Aseguran que con esta iniciativa Macri quiere encarcelar a quienes protestan, y que esta decisión va en sintonía con las políticas represivas de Milei. “Este proyecto viola la presunción de inocencia”, denuncian.
El posteo no es casual. Esta semana será debatido el proyecto de ley en la Legislatura, y el Jefe de Gobierno hará lo imposible para que todo su bloque y aliados, aprueben sin titubeos. Según Macri, la aprobación de esta Ley es necesaria «para terminar con la puerta giratoria» y que los porteños «puedan vivir tranquilos y seguros».
En tiempo récord, la Legislatura porteña tratará éste jueves el proyecto de Jorge Macri que modifica el Código Procesal Penal de la Ciudad e incorpora (entre varias medidas punitivas) la iniciativa de «reiterancia delictiva». En ese contexto, varias organizaciones sociales y de derechos humanos, se reúnen este lunes en la Legislatura porteña a las 15, en un encuentro abierto para debatir sobre este tema y pautar los próximos pasos a seguir.
“Desde CELS observamos con mucha preocupación este proyecto de Ley que tiene varios problemas relativos a la flexibilización de garantías en la realización de allanamientos y en la estigmatización de las personas migrantes que puedan ser investigadas por la Comisión de Nuevos Delitos en la ciudad. Pero por sobre todas las cosas introduce una figura nueva, que es la de reiterancia que ya viene siendo problemática en varios ordenamientos jurídicos provinciales”, explica a Tiempo Fabio Vallarelli, abogado del equipo de Política Criminal en el Encierro del CELS (Centro de Estudios Legales y Sociales), uno de los organismos que convocan a este encuentro.
Para el especialista, esta iniciativa de Macri flexibiliza criterios para disponer una prisión preventiva, “sobre la base de que una persona, aunque efectivamente no tenga una condena firme o haya sido juzgada, pueda cometer nuevos delitos. Esto implica, por ejemplo, la posibilidad de que personas que son investigadas por delitos menores, como por ejemplo la resistencia a la autoridad que es una figura que está asociada a los casos de persecución a la protesta social, y que en principio no tendrían una pena de prisión efectiva, ante la acumulación de procesos por la reiterancia, se transforma en un delito de pena de prisión efectiva”.
“Jorge Macri ya tiene el dictamen de su propuesta de modificación del Código Procesal Penal porteño y pretenden votarlo en la próxima sesión de la legislatura este jueves. Esta reforma está a tono con la política punitivista y represiva del Gobierno Nacional”, destaca en diálogo con Tiempo la legisladora porteña Celeste Fierro.
El documento presentado por el propio Ejecutivo local, prevé reformar el Código Procesal Penal de la Ciudad de Buenos Aires y «establecer la reiterancia como causal de prisión preventiva» para que «quien reitera el delito, espera su proceso penal preso». El pasado 15 de mayo, el ministro de Justicia de la Ciudad, Gabino Tapia, se presentó ante las Comisiones de Justicia y Asuntos Constitucionales de la Legislatura para hablar de este proyecto y, en poco menos de cuatro semanas será tratado en el recinto.
“Esto ya existe en otros distritos y está lejos de tener una realidad contra el delito lo que hace es perseguir a dirigentes políticos, sindicales, sociales, manteros, a la juventud; y está claro un objetivo que es el seguir criminalizando la protesta social. El concepto de reiterancia aplica sobre las personas y no sobre el delito”, destaca la diputada y termina: “Además, ataca a las y los migrantes en otros articulados, facilita los ayuntamientos sin orden judicial y viola la presunción de inocencia”.
Como coinciden todas las organizaciones de derechos humanos especializadas en la problemática, la Ley de Reiterancia es una iniciativa polémica perse pero, pero la propuesta que propone el Poder Ejecutivo local, es aún más grave, “ya que se basa en la mera sospecha o peligro de que una persona podría volver a cometer un delito para justificar su prisión preventiva. Es decir, no habla ya de una reiterancia o sea de una persecución penal múltiple, sino de un peligro de reiterancia”, suma Fabio Vallarelli del CELS
Desde el organismo recuerdan que la prisión preventiva es una medida excepcional y limitada mediante la cual una persona, que todavía es inocente porque o no fue juzgada o no tiene una condena firme, puede ser encarcelada de manera anticipada.
“Esta medida tiene por única finalidad asegurar el desarrollo del proceso penal cuando existe un peligro cierto y acreditado de que el imputado puede fugarse o puede entorpecer el proceso por ejemplo destruyendo o manipulando evidencia. Lo que propone el proyecto atenta en este sentido contra la constitución, es la medida en la que vulnera el principio de inocencia y le otorga a la prisión preventiva y a los jueces penales una tarea que no tienen y que le corresponde al diseño de las políticas de seguridad que es la prevención de nuevos delitos”, agregan.
“El derecho penal actúa frente a casos concretos, cuando los presuntos delitos ya ocurrieron, no puede anticiparse a esto ni tiene la prerrogativa de encerrar gente porque sí”, finalizan.
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