Organismos de DD HH de Tucumán se oponen a la designación de un juez defensor de genocidas

Los organismos de Derechos Humanos impugnaron la candidatura de Maggio el 2 de marzo ante la Comisión de Peticiones y Acuerdos de la legislatura, pero no fueron escuchados: con 32 votos a favor, todos del oficialismo, fue designado este miércoles como nuevo Juez de Instrucción de la II Nominación de la Capital. Cumplido el trámite legislativo, será la Corte Suprema de Justicia de Tucumán quien definirá si avanza su nombramiento.

La critica de los organismos apunta a su rol como defensor de criminales de lesa humanidad, lo que le valió el respaldo de la Asociación de Abogados por la Justicia y la Concordia, organización de letrados defensores del terrorismo de Estado.

También remarcaron que el abogado está asociado al estudio Saint Jean, Maggio & Peña Rovirosa, “cuyo socio principal es Ricardo Saint Jean, hijo de Ibérico Saint Jean, ex gobernador de facto de la Provincia de Buenos Aires”, señalaron en la impugnación. Y recordaron que Saint Jean hijo es parte activa del grupo de abogados por la Concordia, quienes apoyaron calurosamente a Maggio, cuando se vio obligado a renunciar como abogado de la Fiscalía de Estado en Tucumán

La impugnación lleva las firmas de Sara Amrad, por Madres de Plaza de Mayo; de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH Tucumán); de Marta Rondoletto por la Fundacion Memorias e Identidades; de Lilian Reynaga, presidenta de la Asociación de ex presos políticos de Tucumán; HIJOS Tucumán y de ANDHES (Abogados y Abogadas del NOA en Derechos Humanos y Estudios Sociales), entre otros.

El pliego fue enviado por el gobernador Luis Manzur, que el año pasado ya había intentado nombrar juez al letrado pero decidió retirarlo tras un pedido de los organismos y de la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto. La referente de Derechos Humanos había señalado el rol de Maggio como abogado defensor de imputados de delitos de lesa humanidad en la última dictadura.

En el texto entregado a la legisladora Sandra Mendoza el 2 de marzo pasado, los organismos remarcaron que “El señor Maggio, radicado en nuestra provincia desde el año 2009, viene desde el 2012 de manera activa, desempeñándose como defensor de personas imputadas en crímenes de lesa

humanidad en la provincia de Tucumán”, escribieron. Y precisaron que fue defensor de por lo menos seis represores, entre ellos los condenados Carlos Trucco y Miguel Chuchuy Linares, ambos integrantes de grupos de tareas de la dictadura.

“Pero más allá de que todos tenemos derecho a una defensa en juicio, Maggio tuvo actitudes claras de entorpecimiento con cuestiones dilatorias en los juicios, tuvo veladamente intenciones de instalar la teoría de los dos demonios con preguntas hacia los testigos y actitudes de revictimización: era totalmente hostil con los testigos”, recordó Alejandra García Araoz, de la APDH Tucumán.

En el texto también señalaron el retroceso de las políticas de Memoria Verdad y Justicia y puntualizaron el fallido intento de aplicación de la Ley de 2×1 para los genocidas. En ese camino apuntaron que Maggio fue el primer abogado defensor de la provincia de Tucumán que echó mano a ese recurso para lograr la libertad de uno de sus clientes, mientras todas las plazas del país desbordaban de ciudadanos que repudiaban y rechazaban la decisión de la Corte Suprema.

“Esto es un aspecto más, que afianza nuestra posición con relación a la incorporación del abogado Maggio como Juez de nuestra provincia”, concluyeron.

Expulsados de la Legislatura

Con un comunicado, esos mismos organismos y militantes de DD.HH de Tucumán denunciaron el miércoles que fueron expulsados de la Legislatura de Tucumán cuando se presentaron para pedir una audiencia con su presidente, el vicegobernador Osvaldo Jaldo, ante el tratamiento inminente de la candidatura del abogado Maggio.

Tres integrantes de los organismos, la Madre de Plaza de Mayo Sara Amrad; el hijo de desaparecidos Miguel Sosa y la familiar de desaparecidos, Marta Rondoletto, concurrieron con otros familiares y referentes de DD.HH para reunirse con Jaldo. Sin embargo, fueron expulsados por personal de seguridad.

Además, denunciaron que Rondoletto fue retenida por dos oficiales de policía en una oficina dentro de la legislatura en la que le tomaron datos personales, sus números de teléfono y mail. “Que nos hayan expulsado de la Legislatura no tiene nada que ver con los valores democráticos”, se quejó García Aráoz.

El pliego de Maggio, impulsado por el Ejecutivo provincial fue votado este jueves en una sesión cerrada, y con una movilización de lo organismos de derechos humanos y  organizaciones políticas protestando en la puerta.