Un nuevo y gran endeudamiento externo

El Banco Central ha informado el “Inicio de la fase 3 del Programa Económico con flexibilización cambiaria y flotación entre bandas”. Tal es el título del comunicado. Un cambio de políticas anunciado luego por el ministro de Economía.

Dicha reforma se sustenta, según definió la autoridad monetaria, en “el saneamiento del balance del BCRA” que “permite avanzar en levantar el cepo”. “Cepo”, una palabra negativa aplicada a la administración de la moneda extranjera, una regulación que es absolutamente necesaria en nuestro país, que ha tenido una historia de déficits de divisas. Una debilidad que no se va a resolver con el fomento de las actividades extractivas, y un desdén hacia las actividades manufactureras, como promueve este gobierno.

Menos industria argentina, además de más desempleo, genera más importaciones que incrementan la debilidad cambiaria. La solución es al revés: con manufacturas competitivas y nuevos sectores de servicios, centrados en ciencia y tecnología, con lo que, en un largo proceso de desarrollo, nuestro país podrá equilibrar su balance cambiario.

La decisión está sustentada por una significativa ampliación del endeudamiento internacional: el Gobierno anunció que de los U$S 20.000 millones del crédito con el FMI, U$S 15.000 millones “constituyen desembolsos de libre disponibilidad”. También se comunicaron desembolsos de organismos internacionales (BID, BIRF y otros) por unos U$S 6100 millones. El esquema se completa con la negociación con bancos internacionales para ampliar la facilidad del REPO ya existente por U$S 2000 millones. En resumen, un total de U$S 23.100 millones que llegarán a las arcas oficiales, una gran parte, U$S 19.600 millones, ingresarán antes de junio, un plazo que casualmente resulta anterior a las elecciones nacionales de octubre. Sin duda, un enorme incremento de deuda pública externa, que subordinará a nuestro país por años.

Todo este endeudamiento, hecho para resolver un esquema financiero y cambiario que ya estaba dando más que evidentes signos de agotamiento, en gran parte ofrecido al altar de la baja inflación (debilidad que ratificó, entre otras variables, el 3,7% del IPC Nacional de marzo).

La “flexibilización cambiaria” consiste en mutar a un régimen de “flotación cambiaria dentro de bandas” partiendo de un piso de $ 1000 por dólar (el tipo de cambio oficial del 11 de abril cerró en $ 1078) y un techo de $ 1400. Según define el BCRA “dentro de las bandas, el tipo de cambio fluctuará libremente en función de las fuerzas de la oferta y la demanda”.

El avance en el desmantelamiento del “cepo” incluye la eliminación de todo tipo de restricciones de compra de divisas a las personas humanas (aunque se continuarán aplicando las percepciones impositivas sobre el turismo y los pagos con tarjeta de crédito).

Para las personas jurídicas, se eliminan las restricciones para los pagos de intereses y los pagos de dividendos desde el 1º de enero de este año. Sobre los pagos acumulados por los mismos conceptos pero previos a la fecha mencionada, y que no se han realizado por las restricciones anteriores, el BCRA está trabajando en una nueva serie de Bopreales.

Yendo al sector productivo, y analizando cómo impactarán en éste las nuevas medidas, en el caso de las exportaciones se elimina el “dólar blend” (80% por el mercado oficial y 20% por CCL) que al viernes cotizaba en $ 1130,5. Si los exportadores presionaban al alza sobre el CCL para obtener una mayor rentabilidad, ¿seguirá esa presión sobre el nuevo tipo de cambio oficial que flotará entre bandas? En las próximas semanas se sabrá la respuesta.

En el caso de las nuevas importaciones, adelantan el pago de las mismas, en distintos regímenes. Esto, más allá de presionar a las Reservas Internacionales, es un incentivo más para la importación de bienes (especialmente a partir de las recientes liberaciones a sectores como textiles e indumentaria, autos y agroquímicos, entre otros). Además del negativo impacto sobre la industria nacional, también hay una gran posibilidad de que con el nuevo régimen cambiario aumenten los precios, aunque podrían llegar a ser frenados, en parte, por la recesión, mayor desocupación y mayor caída aún en el poder de compra. Nada para festejar.

El gobierno dice con orgullo que el FMI no pone condiciones porque hizo más ajuste del solicitado. Intenta transformar el ajuste en un valor, a diferencia de otros gobiernos de sesgo neoliberal.

Pero los condicionamientos son claros en el comunicado del Fondo, que incluye declaraciones de Kristalina Georgieva, quien expresó: “El programa se centra en fortalecer la calidad y la durabilidad del ancla fiscal. Esto se verá respaldado por la disciplina de gasto en curso, las medidas de eficiencia y las reformas bien secuenciadas de los sistemas tributario, de coparticipación en los ingresos y de pensiones” para luego indicar el “vasto potencial en energía y minería” de nuestro país. Vienen por las reformas previsional y laboral, además de nuestros recursos naturales.

No hay soluciones financieras para los problemas económicos. Más allá de cómo evolucione esta “fase 3” con flotación entre bandas, liberalización de los flujos en divisas y de las importaciones, y si ello les permitiera llegar con cierto aliento a las elecciones, se terminará con mayor ajuste aún y en un empeoramiento de las condiciones de vida de la ciudadanía. Como comenté reiteradamente, el problema de Argentina es de modelo. Sobre este modelo que se está implementando, en nuestra historia reciente ya tenemos sobradas muestras de cómo termina. Y por si quedaran dudas, allí está, dando vueltas hoy en las redes sociales, la tapa del 27 de septiembre de 2018 de un diario, cuyo título reza “El FMI adelanta US$ 18.800 millones a Macri y el dólar flotará entre bandas”.

Más inflación y más penurias

Los precios registraron en marzo un aumento del 3,7% (IPC Nacional), muy por encima del 2,4% de febrero.

El dato es contundente en cuanto refleja que, en lugar de desacelerarse, los precios se escapan. Es una dura noticia para el gobierno dado que todas sus políticas están enfocadas en terminar con la inflación. Pero, sobre todas las cosas, el dato es pésimo para la ciudadanía, ya que continúa erosionándose el poder de compra: el ingreso alcanza para comprar cada vez menos alimentos, medicamentos, ropa, etc.

Los alimentos y bebidas no alcohólicas, el rubro de mayor incidencia en el índice, subieron en marzo un 5,9%. A su vez, crecieron los valores en los distintos agrupamientos que utiliza el Indec, desde los precios estacionales, hasta los regulados y la denominada inflación núcleo, es decir, que no es un comportamiento puntual sino generalizado.

Dado el peso de los consumos de la población, ha subido significativamente la canasta básica alimentaria, que establece la línea de indigencia (+5,9%) y la canasta básica total, que determina el nivel por debajo del cual se es pobre (+4%). La realidad queda expuesta en la calle y también en las estadísticas.

En su intervención del viernes, el Presidente indicó sobre los aumentos de precios: “Lamentablemente estos son los efectos de la aberración de la ley Guzmán, que nos obligó a ir al Congreso a pedir autorización para aprobar este acuerdo con el Fondo”. No parece que el tratamiento exprés del DNU en Diputados, con el consiguiente debilitamiento de las instituciones republicanas, pueda haber explicado en modo alguno lo que pasó con los precios.

La motosierra, el superávit fiscal y la restricción monetaria no han generado las mejoras prometidas por el gobierno a los argentinos y las argentinas. La inflación, parece obvio a esta altura decirlo, obedece a múltiples causas, a diferencia de lo que intenta hacer creer el relato libertario. Una de las causas, además de la puja distributiva (ahora encubierta bajo el nombre de “cambio de precios relativos”), tiene que ver con la evolución y las expectativas sobre el tipo de cambio y las reformas en las políticas del Gobierno, ya expresadas en esta nota. «