Las organizaciones sociales vuelven a la protesta: «Se acelera el deterioro social y la conflictividad»

El martes 12 de marzo un amplio abanico de organizaciones sociales, gremiales y de la economía popular movilizarán en todo el país. El epicentro de la protesta será el AMBA donde se prevén cortes en los principales accesos a la Capital Federal, siendo el emblemático Puente Pueyrredón la cabecera de la acción.

El bloque de unidad conformado para esta jornada nacional de lucha es amplio y sin precedentes recientes. Uno de sus principales vectores es la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) que contiene a organizaciones numerosas y con alcance nacional como el Movimiento Evita, el Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE), Somos – Barrios de Pie y la Corriente Clasista y Combativa.  

El otro protagonista es el Frente de Lucha Piquetero, encabezado por el Polo Obrero, y que aglutina a la mayor parte de las organizaciones de izquierda que desarrollan frentes territoriales. También se harán presentes organizaciones autonomistas como la Coordinadora por el Cambio Social encabezada por el Frente de Organizaciones en Lucha (FOL), federaciones vinculadas al kirchnerismo como FETRAES y el Frente Milagro Sala, y los frentes barriales de las dos CTA.

“Hay una situación muy crítica en los sectores más humildes, por lo tanto hemos decidido reconstruir un proceso de unidad que nos encuentra a las organizaciones sociales, populares y comunitarias de la Argentina generando una agenda común de lucha para enfrentar este ajuste criminal hacia nuestro pueblo”, comenta Alejandro “Peluca” Gramajo, secretario general de la UTEP.

El gobierno de Javier Milei ha desplegado una política dirigida de hostigamiento, persecución y desarticulación de las organizaciones sociales. Federico Sturzenegger, autor de la fallida Ley Ómnibus, lo blanqueó sin tapujos. “Hay que empobrecer a los grupos de interés”, dijo el asesor del presidente en una charla en la Universidad de Harvard. Habló de “drenarles” los recursos a las organizaciones sociales que ya ven en el actual asesor presidencial y en el ministro de Economía, Luis Caputo, a los cerebros de la confrontación abierta entre el gobierno y los movimientos populares.

La otra ministra señalada es Sandra Pettovello quien encabeza el Ministerio de Capital Humano. “Hemos intentado tener reuniones, pero no obtuvimos ninguna respuesta. Hay funcionarios que vuelan cada dos minutos mientras soportamos la total ignorancia de la ministra y el presidente Milei, que no solo no dan respuesta, sino que mienten diciendo que están solucionando la situación y estamos lejos de que esto sea así”, explica Laura Cibelli, militante del MTE.

La ofensiva contra las organizaciones sociales

El gobierno nacional ha decidido abrir un frente contra las organizaciones sociales. Lo enuncia Milei, lo ejecuta Pettovello y los planifica Caputo. No pocos pasajes del discurso presidencial en el inicio de sesiones legislativas fueron en esa sintonía: “Una sociedad con cifras récord de indigencia y que al mismo tiempo nunca en su historia repartió tanta asistencia social como ahora. Donde buena parte es asistencia funciona como botín de guerra para organizaciones de izquierda que le roban la plata a quienes dicen defender y atenta contra aquellos que la producen”.

La ofensiva no es solo discursiva, también cuenta con un arsenal de informes mediáticos que refieren constantemente a “cajas”, “denuncias” y “curros”. El caso más emblemático fue la operación desatada contra el dirigente político Juan Grabois vinculándolo al manejo del Fondo de Integración Socio Urbana (FISU) y señalando irregularidades en la gestión de la secretaria a cargo, la militante social y catequista Fernanda Miño. El asedio mediático gestado por La Nación + y Clarín fue desmentido públicamente por el nuevo responsable del FISU, Sebastián Pareja, hombre de Milei en la provincia de Buenos Aires que no escatimó en echar flores sobre la gestión de Miño.

Además de discursiva y mediática, la ofensiva del gobierno contra las organizaciones sociales es material y concreta. “Está cortada la asistencia alimentaria en los comedores populares. Son 45 mil los que han dejado de ser asistidos. El Potenciar Trabajo está congelado fue desvinculado de las subas del SMVyM, con lo que el gobierno pretende pulverizar este programa mediante la inflación, además de desarmar la estructura de cooperativas. También hubieron bajas sin motivo, por viajes a países limítrofes o por incompatibilidades inventadas”, sintetiza Eduardo Belliboni, dirigente nacional del Polo Obrero.

Tres problemas urgentes

Hay tres puntos que afectan la vida cotidiana de las organizaciones sociales y de las miles de personas vinculadas a estas: las bajas arbitrarias en el Potenciar Trabajo, la falta de asistencia a comedores y merenderos, y el desfinanciamiento de las obras en barrios populares.

Según informó el propio Milei, en los tres meses que lleva este gobierno de gestión se les canceló el  cobro a 52 mil titulares del Potenciar Trabajo. En marzo se sumó una tanda más de la que todavía no se conoce el número total. El gobierno también altera los días de cobro arbitrariamente, lo que produce escenas de caos y desesperación entre quienes perciben el Salario Social Complementario (nombre real del ingreso recibido por quienes son beneficiaron del programa).

Al día de la fecha hay comedores que ya no tienen que ofrecer, y aquellos que lograron reservar algo solo pueden proyectar dos semanas más. La cartera de Pettovello sostiene que hay “irregularidades” en la entrega y distribución de los alimentos, mientras firma acuerdos con la alianza evangélica ACIERA y Caritas (que igual apuntó contra el gobierno y pidió por la “ayuda necesaria” en comedores).

“La Fiscalía pidió al Ministerio de Capital Humano que informe sobre el proceso de entrega de alimentos a los comedores barriales y si hubo una interrupción en la entrega. La diferencia entre sus denuncias y las nuestras radica fundamentalmente en un hecho no menor: las nuestras son verdad, las suyas falsas”, señaló Juan Grabois en sus redes sociales en el marco de la denuncia que realizó contra la ministra por incumplimiento de sus funciones.

El otro punto nodal son las obras de integración en barrios populares. Por el recorte del FISU, están en riesgo 24 mil puestos de trabajo de cooperativas. El FISU, destinado a realizar obras en los más de 6400 barrios populares de Argentina,  se financiaba con el 9 % del Impuesto País. El 26 de febrero el gobierno emitió el Decreto 193/2024 con el que reorientó el destino de la plata recaudada y redujo los aportes a solo un 0,3 por ciento.

Además peligra la continuidad del Programa Mi Pieza que otorgaba mejoras habitacionales a mujeres en situación de vulnerabilidad. Por otro lado, el programa Potenciar Trabajo también contaba con una línea de pequeñas obras de mejoras de centros comunitarios o extensión de veredas, además de fortalecimiento en herramientas y maquinarias. Todo esto esta frenado.

Las organizaciones sociales comprenden que es momento de mostrar más los dientes, aun sabiendo que esto puede llevar a escenarios de represión en el marco del protocolo impuesto por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. “Es importante construir mucha unidad, construir diques de contención en territorio a partir de la organización comunitaria. En momentos duros como estos brota la solidaridad de nuestro pueblo, pero también la bronca, la organización y la lucha”, reflexiona Gramajo.

Ya se han desarrollado varias medidas. Luego del paro nacional del 24 de enero. El 1 de febrero la UTEP llamo a movilizar a las grandes cadenas de supermercado. La delegación que se acercó a las oficinas de Pettovello fue reprimida luego de que la ministra dijera que atendería solo “a los que tiene hambre”. El 7 de febrero más de 20 cuadras de cola conformaron “la fila del hambre” que no fue atendida por la ministra. El 23 de febrero, ollas populares en diferentes puntos del país comenzaron a esbozar el marco de unidad que el 12 de marzo se hará presente en las calles.

“Con el gobierno nacional no hay dialogo. Aplica un ajuste brutal y no tiene un interlocutor que haya convocado a las organizaciones. Es claro es que un ajuste hacía los que menos tienen. La situación para adelante es gravísima y, de no solucionarse, se va a profundizar el plan de lucha”, agrega Belliboni.

Falta algo, las respuestas. Sobra mucho, la esperanza. Sobra poco, la paciencia.