La jueza María Servini investiga si hubo algún tipo de maniobra ilegal contra el grupo Indalo durante el gobierno de Cambiemos.
“Las diligencias aquí ordenadas permitirán contribuir al avance de la investigación, en aras de descubrir la verdad”, sostuvo la magistrada. La jueza a cargo de la investigación iniciada por una denuncia del empresario Fabián De Sousa agregó además la necesidad de “recalcar” que, en lo que va de la pesquisa, “todas las reuniones, como así también las comunicaciones” denunciadas entre imputados “fueron ratificadas a lo largo del expediente por diferentes personas”.
Servini ordenó que en primer lugar se requiera los números telefónicos registrados a nombre de Macri, José María Torello, Nicolás Caputo, Fabián Rodríguez Simón, Mario Quintana, Javier Iguacel, Alberto Abad, Leandro Cuccioli, Martín Rappallini, Orlando Terranova e Ignacio Rosner entre enero de 2016 y agosto de 2019.
Posteriormente solicitó los “registros de comunicaciones con activación de celdas en el período comprendido entre el 1 de enero de 2016 y 31 de agosto de 2019”.
Con toda esta información se “deberá realizar un estudio temporal/espacial con el objeto de identificar el entramado de las comunicaciones de los abonados” y “sus interlocutores (comunes, frecuentes y los que surjan de los informes”, y entrecruzarlos además con los teléfonos de quienes habrían recibido llamados vinculados a la situación del Grupo Indalo.
En la resolución, la jueza aludió sobre todo a comunicaciones a partir de eventos determinados que se iniciaron el 13 de marzo de 2016 con la publicación de una nota periodística sobre la “supuesta deuda de Oil Combustibles SA con el Fisco Nacional”.
También, mencionó la denuncia de la ex diputada Elisa Carrió en la fiscalía federal 11 contra Oil Combustibles el 16 de marzo de 2016, un viaje de Macri a los Esteros del Iberá el 1 de septiembre de 2017, envíos de correos electrónicos, ingresos a la Casa Rosada, las detenciones de los dueños de Oil Combustibles, Cristóbal López y Fabián De Sousa y la resolución de la Cámara Federal porteña que revocó sus prisiones preventivas el 16 de marzo de 2018, entre otras fechas a relevar.
La magistrada solicitó “las titularidades de los interlocutores no comunes ni frecuentes que surjan a partir de los eventos indicados”.
También, pidió al juez federal de Lomas de Zamora Juan Pablo Auge “a la mayor brevedad posible”, una amplia certificación de la causa por espionaje ilegal a su cargo en lo referido a ilícitos de los que haya sido víctima el empresario De Sousa.
En la causa hay un pedido de citación a declaración indagatoria contra el ex titular de AFIP Abad hecho por el fiscal del caso Guillermo Marijuán la semana pasada y sobre el cual la magistrada aún no resolvió.
La investigación se abrió por denuncia de De Sousa y se centra en la “presunta existencia de actos llevados a cabo por funcionarios públicos, desde las altas esferas del Poder Ejecutivo Nacional -encabezado por Mauricio Macri- o a instancias de aquellos que, mediante hostigamiento y ahogo financiero para con las empresas del Grupo Indalo, habrían importado casos de corrupción a través de los cuales, con abuso funcional y desvío de intereses, habrían producido perjuicios económicos tanto a particulares, como al patrimonio nacional, con el objetivo de llevar al derrumbe de las empresas integrantes de aquel grupo para su liquidación y venta a precio vil”, según la acusación.
Esto se habría hecho “presuntamente en beneficio de intereses empresarios afines” al gobierno de Macri, según se recordó sobre la denuncia en la resolución.
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