciones dignas y en la falta de políticas públicas que acompañen la salida en libertad, que se vuelve aún más compleja en el caso de las mujeres”.

La profesora de Historia enfatiza en que esto sucede porque las mujeres vuelven a constituirse como jefas de hogar a cargo de sus familias, “producto de las desigualdades estructurales en el acceso al mercado de trabajo, tienen aún menos posibilidades de empleo porque, en muchos casos, ellas vuelven a contextos de violencia de género, y esto requiere una respuesta estatal integral”.

Por su parte, la licenciada en Comunicación Social, Malena García destaca el rol del movimiento feministas. “Tenemos que potenciar la visibilización de las mujeres detenidas, las liberadas, las familiares. Porque ellas sostienen a sus seres queridos durante la condena. Las que están en arresto domiciliario padecen situaciones muy complejas. En sus historias encontramos muchísimas estrategias de resistencia y lucha que resultan fundamentales para que el feminismo popular argentino siga conquistando derechos”.

En los últimos años desde la organización se inició un trabajo con las personas exdetenidas bajo su propia coordinación, además se impulsaron la creación de cooperativas de trabajo junto a otras organizaciones. “Lo hacemos con las perspectivas de construir herramientas colectivas que garanticen el acceso a los derechos de las personas exdetenidas y sus familiares”, destaca García.

Lo que el coronavirus dejó al descubierto

La licenciada García afirma que la crisis generada por el avance del Cond-19 empeoró la situación de las personas en prisión. “La pandemia en cárceles puso de relieve las condiciones precarias en las que viven las personas privadas de la libertad. En la provincia de Buenos Aires, la sobrepoblación alcanza un 200%, lo cual genera un hacinamiento extremo que empeora las condiciones estructurales de detención”, detalla la licenciada García.

“Hay que considerar no sólo las dificultades para sostener protocolos de distanciamiento, sino también las condiciones precarias de los sistemas de salud en contexto de encierro. La provisión de elementos de higiene y cuidado personal que, junto con la comida, dependen fundamentalmente de las visitas que reciben las personas detenidas por parte de sus familiares”, asegura Garófalo.

La profesora de Historia sigue explicando y subrayando que en este marco. “Desde que comenzó la pandemia hemos manifestado nuestra preocupación por las implicancias que pudiera tener la propagación del virus hacia dentro de los penales. Allí donde conviven en condiciones de hacinamiento, personas con enfermedades crónicas, como el VIH, tuberculosis, mujeres embarazadas y/o con sus hijos/as de hasta cuatro años de edad”.

En este sentido la investigadora García, expone detallando que: “Las medidas de descomprimir las cárceles se tomaron en todo el mundo, con gobiernos de muy diferentes signos políticos. En Estados Unidos hay estados que redujeron hasta un 20% de su población carcelaria. En Brasil 30.000 personas detenidas fueron excarceladas; en Cuba, entre excarcelaciones y medidas alternativas a la prisión son más de 13.000 personas; Francia redujo su población carcelaria en 10.000 personas; Italia hizo lo mismo con más de 6.000 personas”.

“Estas medidas tuvieron como objetivo evitar la propagación del virus en lugares saturados como las cárceles y preservar la salud de las personas detenidas, el personal penitenciario y la sociedad en general. Sin embargo, en Argentina los medios de comunicación utilizaron estas medidas para generar miedo en la población”, agrega García.

La investigadora puntualiza en que: “Estamos en un contexto en el cual el punitivismo se expande. Tanto los cacerolazos contra las prisiones domiciliarias en abril y mayo como los casos de justicia por mano propia, nos muestra que muchos sectores de la sociedad no sólo viven con miedo, sino que creen que este problema se va a solucionar con más castigo”.

“Creemos que el punitivismo es un problema urgente de abordar, porque responsabiliza exclusivamente a los individuos de los delitos; ocultando el carácter social de una acción como delinquir; y por ende nos impide actuar sobre las causas del delito”, asegura García. Y agrega que. “La mayoría de los delitos cometidos por personas de barrios populares son delitos que tienen que ver con la necesidad económica o con la necesidad de consumo. Sin embargo, no son los únicos delitos que existen en la sociedad”.

Una voz editorial

El colectivo edita una revista anual donde se explican y se problematizan distintas cuestiones del encierro punitivo. “Todos los años hacemos la revista Atrapamuros, buscando debatir distintas realidades que forman parte de la cárcel. Con la intención no sólo de disputar algunos sentidos que circulan socialmente en torno a las personas detenidas, sino hacerlo, además, reconociendo la importancia del testimonio y las miradas de esas personas que transitaron la cárcel. Para que sus voces, experiencias y propuestas sean tenidas en cuenta”, relata Garófalo.

Este año la revista va a centrarse en los pabellones trans para darle visibilidad a la situación de las personas travestis, trans y no binaries detenidas, en términos de acceso a derechos. “Y también para reflexionar y debatir sobre la cárcel en tanto institución patriarcal constituida bajo parámetros cisnormativos. Poniendo sobre la mesa el impacto específico que conlleva la prisionización en las personas travestis y trans a la mayor exposición a distintas violencias”, puntualiza la docente.

La revista está confeccionada por la organización y también participan de ella personas detenidas y otras que salen en libertad. Fue declarada de interés cultural y educativo por la Cámara de Diputados bonaerense en 2017 y sus números anteriores pueden leerse en www.atrapamuros.com/revista

Un reclamo por la inclusión

El 7 de julio diputados nacionales del Frente de Todos presentaron nuevamente el Proyecto de derogación del artículo 64 de la Ley de Cooperativas, que había perdido estado parlamentario, dado que el trabajo autogestivo es el que en mayor parte contiene a las personas con antecedentes penales.

“Este artículo hoy impide que las personas con antecedentes penales formen sus propias cooperativas e integren el Consejo Administrativo. Necesitamos políticas de seguridad como estas y que aumenten el presupuesto del Patronato de Liberados”, puntualiza García. Y termina reclamando. “Queremos que se respeten las leyes de cupo laboral para personas detenidas y cuando recuperan la libertad. También que se difunda información contra la discriminación a las pibas y pibes que salen de las cárceles, promoviendo medidas de inclusión social para resolver el problema de la reincidencia en el delito”.