«No necesito que me llame la gobernadora; necesito seguridad»

Carlos y Nélida Alcaraz se fueron de su casa porque tenían miedo. Un tiempo después, la fatalidad les dio la razón. «Hace dos años –cuenta ella– nos mudamos a Corrientes con nuestros hijos más chicos porque el barrio se había puesto peligroso. Nos dábamos cuenta de que ya no podíamos criarlos como hicimos con los más grandes. Estuvimos 40 años en el barrio y vimos cómo se puso. Perdimos hasta la libertad. Acá tenemos que vivir enrejados».

Los hijos más grandes de Carlos y Nélida, los que se criaron en las calles de Virrey del Pino, en La Matanza profunda, son Jacqueline, de 36 años; Giselle, de 34; y Leandro, que tenía 26 cuando fue asesinado el domingo pasado, mientras manejaba el interno 103 de la línea de colectivos 620.

El hecho –una ejecución con dos tiros luego de discutir con un pasajero porque no tenía la tarjeta SUBE para pagar el viaje– conmocionó a los compañeros de Leandro, que paralizaron el transporte de la zona oeste y exigieron al gremio un paro nacional. El caso acaparó la atención de los medios y de los políticos, apurados en esquivar responsabilidades. La misma urgencia que mostró la justicia para encarcelar a tres jóvenes –uno de ellos, el menor, ya fue liberado– que insisten en denunciar que fueron obligados por la policía a autoinculparse.

«La verdad es que no sabemos si son los verdaderos culpables porque no hay pruebas concretas ni están todos los testigos», remarca Nélida.

Giselle: –El miedo de la familia es que hayan agarrado a perejiles y no a los verdaderos asesinos.

Jacqueline: –Nos llamó mucho la atención que aparezcan detenidos tan de golpe, siendo que hay varios chicos con esos perfiles. Eso crea dudas. Les pedimos a los testigos que se presenten porque es lo único que nos va a ayudar. Con lo que hay (en la causa) hasta ahora no alcanza.

–¿Qué sintieron cuando la ministra de Seguridad Patricia Bullrich sugirió que el crimen de Leandro no era un caso de inseguridad?

Nélida: –¿Les parece que la muerte de mi hijo puede llegar a ser una interna gremial? Eso que dijo me indigna. ¿Ella no es madre?

J: –No nos extraña que diga eso. Nosotros en La Matanza sabemos quiénes son nuestros representantes. La única que llamó a mi mamá fue la intendenta (Verónica) Magario.

N: –Hablé con ella, pero nada político, sino de madre a madre, porque no quiero que hagan política con lo de mi hijo. Yo no necesito el saludo de la gobernadora (María Eugenia Vidal); lo que yo necesito es seguridad. Pero ni siquiera un representante de ella se comunicó con nosotros. Eso me indigna porque ella es madre; me da mucha bronca que sea tan caradura, porque todos son responsables, desde el presidente para abajo, de la inseguridad que vivimos. Ellos nos tienen que cuidar. A mí qué me importa que ahora pongan cámaras si a mi hijo ya no lo tengo.

–¿Sienten que los dejaron solos?

N: –¿Qué está haciendo la ministra de Seguridad? ¿Y qué hace el señor presidente? Él vive en una cajita de música, sólo le importa el cuidado de su familia. Pero a nosotros, ¿quién nos cuida? Yo quiero llegar hasta el presidente, pero no para ver su cara, sino para decirle que yo tenía una vida tranquila y que todo lo que pasó nos desbordó. Quiero que alguien nos ayude. Queremos volver a tener un poco de fe. Necesitamos que lo de Leandro tenga un cierre. Queremos a los verdaderos culpables presos.

Un padre protector

A Leandro, cuenta la familia, el volante lo fascinaba desde chico. Manejó un tiempo un remís hasta que hace tres años entró como chofer en la línea 620. Cada vez que podía sumaba horas extra para terminar su casa. Era esposo –de Jésica– y padre de una nena que acaba de cumplir tres años.

«Era muy pegado a la familia –recuerda Nélida–, siempre nos cuidaba y estaba atento a todo lo que necesitábamos. Como padre era muy protector. Decía que la hija era su princesa. Cuando pienso que ya no está, siento bronca e impotencia. Su esposa también está destrozada, pero en vez de hacer nuestro proceso, de atravesar nuestro dolor, tenemos que estar moviéndonos para conseguir testigos y que la causa avance».

–¿A Leandro le preocupaba la inseguridad? ¿Les comentó alguna vez si sentía miedo?

J: –Justo estos días estuve mirando el perfil de mi hermano en Facebook, y encontré un posteo suyo que hablaba sobre un caso en Cañuelas donde los delincuentes habían asaltado a un chofer y después prendieron fuego el colectivo. Él compartía todas esas noticias porque le preocupaba el tema y quería que la gente supiera lo que estaba pasando. «

Sin acuerdo por las cámaras de vigilancia en colectivos

Horas después del crimen de Leandro Alcaraz, la gobernadora Vidal recibió a representantes de la Unión Tranviarios Automotor y de las cámaras empresariales de colectivos con la idea de mejorar la seguridad de los choferes. Se hizo foco en reforzar la presencia de la Bonaerense y Gendarmería en lugares considerados calientes del Conurbano, pero sobre todo se abordó la posibilidad de instalar cámaras de seguridad en las unidades.

Este último punto está pendiente desde fines de 2016, cuando se sancionó la Ley 14.897, que estipula que todas los colectivos que circulan por territorio bonaerense deben contar con dispositivos que registren todo lo que sucede en el interior de las unidades. Pero la medida nunca pudo llevarse adelante porque el costo de la colocación corría por cuenta de los empresarios.

Vidal estuvo acompañada por su ministro de Seguridad, Cristian Ritondo, y el de Infraestructura, Roberto Gigante. Además, estuvo presente el presidente del Banco Provincia, Juan Curuchet, clave para que la gobernación ofreciera créditos blandos a cuatro años para que los empresarios puedan instalar las cámaras. Trascendió que el gobierno de Vidal planea que haya dispositivos en unas 5000 unidades provinciales y 4000 municipales. Sin embargo, Tiempo pudo saber que los empresarios tampoco estarían dispuestos a endeudarse para adquirir y colocar los aparatos.

«Tenemos una estructura de costos aprobada por el Estado. Hasta que no se incorporen otras formas de generar ingresos no podemos hacer nuevas inversiones, así fuera en cómodas cuotas. Las empresas no se pueden hacer cargo de esto», confiaron desde la Cámara Empresaria de Autotransporte de Pasajeros.

En la Ciudad, 1000 colectivos ya están monitoreados por cámaras de seguridad. «El costo lo asumió el Ministro de Seguridad porteño. ¿Por qué en Provincia deben pagarlo las empresas?», se preguntó la fuente. Comprar e instalar cada equipo les costaría entre 2500 y 7500 dólares por colectivo.

Tres detenidos, uno liberado

El último detenido por el crimen de Leandro Alcaraz aseguró ante la Justicia que al momento del hecho estaba jugando un torneo de fútbol barrial y que tiene pruebas para demostrarlo.

Juan Alfonzo Gauto, el joven paraguayo de 24 años, fue indagado por el fiscal del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil Emilio Spatafora y el juez de Garantías Rubén Ochipinti, quienes le imputan el homicidio del chofer junto al otro detenido que quedó en el expediente, Jonathan Acevedo, de 18.

Asistido por el defensor oficial, Gauto relató que trabaja como albañil pero que el domingo, cuando se produjo el homicidio, se encontraba en la cancha de San Pedro, ubicada a seis cuadras de la escena del crimen.

Según el imputado, como se trata de un campeonato con varios equipos, su presencia en el lugar quedó registrada en una «planilla» donde consta su «nombre, documento y firma», y que esta fue elaborada por el organizador del torneo, apodado «El Chino».

Gauto reconoció además que conoce a Acevedo, alias «El Viejo», pero que no es amigo y que lo vio por última vez el sábado por la noche en la plaza de San Pedro, junto a otras diez personas.

La investigación por el crimen del chofer llegó a tener tres sospechosos detenidos. Sin embargo, uno de ellos, menor de edad, fue liberado el viernes, luego de que el fiscal considerara que no había pruebas en su contra.

Durante la semana, el episodio fue motivo de diversos cruces entres políticos. El martes, en conferencia de prensa, la intendenta de La Matanza Verónica Magario responsabilizó a la gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, por la inseguridad en su distrito. Al día siguiente, la ministra de Seguridad Patricia Bullrich le respondió que efectivos de la Policía Federal, Prefectura, Gendarmería y todas las fuerzas federales están en todo el Conurbano y les pidió a los intendentes «trabajar en forma conjunta para solucionar el problema de la gente».